Autoridades y expertos urgen a una acción colectiva global para financiar el desarrollo

Ministros y altos funcionarios de América Latina y el Caribe, junto al Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, coincidieron hoy, durante un evento celebrado en Addis Abeba, en la necesidad de una acción colectiva global para financiar un desarrollo sostenible e inclusivo, en un marco como el de las Naciones Unidas, donde todas las voces sean escuchadas.

El encuentro, dedicado a analizar la movilización doméstica de recursos y la gobernanza financiera internacional desde la perspectiva de países de ingreso medio y pequeños Estados insulares en desarrollo, fue organizado por la CEPAL junto a los Gobiernos de Chile y de Colombia y se celebró en un hotel de la capital etíope, en el marco de la Tercera Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo que se desarrolla en esa ciudad del 13 al 16 de julio.

“Necesitamos un acuerdo global discutido en el marco de una institución internacional donde todos pueden ser escuchados, como son las Naciones Unidas”, señaló Joseph Stiglitz, quien valoró el documento de la CEPAL que resume los diez mensajes clave de la consulta regional sobre este tema que se realizó el pasado marzo en Santiago de Chile con la participación de los países de América Latina y el Caribe.

Con relación al financiamiento, el Premio Nobel de Economía indicó que el problema no es la falta de liquidez, sino que ésta no se canaliza hacia la inversión. Agregó que los países desarrollados no suelen cumplir con sus compromisos de ayuda oficial al desarrollo (AOD) y en ocasiones tratan de evitar que los Estados en desarrollo aprueben regulaciones sobre los mecanismos de tributación de la inversión extranjera directa (IED). Sobre ésta, indicó que no es tan estable como se cree y está muy concentrada en terminados sectores y países.

“Requerimos con urgencia mayor transparencia, reciprocidad y cooperación internacional en los ámbitos fiscales y tributarios”, para efectos de potenciar la movilización doméstica de recursos, señaló la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL. Alicia Bárcena remarcó la necesidad de combatir los flujos ilícitos que se generan en la evasión tributaria de empresas transnacionales y nacionales. Según Global Financial Integrity (2014), los flujos ilícitos que salen de América Latina y el Caribe sobrepasan los 150.000 millones de dólares.

En el debate también se analizó la propuesta de la CEPAL, presentada por Alicia Bárcena, para que las instituciones internacionales acreedoras condonen la deuda pública externa multilateral de los países del Caribe anglófono, contraída en gran parte debido a los desastres naturales que han afectado a la zona en los últimos veinticinco años. Los recursos que se liberen deben alimentar un fondo de resiliencia que apoye el financiamiento de medidas de mitigación y adaptación del cambio climático.

Peter Phillips, Ministro de Hacienda de Jamaica, y Darcy Boyce, Ministro de Estado en la Oficina del Primer Ministro de Barbados, subrayaron las limitaciones fiscales a las que hacen frente los países del Caribe anglófono debido a la carga de la deuda externa, al descenso de los ingresos procedentes del turismo y a la caída de la IED.

“Necesitamos un acuerdo internacional. Esperamos que en Addis Abeba podamos dar inicio a un marco general de políticas fiscales”, apuntó Peter Phillips. “Es necesario llevar este debate al seno de las Naciones Unidas”, indicó por su parte Darcy Boyce.

En el debate también participaron Andrés Escobar, Viceministro Técnico de Hacienda y Crédito Público de Colombia; Eduardo Trejos, Viceministro Administrativo de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica; Jeannette Sánchez, asesora de la Vicepresidencia de Ecuador, y Eduardo Gálvez, Director de la Dirección General Adjunta para Asuntos Multilaterales y Globales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

En sus intervenciones plantearon diversas ideas e iniciativas relacionadas con reformas tributarias para aumentar los ingresos fiscales, en especial a través de impuestos aplicados a la explotación de los recursos naturales, así como con alianzas público-privadas y con la colaboración de bancos de desarrollo, todo ello con el foco en incrementar las inversiones en infraestructuras, educación y salud en los países de la región.