Un nuevo estudio publicado por CEPAL analiza cómo ha evolucionado este modelo empresarial en la región, revisa las normativas vigentes y recoge las principales preocupaciones de los actores que integran su ecosistema.

Las sociedades de beneficio e interés colectivo, también llamadas "sociedades BIC", han proliferado en América Latina durante los últimos años, consolidándose como un nuevo paradigma empresarial que busca ir más allá de la mera rentabilidad y buscando realizad un impacto positivo en la sociedad, la economía y el medioambiente.

Un nuevo estudio publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) titulado "Caracterización y ecosistema de las sociedades de beneficio e interés colectivo (BIC) en América Latina", muestra que a fines de 2024 existían más de 5.000 sociedades BIC en la región, cifra que refleja el interés creciente por modelos de negocios orientados al desarrollo integral y al bienestar social.

Las sociedades BIC integran objetivos económicos con impactos positivos en la sociedad y el medioambiente, los cuales deben acreditarse mediante reportes públicos y la incorporación de un propósito explícito de impacto positivo en sus estatutos.

El auge de este modelo en la región ha sido impulsado por nuevos y recientes marcos normativos. Cinco países en América Latina cuentan hoy con legislaciones o normativas específicas: Colombia (2018), Ecuador (2019), Perú (2020), Uruguay (2021) y Panamá (2022).

“Las legislaciones emergentes en América Latina están diseñadas explícitamente para elevar los estándares de conducta empresarial”, explica Felipe Correa, investigador de la CEPAL y autor principal del estudio. Estas normativas fijan estándares empresariales superiores a los legalmente requeridos, fomentando una relación más armónica entre las empresas, las comunidades y el medioambiente.

Constitución de una sociedad BIC

Para obtener la condición BIC, en primer lugar la junta de socios o asamblea de accionistas de una sociedad comercial debe aprobar la decisión. Luego, se debe realizar una reforma de estatutos que incorpore el objetivo empresarial de realizar un impacto positivo en la economía, la sociedad y el medioambient en el propósito societario, incorporando el término Beneficio e Interés Colectivo en la razón social. Finalmente, los cambios deben inscribirse ante la institución correspondiente.

Una vez constituidas, las sociedades BIC deben presentar anualmente un informe de impacto público. Sin embargo, el estudio señala que al 2024 solo 1.097 empresas cumplieron con este requisito, apenas el 24,5% del total. Según los autores, este punto representa el mayor problema de las sociedades BIC en la actualidad, pues amenaza la credibilidad del modelo ante los consumidores.

Estas brechas en el cumplimiento están estrechamente vinculadas al rol que desempeña la institucionalidad pública. Su capacidad para registrar, supervisar, fiscalizar y promover a las sociedades BIC es determinante para asegurar el correcto funcionamiento del modelo. Un seguimiento adecuado de los informes de impacto requiere de instituciones con mandatos claros, capacidades suficientes y una buena coordinación entre registros empresariales, superintendencias y ministerios encargados del desarrollo productivo. En algunos países, como Panamá, la normativa exige la participación de certificadoras externas para asegurar la calidad de estos informes, aunque este requisito puede elevar los costos y dificultar la adopción del modelo.

En cuanto a los costos de implementación, el estudio evidencia diferencias significativas entre países. En Colombia, Ecuador y Perú, emprender directamente como sociedad BIC suele ser más económico, con costos que no superan el 20% del ingreso per cápita nacional mensual. En Uruguay, en cambio, constituir una empresa BIC desde cero puede resultar mucho más costoso, con valores que van del 85,1% al 265,9% del ingreso per cápita nacional mensual, según el tipo de sociedad.

Un modelo con alcance territorial

Por último los autores destacan la importancia del enfoque territorial. El análisis revela patrones territoriales diversos que reflejan las particularidades de cada país. Mientras la mayoría de las sociedades BIC en Perú y Uruguay se concentra en los departamentos capitales, en Colombia y Ecuador predominan fuera de las regiones metropolitanas.

En ese sentido, la distribución geográfica de las sociedades BIC también es significativa desde una perspectiva de desarrollo territorial. El estudio señala que su presencia en zonas con desafíos sociales puede contribuir a la reconstrucción del tejido social y económico. En Colombia, por ejemplo, algunos empresarios buscan constituir sociedades BIC en municipios afectados por el conflicto armado como parte de estos esfuerzos.

Oportunidades de mejora para consolidar el ecosistema BIC en América Latina

Finalmente, el estudio identifica tres áreas prioritarias: mejorar las tasas de cumplimiento y fiscalización de los informes de impacto; revisar los métodos de evaluación utilizados; y fortalecer la difusión del modelo entre empresas y consumidores.

Los autores proponen establecer foros regionales y adoptar logotipos comunes a nivel internacional para mejorar su reconocimiento. Las actuales experiencias latinoamericanas, señalan, ofrecen aprendizajes valiosos para futuras legislaciones. “Es fundamental continuar con el diagnóstico y seguimiento del modelo BIC para asegurar su crecimiento sostenido”, concluye el estudio.

El estudio se puede descargar gratuitamente en el sitio web de la CEPAL.