Impacto socioeconómico del sismo ocurrido el 21 de enero de 2003 en el estado de Colima, México

El presente estudio se realizó en virtud de la petición que el Gobierno del Estado de Colima formuló
a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL);. Para ello se conjuntaron los
esfuerzos de esta institución con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED); de
la Secretaría de Gobernación de México. El mismo se apoya en la metodología desarrollada por
CEPAL a lo largo de más de 30 años y que se resume en una metodología que permite evaluar el
impacto de este tipo de eventos en los aspectos económicos, sociales y ambientales; (1); y en la
experiencia de CENAPRED a nivel nacional. El CENAPRED viene realizando desde hace 5 años
una evaluación sistemática de las características y de los efectos socio-económicos de los desastres
naturales que han venido ocurriendo en el país. Coincidiendo con la preparación del equipo de
evaluadores que iría al lugar, y atendiendo a la solicitud formulada por el Gobernador del Estado de
Colima, el Lic. Fernando Moreno Peña a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
de las Naciones Unidas se integró un grupo conjunto entre los dos organismos.

El 21 de enero a las 20:30 horas se presentó un sismo de magnitud 7.8 en la escala de Richter
que afectó principalmente los Estados de Colima, Jalisco y Michoacán. El fenómeno causó 23
decesos, dejó un buen número de damnificados y provocó daños de consideración, particularmente
en el primero de los Estados mencionados.

Las autoridades nacionales de protección civil, incluyendo el Director del Centro Nacional de
Prevención de Desastres y un equipo de investigadores del Centro que integró una misión conjunta
con el equipo del Earthquake Engineering Research Institute (EERI);, del Grupo Interuniversitario
de Ingeniería Sísmica (GIIS); y del Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica (SMIS);, se
movilizaron a las pocas horas de ocurrido el fenómeno al lugar del siniestro para apreciar la
magnitud del fenómeno y su radio de acción. Desde ahí se arbitraron las medidas para la atención
de la emergencia y se realizaron las constataciones que llevaron luego a la Declaratoria de Desastre
en un buen número de los municipios comprendidos en los tres Estados mencionados. El capítulo
IV de este documento se basa en los hallazgos de un grupo conjunto de CEPAL y CENAPRED.

El grupo, constituido por Daniel Bitrán, consultor de la CEPAL que coordinó el equipo y la
redacción de este documento, y los investigadores del CENAPRED Jorge A. Colorado Lango,
Norlang García Arróliga y Miguel Ángel Pacheco, viajó a cada uno de los Estados mencionados
durante el período comprendido entre el 4 y el 14 de marzo del presente año. Durante dicho lapso el
grupo se entrevistó con autoridades de las diversas dependencias estatales y delegaciones federales
que atendieron las áreas que fueron afectadas por el fenómeno. También se realizaron visitas de
campo. La información recabada sirvió de base al presente informe.

Para su labor en el Estado de Colima la misión contó con el apoyo del Director Estatal de
Protección Civil del Estado, Lic. Javier Eugenio Velasco Villa y del Director de Planeación de la
Secretaría de Planeación, Lic. José Luis Villa A. En los Estados de Jalisco y Michoacán se contó
con la colaboración de los Directores Estatales de Protección Civil, Mayor Trinidad López Rivas y
el C. Pedro Carlos Mandujano Vázquez, respectivamente.

En general, la evaluación presentada en este documento se apoya en la metodología de la
CEPAL que considera tanto los daños directos (afectación de acervos);, como los efectos indirectos,
tales como pérdidas de producción y mayores costos incurridos por el Estado a consecuencia del
desastre. Todo ello para cada uno de los sectores económicos y sociales con algún grado de
afectación derivado del fenómeno. Difiere por lo tanto de las evaluaciones realizadas por las
mismas dependencias para los efectos de acceder al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN); que
atiende un universo más acotado y en el que predomina la reconstrucción de la infraestructura
pública dañada.

(1); Véase Manual para la evaluación del impacto socioeconómico y ambiental de los
desastres (versión preliminar); (LC/MEX/L.519/E);, mayo de 2002.