La prevención y eliminación de esta extendida y persistente pandemia es un objetivo urgente de la Década de acción para el logro de la igualdad sustantiva de género y la sociedad del cuidado en América Latina y el Caribe, señala el organismo regional de las Naciones Unidas.

En 2024, al menos 3.828 mujeres fueron víctimas de femicidio, feminicidio o muerte violenta por razón de género[1] en 26 países y territorios de la región (3.814 en 17 países de América Latina y 14 en 9 países y territorios del Caribe), según los últimos datos oficiales informados al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Esto representa, por lo menos, 11 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día y un total acumulado de al menos 19.254 feminicidios en los últimos cinco años en la región.

El Boletín N°4 - Violencia feminicida en cifras. Hacia la igualdad sustantiva y la sociedad del cuidado: actuar con sentido de urgencia para garantizar a las mujeres y las niñas una vida libre de violencia, difundido hoy por el OIG, se inscribe en la Campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres que impulsa el Secretario General de las Naciones Unidas y cuyo lema de este año es ”Poner fin a la violencia digital contra todas las mujeres y niñas”.

En el Boletín, publicado en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre y da inicio a 16 días de activismo, la CEPAL aclara que no es posible hacer comparaciones regionales debido a que cada año un número distinto de países reporta información oficial. No obstante, el seguimiento en el tiempo de los datos nacionales muestra con claridad que “la violencia feminicida persiste en la región y afecta a la vida de miles de mujeres y niñas, impacta a las comunidades y limita el desarrollo, la igualdad y la paz en los países”. 

De los 17 países de América Latina con información disponible sobre feminicidio o femicidio en 2024, 12 registraron una tasa igual o superior a 1 víctima por cada 100.000 mujeres. Las tasas más elevadas se observan en Honduras (4,3 casos por cada 100.000 mujeres), Guatemala (1,9 casos por cada 100.000 mujeres) y República Dominicana (1,5 casos por cada 100.000 mujeres), seguidos por Puerto Rico, Cuba y Bolivia (todos con una tasa de 1,4 casos por cada 100.000 mujeres). Chile presentó la tasa más baja: 0,4 casos por cada 100.000 mujeres.  

En el Caribe, de los 9 países que informaron a la CEPAL, solo Suriname, Jamaica, Barbados, Belice, Granada y San Vicente y las Granadinas registraron casos en 2024. 

En la región, la mayoría de las muertes violentas de mujeres son perpetradas por las parejas o exparejas de las víctimas.

“Seguimos observando niveles inaceptables de violencia por razón de género contra las mujeres y niñas en América Latina y el Caribe, incluida su expresión más extrema: el feminicidio. La violencia feminicida persiste como una grave y extendida vulneración de los derechos humanos de las mujeres y niñas en la región. La prevención y eliminación del feminicidio no es un asunto circunscrito a la seguridad pública, sino un objetivo urgente de la Década de acción para el logro de la igualdad sustantiva de género y la sociedad del cuidado”, señaló José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en referencia al acuerdo establecido en el Compromiso de Tlatelolco, aprobado en la XVI Conferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe en agosto en México.

Los datos de 2024 muestran que el feminicidio es la expresión más extrema de un continuo de violencias que afectan a las mujeres en todos los ámbitos de su vida. En 2024, 14 países registraron 5.502 femicidios frustrados, lo que evidencia la progresión de conductas violentas que pueden culminar en el asesinato, y confirma la importancia de fortalecer los sistemas de alerta, la valoración del riesgo de sufrir violencia letal y la respuesta institucional oportuna para prevenir todas las formas de violencia feminicida. Fortalecer el acceso a la justicia y mejorar las respuestas institucionales es esencial para prevenir la violencia por razón de género. La persistencia de estos crímenes en la región nos exige respuestas oportunas y acelerar las transformaciones necesarias con sentido de urgencia, plantea la CEPAL.

Según información proporcionada en 2024 por 8 países (Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, México y Uruguay), la mayor incidencia de feminicidios se concentra en el grupo de mujeres de 30 a 44 años (29,2%), seguido por el de las adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años (28%). No obstante, la violencia feminicida amenaza a las mujeres de todas las edades. En los mismos países, en 2024, se registraron 78 casos de feminicidios de niñas menores de 14 años, y 89 de mujeres mayores de 60 años. 

De igual forma, en 2024 se contabilizaron 587 víctimas indirectas de feminicidio en los 10 países que proveen esta información. Se trata de hijos, hijas y otras personas dependientes de las víctimas.

Sobre el tema de la Campaña ÚNETE 2025, la CEPAL asegura que la región registra avances normativos para enfrentar la violencia en el ámbito digital contra mujeres y niñas, la cual incluye un amplio espectro de conductas: desde el ciberacoso, la divulgación no autorizada de imágenes íntimas y el acceso ilegal a información personal, hasta la violencia y el acoso político que afecta especialmente a las mujeres que desempeñan cargos públicos y roles de liderazgo, entre ellas, defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas. 

En la actualidad, todos los países y territorios de América Latina y el Caribe cuentan con leyes para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres -principalmente en la esfera familiar-, mientras que 14 países han avanzado con leyes integrales que permiten abordar manifestaciones de violencia por razón de género contra mujeres y niñas en los distintos ámbitos en que se produce.

En América Latina, 20 países han incorporado el delito de feminicidio, femicidio u homicidio de mujeres por razón de género en sus ordenamientos jurídicos. En algunos casos se lo ha tipificado como delito penal específico (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela). En otros, como Argentina, Cuba y Puerto Rico, se lo ha incorporado como circunstancia agravante del homicidio.

Por otro lado, 16 países han avanzado en normatividad para eliminar la práctica nociva del matrimonio infantil en la legislación (Antigua y Barbuda, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Trinidad y Tabago). 

Finalmente, la CEPAL insta a avanzar en al menos tres ámbitos para cumplir con los compromisos regionales e internacionales, alcanzar la igualdad sustantiva y garantizar el derecho de las mujeres, las adolescentes y las niñas a una vida libre de violencia y discriminación. Estos son: marco normativo, institucionalidad, participación y fortalecimiento de capacidades estatales; financiamiento y cooperación; y sistemas de información, comunicación, tecnología, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.

La década de acción establecida en el Compromiso de Tlatelolco exige políticas urgentes, integrales, intersectoriales y financiadas que aborden el continuo de violencia —incluidas la violencia sexual y en el ámbito digital y las prácticas nocivas como los matrimonios infantiles— y que permitan reducir el riesgo letal. Legislar y aplicar con rigor, proteger y reparar de manera efectiva, transformar normas y medir con calidad constituyen pilares complementarios para garantizar el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia y para construir la sociedad del cuidado en América Latina y el Caribe, subraya el Boletín.

[1] Las diferentes expresiones corresponden a las distintas denominaciones legales de este delito en los países de la región.