Intervención de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con ocasión de la inauguración de la Quinta Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe
Santiago, 21 de noviembre de 2016
CEPAL
Pablo Badenier, Ministro de Medio Ambiente de Chile,
Viceministras Maureen Hyman, de Antigua y Barbuda, Dolores María Duverges, de la Argentina, y Patricia Madrigal, de Costa Rica,
Viceministros Marcelo Mena, de Chile, Félix Wing, de Panamá, y Eden Alistair, de Saint Kitts and Nevis,
Winston Anderson, Juez de la Corte de Justicia del Caribe,
Andrea Sanhueza y Karetta Crooks, representantes electas del público,
Autoridades de los gobiernos nacionales, regionales y locales,
Representantes del cuerpo diplomático,
Delegadas y delegados de los países de la región,
Funcionarios internacionales,
Representantes de la sociedad civil,
Colegas del sistema de las Naciones Unidas y de la CEPAL,
Querido Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL,
Amigas y amigos:
Bienvenidos a la CEPAL, la casa de los latinoamericanos y caribeños y centro de pensamiento del sur.
Quiero comenzar agradeciendo al Gobierno de Chile, a través de su Ministerio de Medio Ambiente, la organización conjunta de esta Quinta Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Fue precisamente bajo el liderazgo de Chile que, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), se inició un proceso en el que hoy 22 países de América Latina y el Caribe negocian un acuerdo regional sin precedentes en la historia de nuestra región.
Es con convicción que podemos afirmar hoy que América Latina y el Caribe está escribiendo un nuevo capítulo en la historia del multilateralismo, uno que reconoce, tal como los países manifestaran en el documento final de Río+20 y en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que la democracia, la buena gobernanza y el Estado de derecho son esenciales para el desarrollo sostenible, incluido el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo social, la protección del medio ambiente y la erradicación de la pobreza y el hambre.
Permítanme recordar que 15 Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas manifestaron hace unos meses que esta negociación es uno de los pasos más importantes en la protección y promoción de la democracia ambiental a nivel internacional y un ejemplo para otras regiones.
Permítanme recordar también que en la Cumbre para la Tierra, celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en 1992, se aprobó la Declaración cuyo Principio 10 es la semilla de este proceso regional, y se dio también origen a tres convenciones ambientales multilaterales: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, ambos firmados en 1992, y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, que se firmó en 1994.
Amigas y amigos,
Nuestra región puede ser protagonista de la única convención que emane de Río+20, un acuerdo único, de segunda generación, que no aborda un tema ambiental específico, sino que vincula el medio ambiente con los derechos humanos y redefine las relaciones tradicionales entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil.
Este acuerdo que se negocia en nuestra región y que los países nos han honrado con el llamado a acompañar, no podría ser más oportuno. En un contexto mundial de pérdida de dinamismo e inestabilidad del sistema económico, creciente desigualdad, riesgo para la paz y la seguridad, y una grave crisis ambiental, se hace evidente que el estilo dominante de desarrollo en América Latina y el Caribe es insostenible. A la degradación del medio ambiente y los ecosistemas y la depredación de los recursos naturales, asociados a las dinámicas insostenibles de producción y consumo y la concentración urbana, se suman los retos globales como el cambio climático, cuyos impactos afectan sobremanera a nuestra región, y en ella, especialmente a los grupos en situación de vulnerabilidad.
Estos profundos desequilibrios económicos, sociales y ambientales nos enfrentan al desafío de cambiar el modo actual de hacer las cosas y han motivado la búsqueda de respuestas por parte de la comunidad internacional. Ejemplos de ello son la Agenda 2030 y el Acuerdo de París sobre el cambio climático, ambos aprobados en 2015. Se trata de tener el coraje de plantearse otras preguntas, vencer el cortoplacismo e imaginar y construir un futuro distinto.
Este acuerdo regional viene a reforzar los compromisos en materia de medio ambiente de los Estados de nuestra región por la lógica de empoderar a la ciudadanía en su conjunto. Aspira, entre otros objetivos, a eliminar las asimetrías, nivelar la cancha, como dicen en Chile, a generar políticas más informadas, inclusivas y transparentes, lo que sin duda permitirá avanzar en la sostenibilidad ambiental del desarrollo y es clave para garantizar derechos humanos fundamentales como el derecho a la salud, a la seguridad, al agua y a vivir en un medio ambiente sano.
Como señaló nuestra querida Michelle Bachelet, Presidenta de Chile, en el 21º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21), celebrada en Marruecos, los nuevos desarrollos en el ámbito internacional que representan el acuerdo regional sobre derechos de acceso y democracia ambiental en América Latina y el Caribe, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre cambio climático proporcionan oportunidades clave para contribuir a la justicia que nuestras sociedades demandan.
Una acción colectiva y simultánea es esencial. Es el multilateralismo y no el aislacionismo la respuesta para enfrentar estos cambios, como lo señaló Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en la COP 21 celebrada recientemente en Marruecos.
Quiero recordar que México es el actual presidente de la CEPAL y del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.
Este proceso regional para la aplicación plena y efectiva del Principio 10 de la Declaración de Río, que hoy nos convoca, es una demostración fehaciente de que es posible imaginar y construir un futuro distinto. Uno que se construye desde la información y la transparencia, desde la participación incidente de toda la sociedad y desde el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas, y que reconoce el derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano.
Concluir estas negociaciones es fundamental también para las empresas, nacionales y extranjeras, pues permitirá establecer escenarios predecibles y reglas claras.
En agosto de 2016 celebramos en Santo Domingo la Cuarta Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Aprovecho la ocasión para agradecer nuevamente la hospitalidad del pueblo y el Gobierno de la República Dominica y de celebrar la adhesión de Saint Kitts y Nevis a la Declaración que dio inicio a este proceso y su incorporación plena al Comité de Negociación en esa Reunión.
El acuerdo que aquí se negocia es importante y urgente, como también lo es la incorporación de una disposición específica sobre la necesidad de crear un entorno propicio de reconocimiento, protección y apoyo a los defensores ambientales de derechos humanos. Este es un tema de particular importancia en nuestra región, en la que, solo en 2015, se registraron 122 asesinatos de defensores del medio ambiente, según cifras de la organización Amnistía Internacional.
En un par de horas más, en esta misma sala, se realizará un evento paralelo que nos llama la atención sobre la situación de los defensores ambientales en América Latina y el Caribe, en el que se abordarán prácticas emergentes sobre la prevención, la protección y el acceso a la justicia.
Hoy y a lo largo de esta semana, nos reunimos para concluir la negociación de las disposiciones del acuerdo referidas a la generación y divulgación de información ambiental y avanzar sobre aquellas referidas a la participación del público en la toma de decisiones ambientales, el acceso a la justicia y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación.
Respecto de la participación del público, los Estados aquí presentes tienen hoy la posibilidad de establecer un estándar regional que parta del reconocimiento del derecho de las personas a participar en las decisiones respecto de su entorno y calidad de vida, tal y como fuera reconocido en la Declaración que dio inicio a este proceso en Río+20 en 2012.
A más de 20 años de la aprobación del Principio 10 de la Declaración de Río de 1992, en la mayor parte de los países de la región se han incluido disposiciones relacionadas con la participación ciudadana en la legislación de medio ambiente o en leyes temáticas o sectoriales, y se han creado diferentes tipos de consejos de participación ciudadana. Actualmente, la mayoría de los países reconocen o promueven explícitamente la participación de las personas en la gestión ambiental, por lo que contamos con una excelente base.
No obstante lo anterior, aún podemos ir más lejos, particularmente en el ámbito de las políticas, planes y estrategias, en que la participación es, en general, de carácter discrecional. Asimismo, tenemos que enfatizar que la participación no debe limitarse a instancias formales ni realizarse cuando la mayoría de las decisiones ya han sido adoptadas. Es necesario además que esta se adecúe a las características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género de las comunidades, y proporcione debida respuesta a los aportes entregados por la sociedad, de manera de construir todos juntos ese modelo de desarrollo sostenible al que aspiramos. La Agenda 2030 es la propuesta para cambiar nuestro insostenible estilo de desarrollo actual.
La crisis de las democracias representativas y este proceso representan una oportunidad para que los ciudadanos sean sujetos activos, verdaderos agentes de cambio. Nada sobre nosotros, sin nosotros.
Los delegados aquí presentes tienen la oportunidad histórica de cambiar este patrón de toma de decisiones. Elementos que, por cierto, fueron destacados por todos ustedes en los Contenidos de San José y recogidos en el documento de negociación que tienen en sus manos, por ejemplo en cuanto a:
• la adopción de medidas para que la participación del público comience cuando todas las opciones y soluciones son aún posibles y cuando el público pueda ejercer una influencia real;
• la necesidad de poner a disposición del público las informaciones relevantes de manera oportuna, comprensible y objetiva en formato sencillo y claro, en medios adecuados y con datos abiertos;
• el establecimiento de plazos razonables que dejen tiempo suficiente para informar al público y para que este se prepare y participe efectivamente, y
• la consideración especial a grupos específicos o vulnerables que incluya esfuerzos por identificar a las comunidades en situación de vulnerabilidad y la consideración de los mejores medios y formatos para entregar información a esas comunidades, asegurando el respeto de sus características culturales.
En materia de justicia ambiental, los países de la región han avanzado en el diseño y la implementación de instancias especializadas con jurisdicción ambiental, tanto en los sistemas de justicia como en instancias adscritas a organismos ministeriales o autónomos. Ejemplos de ello son los tribunales ambientales de Chile; el papel del Ministerio Público, la Contraloría y las fiscalías ambientales en Colombia; las fiscalías ambientales, el Tribunal de Fiscalización Ambiental (con sede administrativa) y los juzgados de investigación preparatoria permanente especializado en delitos ambientales en el Perú, y la Comisión Ambiental en Trinidad y Tabago.
Asimismo, en al menos un tercio de los países de la región, la legislación contempla actualmente que cualquier persona pueda iniciar un proceso legal en defensa de los intereses difusos o el medio ambiente.
Estos ejemplos sientan las bases para que el acuerdo que se está negociando permita profundizar este pilar del Principio 10 sobre la base de la cooperación y el intercambio de experiencias.
Destaco que esta tarde tendremos un conversatorio de alto nivel que hemos organizado conjuntamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y en el que importantes referentes en materia de justicia ambiental en la región se referirán al derecho de los ciudadanos a acceder a la justicia en asuntos ambientales, los notables avances en la materia impulsados por la actividad judicial y algunos temas pendientes, entre los que me permito destacar:
• el establecimiento de mecanismos para recurrir, ya sea a través de recursos, en caso de denegación de acceso a la información, de denegación de participación o de violaciones de la normativa ambiental, o de reclamos por daños al medio ambiente y compensaciones;
• garantías para el acceso a la justicia a través de órganos especializados, la legitimación activa amplia en defensa del medio ambiente y medidas para facilitar la prueba del daño ambiental, entre otros;
• la facilitación del acceso a la justicia, especialmente para personas y grupos en situación de vulnerabilidad, y
• la transparencia de las decisiones adoptadas, el fortalecimiento de capacidades en materia de acceso a la justicia, cooperación judicial ambiental y establecimiento de mecanismos de resolución alternativa de controversias, entre otros.
Respecto del artículo 10, referido al fortalecimiento de capacidades y cooperación, solo quisiera mencionar que este es un tema central del acuerdo que hemos venido impulsando en paralelo con este proceso de negociación, en alianza con otras organizaciones, fondos, programas y organismos especializados de las Naciones Unidas y los Estados. Desde la última reunión de negociación, hemos realizado o apoyado actividades conjuntas con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y los Gobiernos de Saint Kitts y Nevis, Chile y Colombia, por ejemplo.
Al final de la mañana estaremos también presentando una publicación conjunta que hemos elaborado con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre estándares internacionales de derechos humanos aplicables al acceso a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia.
Además de los temas sustantivos que serán materia de negociación en esta reunión, esta cita es particularmente significativa porque los países abordarán también los pasos a seguir en la negociación para concluir con éxito el acuerdo. Tal y como plantearan los Copresidentes de la Mesa Directiva, Chile y Costa Rica, si bien cuando se dio inicio a esta negociación se tuvo la mira de finalizarla en 2016, estamos seguros de que el trabajo colaborativo de los Estados integrantes del Comité de Negociación permitirá a la región dotarse de estándares ambiciosos para la implementación efectiva del Principio 10 y de que los sustantivos avances que se alcancen en esta región serán claves para que el acuerdo sea finalizado por el Comité de Negociación a más tardar a fines de 2017.
Todos estos temas constituyen la semilla del futuro acuerdo regional que ustedes tienen que hacer germinar. El llamado es a negociar con la ambición, responsabilidad y urgencia que el tema merece.
Amigas y amigos,
En un escenario global de incertidumbres y desconfianzas, hoy más que nunca los países de nuestra región deben avanzar juntos de manera colaborativa; solo así América Latina y el Caribe se verá fortalecida y podrá avanzar a paso firme hacia el desarrollo sostenible en este mundo cambiante. Este proceso es una clara demostración de que, cuando se trabaja de manera colaborativa, nuestras naciones pueden enfrentar desafíos globales y reforzar la gobernanza ambiental contribuyendo a su progreso social y económico, así como a la sostenibilidad ambiental con igualdad, que es la otra cara de la libertad y de la democracia plena. Aquí se incluye la libertad de opinión, de asociación y de participación en los asuntos públicos. Les deseo mucho éxito en esta jornada y reitero el compromiso de la CEPAL con este proceso regional, que es un acuerdo propio que va en beneficio de nuestra gente, nuestra región y nuestras sociedades naturales.
Muchas gracias.
