La transición energética en América Latina y el Caribe se encuentra en una fase decisiva. La región ha alcanzado una de las matrices eléctricas más limpias del mundo en términos relativos, con una participación renovable superior al 60% en el 2024 (hidro, eólica, solar y geotermia) y niveles de cobertura de electricidad que superan el 97% de la población. Estos logros se combinan con la expansión de fuentes no convencionales como la energía solar y eólica, especialmente en Brasil, Chile, México y Uruguay, lo que refleja un proceso de diversificación tecnológica en curso. Sin embargo, estos avances contrastan con rezagos persistentes en eficiencia energética, en la reducción de la dependencia de combustibles fósiles y en la movilización de financiamiento para proyectos de energía limpia e infraestructura de interconexión.

En este contexto, la integración energética regional surge como una oportunidad estratégica. Más allá de los beneficios técnicos y económicos asociados a una mayor interconexión eléctrica y gasífera, la integración representa un pilar fundamental para avanzar hacia una transición justa y sostenible, especialmente en el contexto actual de tensiones geopolíticas. Permite aprovechar complementariedades entre países, optimizar la infraestructura existente, fortalecer la seguridad energética y, al mismo tiempo, generar condiciones para una mayor cohesión regional. La experiencia de proyectos como el SIEPAC en Centroamérica o las interconexiones del Cono Sur demuestran que, cuando existe voluntad política y marcos regulatorios adecuados, la cooperación energética puede traducirse en mayor resiliencia y competitividad.