Briefing note
Palabras de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, en la inauguración de la XVIII Reunión del Consejo Regional de Planificación del ILPES
Martes 19 de octubre, 2021
Muy buenos días. Sean todas y todos muy bienvenidos a la Décimo octava reunión del Consejo Regional de Planificación del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social ILPES de la CEPAL.
Saludo muy especialmente a:
Isaac Alfie, Director de la Oficina de Planeación y Presupuesto de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay;
Héctor Alexander, Ministro de Economía y Finanzas de la República de Panamá;
A todas las autoridades de planificación de los países de la región que nos acompañarán en los próximos tres días;
Amigas y amigos,
Iniciamos hoy esta reunión que nos invita a intercambiar, discutir y plantear nuevas ideas sobre cómo, desde la planificación y la gestión pública, los Estados se encuentran respondiendo a la emergencia, al mismo tiempo en que plantean los motores estratégicos de recuperación post pandemia. Durante los próximos tres días podremos intercambiar miradas respecto a la oportunidad que puede significar esta crisis múltiple -la sanitaria, social, económica y política-, para transformar el modelo de desarrollo hacia uno que responda a las aspiraciones de un futuro mejor para todas y todos con igualdad de derechos, acceso a los beneficios del desarrollo y sostenibilidad ambiental.
En el mes de marzo del 2020 no imaginábamos que el mundo entero sería golpeado por una pandemia con efectos sanitarios, sociales y económicos sin precedentes y que la región de América Latina y el Caribe sería la más afectada.
Hoy, 18 meses después, podemos mirar de forma retrospectiva lo que ha enfrentado y continúa enfrentando la región para responder tanto a los efectos directos como a los asociados a la pandemia. Podemos también mirar hacia el futuro buscando oportunidades para una recuperación regional que nos aleje del camino que condujo a la región a esta senda de insostenibilidad, y que, por el contrario, encamine a América Latina y el caribe hacia una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad.
La pandemia mostró en toda su diversidad e intensidad las inaceptables desigualdades de la región.
En retrospectiva, antes de la pandemia, el progreso económico y social de la región ya mostraba señales claras de estancamiento. En el sexenio 2014-2019, el PIB de América Latina y el Caribe había crecido en promedio tan solo un 0,3% por año y el porcentaje de pobreza extrema había aumentado del 7,8% al 11,3% de la población, mientras que la pobreza, transitó del 27,8% al 30,5%.
En el más reciente informe Panorama Social de América Latina, la CEPAL estima que la pobreza aumentó de 30,5% en 2019 a un 33,7% en 2020, y que la de pobreza extrema pasó de un 11,3% a 12,5%. Esto quiere decir que a finales del 2020 el total de personas pobres ascendió a 209 millones, 22 millones de personas más que el año anterior. De ese total, 78 millones de personas se encontraron en situación de pobreza extrema, 8 millones más que en 2019. La pobreza es mayor en áreas rurales, entre niñas, niños y adolescentes; indígenas y afrodescendientes; y en la población con menores niveles educativos.
La pandemia agudizó las ya inaceptables desigualdades de la región y particularmente la desigualdad de género, impactando negativamente la ocupación y las condiciones laborales de las mujeres y generando un retroceso de más de una década en los avances logrados en materia de participación laboral.
Estas proyecciones debilitan la confianza en las instituciones democráticas, que son percibidas por la ciudadanía como no aptas para responder a los crecientemente complejos desafíos del desarrollo, al mismo tiempo que nos alejan del logro de las metas de la Agenda 2030 y de sus objetivos. De hecho, en la Cuarta reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible, llevada a cabo en el mes de marzo, la CEPAL presentó el informe anual de progreso: “Construir un futuro mejor: acciones para fortalecer la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, en el que se revela que, a la fecha, con el ritmo de implementación de la Agenda y por los efectos de la pandemia, escasamente un tercio de las metas se alcanzarán al 2030. El llamado de la Década de Acción es actuar con urgencia para acelerar el logro de la Agenda a través de políticas planificadas, innovadoras e integrales involucrando a todos los actores del desarrollo.
Amigas y amigos,
Permítanme ahora referirme al futuro. Aunque los países se encuentran aún en medio de la pandemia con esquemas de vacunación que progresan de forma muy asimétrica, es necesario sobreponerse a la coyuntura y construir de forma participativa escenarios de futuros probables que contemplen un estilo de desarrollo con mayor igualdad y sostenibilidad y que tengan como una condición habilitante la reconstrucción de confianzas en las instituciones para fortalecer la democracia.
En el marco de nuestra Trigésima Octava reunión del Período de sesiones de la CEPAL, celebrada en 2020 y liderada por Costa Rica, sometimos a la consideración de los países de la región una propuesta denominada “el gran impulso para la sostenibilidad” que está enfocada en 8 sectores que denominamos dinamizadores de la sostenibilidad: las energías renovables no convencionales; la movilidad sostenible y espacio urbano; la revolución digital para la sostenibilidad; la industria manufacturera de la salud; la bioeconomía; el desarrollo de una economía circular; la recuperación sostenible del sector turístico y la economía del cuidado.
La recuperación transformadora que planteamos a través de estos sectores dinamizadores requiere de una institucionalidad que sea más resiliente, con capacidades renovadas para interpretar y trabajar en contextos complejos y con altos niveles de incertidumbre, con capacidad no solo de anticipar, prepararse y responder a las crisis, sino de construir y materializar proyectos de futuro, vigilar proactivamente el presente y reflexionar sobre el pasado, aprendiendo de las experiencias y haciendo posible las transformaciones necesarias. Así también, se requieren capacidades renovadas para una mejor y mayor articulación con la sociedad civil, el sector académico y el sector privado para potenciar la creatividad y la innovación en la solución de los problemas públicos y, sobre todo, la apropiación colectiva de una visión de futuro compartido.
La construcción de una visión de futuro compartido requiere de confianza en las instituciones y de diálogo entre todos los agentes del desarrollo. Sin embargo, las más recientes cifras del informe de Latinobarómetro 2020, presentado el 7 de octubre de este año, dan cuenta de que vivimos en la región más desconfiada del mundo. El informe revela que solo el 27% de los encuestados confía en el gobierno; el 20% confía en sus congresos; el 25% de los encuestados confía en el órgano judicial y sólo el 13% confía en los partidos políticos. En adición a ello, la ciudadanía en la región también carece de confianza interpersonal: en el 2020 se llegó al 12%, el punto más bajo desde 1996 y dos puntos porcentuales menos que en el 2018. Esta profunda desconfianza se acentúa con la percepción de corrupción e impunidad: solo en 5 de los 18 países encuestados, menos de la mitad de los ciudadanos cree que ha disminuido la corrupción. La desconfianza también se ve acentuada por la cultura del privilegio: el 73% piensa que se gobierna para las élites y las grandes empresas y no para el pueblo. Todo esto da cuenta de una democracia debilitada y vulnerable, sobre la cual tan solo el 25% de los encuestados muestra satisfacción y sólo el 49% de los encuestados la apoya. Ello genera un descontento generalizado que gatilla los estallidos sociales de los que hemos sido testigos en varios países de la región y que la ciudadanía ve como único medio para incidir en la agenda pública y política de los países.
Amigas y amigos,
La capacidad del Estado de reconstruir las confianzas es un elemento central para negociar intereses particulares en busca del bien común, para replantear relaciones de poder en el territorio y llegar a los acuerdos y pactos que se requieren para impulsar un nuevo modelo de desarrollo que asegure una vida digna para todas y todos. Por ello, el acceso a la información que se genera desde el Estado en formatos comprensibles y amistosos, mecanismos sistemáticos de participación ciudadana en la toma de decisiones, la transparencia, el diálogo, la rendición de cuentas y la colaboración con la ciudadanía, particularmente los jóvenes, pueden apoyar a tejer las confianzas hoy en día tan debilitadas.
Las confianzas no solamente deben reconstruirse en los ámbitos nacionales, sino también en los ámbitos regional y global. La recuperación pospandemia debe fortalecer el sentido de solidaridad y cooperación entre los países e integración alrededor de los intereses comunes de la región. Un ejemplo de proceso de negociación que tomó casi una década y que demostró que el diálogo entre los países es posible para lograr avances en la sostenibilidad de nuestra región, es la aprobación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, el Acuerdo de Escazú. A la fecha 24 países lo han aprobado y 12 lo han ratificado. No hay precedentes de un acuerdo de carácter jurídicamente vinculante como este que implemente el Principio 10 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20).
Otro ejemplo de cooperación y diálogo regional es la realización de la VI Cumbre de la CELAC en México, que reunió a 17 mandatarios, 2 Vice-Presidentes, 9 cancilleres y otras autoridades de primer nivel, en la que los países señalaron de forma enfática la necesidad de centrarse en los objetivos comunes y dejar de lado las diferencias. En materia de desarrollo, los países propusieron producir lo que la región consume; aprovechar recursos humanos, naturales y estratégicos mediante políticas redistributivas centradas en la justicia social; también hicieron un llamado al FMI para flexibilizar las condiciones de deuda y financiamiento, y a condonar y reducir deudas ante la crisis económica agudizada por la pandemia de COVID-19; el apego al Acuerdo de París y sus compromisos de reducción de emisiones para combatir el cambio climático y la urgente organización de proyectos y acciones conjuntas para mitigar el cambio climático; la generación de proyectos conjuntos para combatir el crimen organizado y la elaboración de un plan regional para la seguridad alimentaria.
A petición de la CELAC, la CEPAL presentó el Plan Integral de Autosuficiencia Sanitaria, el que fue aprobado por unanimidad por los países representados en el pacto regional. Se trata de una ruta programática para fortalecer la producción y distribución de medicamentos, en especial vacunas, en los países de la región y reducir la dependencia externa. Este Plan está en línea con uno de los motores de crecimiento para un gran impulso a la sostenibilidad económica de la región: la activación de la industria manufacturera de la salud. Previamente, la CEPAL presentó en México el Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y el sur-sureste de México, que consiste en el abordaje a través de proyectos integrales de las causas de la migración asociadas a la inseguridad, a la violencia, al crimen organizado, a la insuficiencia alimentaria y a los efectos del cambio climático.
En el ámbito global, el cambio climático es uno de los temas acuciantes para la región y el mundo que pone en riesgo el futuro de nuestros países y amenaza con profundizar la pobreza, la desigualdad y la supervivencia del ser humano. La Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), a realizarse del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021 en Escocia, es crucial para el mundo y para América Latina y el Caribe, por la inminencia del desastre climático que enfrentaremos si el calentamiento global supera los 1,5 grados.
La COP26 debe abordar los temas de reducción de las vulnerabilidades, la adaptación y la resiliencia, con una mirada de futuro y el financiamiento de las acciones climáticas, particularmente la adaptación, que es un tema clave para nuestra región.
Estimadas autoridades de planificación, el rol del Estado ha sido reconocido y relevado para liderar los procesos de recuperación post pandemia. Para ello se requieren instituciones con capacidades renovadas para hacer frente a los crecientemente complejos desafíos del desarrollo; más y mejor planificación; liderazgos colaborativos, inclusivos y dialogantes. Es necesario potenciar la transformación de un modelo de desarrollo que es insostenible, a través de políticas integrales e inclusivas que consideren los pilares social, económico y ambiental del desarrollo, con un enfoque de igualdad de género, así como políticas con un enfoque territorial que articule las inteligencias que radican en el territorio, que transversalicen el combate al cambio climático, la gestión de los riesgos sociales, económicos y ambientales, y que a su vez potencien un desarrollo equilibrado dentro y entre los países.
Será necesario planificar para la resiliencia, cobrando pleno conocimiento de las vulnerabilidades, de los riesgos, de las amenazas y de las brechas estructurales que subsisten y se agravan en las crisis, tales como la pobreza, la desigualdad, acceso a servicios de salud y educación y a la conectividad y reconociendo los distintos impactos que tienen las crisis sobre hombres y mujeres, sobre territorios urbanos y rurales, sobre los grupos más vulnerables y excluidos.
La recuperación post pandemia requerirá de un multilateralismo renovado porque las crisis desconocen fronteras, pero el abordaje para sus soluciones se potencia con más y mejor cooperación regional e interregional.
En este camino, cuenten con la CEPAL y el ILPES para fortalecer las capacidades de los sistemas nacionales de planificación, porque planificar en tiempos de incertidumbre es internalizar esta variable para no dejarnos arrastrar por la emergencia. Y apostar por políticas de desarrollo de largo plazo para concretar la construcción de un futuro deseado, es apostar por la resiliencia de las instituciones, de las sociedades, de las comunidades y por construir un futuro inclusivo en el que la igualdad de derechos es posible.
Permítanme cerrar estas palabras recordando al poeta panameño Ramón Oviero, quien escribió:
Digo que siempre
debemos ir buscando
y desnudando
las palabras sencillas
para llegar a todos.
Para contar
así, muy claramente,
todas las cosas
que se nos van quedando
en medio de las horas.
Muchas gracias y nuevamente sean todas y todos bienvenidos a esta Décimo octava reunión del Consejo Regional de Planificación de nuestro querido ILPES.