Hoy se inauguró evento de dos días organizado en conjunto con la Fundación Friedrich Ebert y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Autoridades y especialistas se dieron cita en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Santiago de Chile, para examinar el impacto de la economía criminal en la dinámica económica regional, con el fin de generar insumos para fortalecer la formulación de políticas públicas basadas en evidencia en América Latina y el Caribe.

El Primer seminario sobre el impacto del crimen en la economía de América Latina y el Caribe. De los datos a la política: medición de la economía del crimen para la toma de decisiones públicas, inaugurado este martes 23 de septiembre, es organizado de forma híbrida por la CEPAL, la Fundación Friedrich Ebert y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

La sesión de apertura del encuentro contó con palabras de Luis F. Yáñez, Secretario de la Comisión de la CEPAL; María José Torres Macho, Coordinadora Residente del sistema de las Naciones Unidas en Chile; Amado Philip de Andrés, Representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur (vía video); y Catalina Niño, Coordinadora del Centro Regional sobre Paz y Seguridad de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung en Colombia.

“Solemos decir con orgullo que América Latina y el Caribe es una región en paz. Llevamos más de tres décadas sin conflictos armados entre Estados, desde aquel último enfrentamiento entre Perú y Ecuador. Pero esa paz en las fronteras contrasta con una realidad dolorosa: la violencia dentro de nuestras sociedades. Los crímenes, delitos y el temor son parte de la vida cotidiana de millones de personas. Durante décadas hemos sido la región más violenta del mundo. Con apenas el 9% de la población global, concentramos casi un tercio de los homicidios”, contextualizó Luis F. Yáñez, Secretario de la CEPAL, quien advirtió que “el crimen organizado no es un fenómeno marginal: incide de manera estructural en nuestras economías”.

El alto funcionario de la CEPAL afirmó que América Latina y el Caribe, una de las regiones más desiguales del mundo, enfrenta una triple intersección entre economía formal, informal y criminal. “El crimen organizado distorsiona la competencia, captura instituciones, debilita la recaudación fiscal y reproduce desigualdades. Cuando una empresa legal no puede competir con bienes de contrabando, cuando un trabajador informal es extorsionado o cuando se lavan fortunas a través de sectores regulados, lo que está en juego no es solo la seguridad, sino la confianza en el sistema económico y democrático”, explicó.

“El crimen organizado no solo amenaza la seguridad: amenaza la democracia, la cohesión social y el desarrollo económico”, insistió Luis F. Yánez, destacando la alianza forjada entre el sistema de las Naciones Unidas, la academia y otros actores para dar vida a este primer seminario sobre economía criminal en la región con el propósito de aportar evidencia sólida y diseñar políticas eficaces en esta materia.

Junto con felicitar la realización del encuentro, María José Torres Macho, Coordinadora Residente del sistema de las Naciones Unidas en Chile, llamó la atención sobre el hecho de que las economías ilícitas no solo están relacionadas con el narcotráfico y sus derivados, sino también con otras actividades como la trata de personas, el tráfico de armas, la extorsión, la minería ilegal y la explotación laboral, entre muchas otras. Un gran desafío en este sentido, dijo, es promover economías legales competitivas.

Torres Macho dio cuenta del trabajo que la ONU realiza en Chile apoyando la labor de las instituciones judiciales, policiales y las encargadas de la seguridad penitenciaria en el país. “Hemos visto al crimen organizado evolucionando en la región, y afuera. Es más trasnacional, descentralizado y tecnológico que nunca”, alertó, subrayando la importancia del multilateralismo y la cooperación internacional en este ámbito.

“El crimen organizado trasnacional representa una amenaza estructural en América Latina y el Caribe, profundamente arraigada en las instituciones sociales, económicas e institucionales. Su capacidad de adaptación y de diversificación lo convierten en un riesgo constante para la seguridad ciudadana, el desarrollo sostenible y la democracia”, coincidió Amado Philip de Andrés, Representante de UNODC para la Región Andina y el Cono Sur. 

La región, enfatizó, necesita avanzar en materia estadística, “con continuidad de datos y una mejor comprensión de las zonas grises entre lo lícito, lo ilícito y lo informal”, por lo que celebró la realización del seminario y la unión de esfuerzos entre la CEPAL y UNODC que se encuentran delineando un primer estudio conjunto sobre economías criminales en América Latina y el Caribe.

Finalmente, Catalina Niño, representante de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, señaló que “parte del desafío es superar las explicaciones y las respuestas de política pública que dejan al crimen organizado solo como un asunto de seguridad pública. Es muy importante empezar a pensar en respuestas desde la política económica y social. Si no logramos reconquistar espacios de confianza y de control, en el buen sentido, de los Estados sobre los territorios y las poblaciones va a ser muy difícil revertir estas tendencias. Es doloroso reconocerlo, pero el crimen organizado, en muchos territorios de nuestros países, tiene más legitimidad que las instituciones democráticas”.

Por ello, llamó a “seguir insistiendo en el multilateralismo porque es conjuntamente como vamos a encontrar soluciones a los problemas”. 

El programa del seminario incluye cuatro mesas en las que se discutirán temas como la magnitud y composición de la economía criminal; sus actores y modalidades; deseconomías o externalidades del crimen; y políticas para enfrentar el crimen organizado transnacional y las economías ilegales.