La agenda global de desarrollo se ha visto transformada desde el año 2015 con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la firma del Acuerdo de París sobre el clima. Mediante las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC por sus siglas en inglés), las autoridades de cada país han establecido metas de mitigación y adaptación que, colectivamente, buscan evitar los peores impactos del cambio climático. Uno de los principales desafíos es ahora financiar oportunamente la transición a una economía baja en carbono y resiliente al clima consistente con el objetivo "muy por debajo de 2 °C" establecido en el Acuerdo de París. En el proceso de responder a los desafíos ambientales y climáticos, existen oportunidades y desafíos para las instituciones financieras y el sistema financiero en su conjunto.

En el marco del V Diálogo Regional sobre Finanzas del Clima que tuvo lugar los días 19 y 20 de marzo, y con el fin de potenciar el papel que los bancos de desarrollo pueden jugar en el fomento de una movilidad urbana baja en carbono, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) realizó el taller “El papel de la Banca de Desarrollo en la implementación del Acuerdo de París: Opciones de financiamiento para la movilidad urbana baja en emisiones”. Este taller tuvo lugar a continuación del V Diálogo Regional sobre Finanzas del Clima, el jueves 21 de marzo de 2019 en San José, Costa Rica.

Objetivo: 

• Analizar y debatir acerca de los factores habilitantes que pueden potenciar el financiamiento de proyectos de movilidad urbana baja en emisiones. 

Públicos meta: 

• Banca de desarrollo nacional e internacional: oficiales de negocios y responsables de proyectos de inversión en temas de movilidad urbana.
• Sector público: representantes de autoridades locales, ministerios de transporte, ministerios de energía y entidades encargadas de la movilidad urbana y el ordenamiento del transporte 
• Sector privado: gerencia financiera y planeamiento estratégico de las empresas involucradas en el sector transporte, así como entidades financieras interesadas en la evaluación de riesgos climáticos (i.e. aseguradoras y reaseguradoras).