En la Declaración de Brasilia, adoptada en 2007 durante la segunda Conferencia regional
intergubernamental sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe, los países de la región asumieron dos importantes compromisos en relación con los instrumentos y mecanismos para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas de edad. En aquella ocasión, los gobiernos participantes acordaron evaluar la posibilidad de crear la figura de un relator especial para esta
temática e impulsar la elaboración de una convención específica en el seno de las Naciones Unidas. Este
documento procura contribuir a la justificación de ambos, demostrando su necesidad, relevancia y coherencia con el sistema de protección de los derechos humanos de la Organización.