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Resumen
Durante el periodo de 1993 a 1997 se produjo la reestructuración del sector energético en Bolivia. Estos cambios en el sector energético buscaban una adecuación a la nueva realidad económica, promoviendo la participación del sector privado, desregulando los mercados energéticos e incrementando la eficiencia y competitividad entre los actores.
Bajo el diagnóstico de que existía un estancamiento con el modelo de desarrollo vigente y de que era necesario romper el ciclo de la pobreza, el Gobierno de Bolivia promulgó la Ley de Capitalización que fundamentalmente abre el ingreso de capitales privados en las empresas estatales, generando sociedades anónimas mixtas. El ajuste estructural apuntaba también a la reducción del déficit fiscal.
Las reformas del sector energético boliviano, en sus aspectos centrales, fueron completadas en 1995, con la promulgación de las leyes de Electricidad, de Hidrocarburos y, la implementación de las respectivas superintendencias de Electricidad e Hidrocarburos. En éste marco se capitalizó las empresas estatales de generación de electricidad en el Sistema Interconectado Nacional como también el 'upstream' en hidrocarburos.
Hasta mediados de 1997, se privatizó la transmisión tanto de gas natural como de electricidad. A esta fecha, más del 90% de la estructura eléctrica nacional estaba ya en manos del sector privado. Finalmente entre 1999 y el año 2000 se privatizaron las 3 refinerías existentes en el país, con lo que concluyó el proceso de transferencia del sector energético del sector público, al sector privado.
Al año 2000 la reforma muestra sus primeros resultados: en el sector hidrocarburos se ha concretado el gasoducto Bolivia–Brasil, lo cual a su vez ha incrementado el nivel de las reservas de gas natural y se han realizado importantes inversiones en generación eléctrica para cubrir el crecimiento de la demanda. Para fines de éste periodo, en el sector eléctrico se abrirá a la competencia la generación de electricidad y, en la venta de energía a nivel de grandes consumidores y distribuidoras, superando el periodo de transición donde las generadoras preferían vender su energía en el mercado spot, antes que tener contratos de suministro con las diferentes distribuidoras de electricidad.
Sin embargo, esta imagen es solamente una parte de la realidad. Utilizando como eje de análisis de las reformas y sus resultados los indicadores de sostenibilidad del sector energético , se muestran deficiencias que aún se deben salvar para lograr un acercamiento a los principios del desarrollo sostenible. Esto es claramente visible cuando se analiza el desarrollo del plano social, donde se muestra las contraposiciones existente entre la política social y la actual política económica.
Por otro lado, los movimientos sociales en Bolivia han demostrado que el modelo de desarrollo encarado en el país, dificulta el saldar la deuda social, lo que significa un riesgo para la sostenibilidad en el mediano y largo plazo, pues de no iniciarse una política de Estado la pobreza será aún persistente en el país.
En este contexto, el desarrollo del sector energético es vital. En virtud de la reforma, y las proyecciones de desarrollo, se le asignó la tarea de ser la 'locomotora del desarrollo', lo que no deja de ser evidente al revisar las cifras de inversiones y de movilización de recursos que maneja el sector, superior a otros rubros de la economía nacional.
En este contexto, el estudio evalúa el grado de eficacia de la nueva organización productiva del sector, y sus aspectos institucionales y regulatorios enfatizando aspectos de cobertura, equidad y oportunidad para el acceso a la energía, a efecto de identificar los impactos de la reforma sectorial, frente a problemas vinculados con la seguridad, calidad, precios del suministro energético, cobertura, aspectos ambientales, etc. buscando respuestas a la situación actual en el marco existente de la reforma, complementándola, promoviendo cambios más estructurales e identificando acciones que permitan mejorar los indicadores de sostenibilidad del sector.