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Problemas de seguridad en el transporte terrestre afectan la competitividad de los países de la región

Actos criminales y robos de carga ocurren frecuentemente en las carreteras y vías férreas de América Latina. México y Brasil están entre los países más riesgosos del mundo en términos de siniestros denunciados a la autoridad.

2 de julio de 2013|Noticia

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Foto de una carretera con camiones y policías
Foto: John Jairo Bonilla/EFE

Los actos criminales y robos de carga en las vías terrestres de América Latina no solo representan un problema de seguridad y provocan pérdidas económicas a sus dueños, sino que también tienen un efecto en el resto de la cadena logística y traen consecuencias para la competitividad nacional de los países, según un reciente estudio de la CEPAL.

En el informe Seguridad de la cadena logística terrestre en América Latina, elaborado por el experto de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL Gabriel Pérez Salas, se señala que en América Latina se ubican dos de los países más riesgosos del mundo en cuanto a cadenas terrestres: México y Brasil. Sin embargo, es un fenómeno que está presente en todos los países de la región y por lo tanto es urgente tomar medidas eficaces y coordinadas regionalmente para enfrentar el problema.

En América Latina los puntos más vulnerables a los robos son los terminales de carga, las zonas en las cercanías de los puertos, las infraestructuras logísticas de transferencia y las áreas de consolidación de carga. Los actos delictivos se concentran principalmente en el transporte de carga terrestre por carreteras, aunque los ataques a ferrocarriles son también frecuentes. En ambos casos, y contrario a lo que usualmente se piensa,  los crímenes ocurren principalmente en las zonas urbanas, durante los fines de semana y en horario diurno.

Si bien es difícil estimar una magnitud real de las pérdidas económicas provocadas por el robo a mercancías en el transporte terrestre, algunos autores estiman que a nivel mundial las pérdidas anuales representan USD$ 30 billones. Sin embargo, en muchos países en vías de desarrollo ni siquiera existen registros oficiales sobre el fenómeno.

Según el documento de la CEPAL, la falta de estadísticas sectoriales comparables y periódicas sobre estos delitos ha ocultado o subvalorado su impacto y, por lo tanto, no se han generado suficientes políticas públicas para hacer frente al problema de forma efectiva y sostenible en el tiempo. Las soluciones privadas como las escoltas armadas o la autodefensa de los transportistas, no solamente han sido ineficaces en resolver el problema, sino que además han acrecentado los costos y aumentado la sensación de inseguridad en la población.

La falta de seguridad en las cadenas logísticas afecta, además, la imagen del país, reduce los ingresos tributarios, desalienta el emprendimiento y la inversión privada, lo que encarece también los precios de los bienes que la población nacional consume.  Todos estos elementos reducen el crecimiento económico y el desarrollo social.

El documento señala también que dado que las bandas criminales no reconocen fronteras y movilizan su accionar continuamente en búsqueda de zonas más desprotegidas, es fundamental coordinar las acciones de los países para dar una respuesta a este flagelo que amenaza la competitividad de la región y dificulta la articulación de cadenas logísticas intrarregionales.

El informe presenta mejores prácticas empresariales y promueve cambios en las políticas para hacer frente al fenómeno de manera efectiva sin afectar la competitividad regional.

Para ello entrega una serie de recomendaciones, entre las que se incluyen: generar conocimiento sobre el problema, implementar cambios legales coordinados regionalmente, invertir en infraestructura y promover la facilitación, establecer seguros de cobertura regional y fomentar la colaboración para alcanzar una cadena logística más segura y competitiva para todos.

El documento concluye que la única forma de reducir los riesgos sobre la cadena logística sin afectar la competitividad de la economía es la adopción de un enfoque sistémico de seguridad integral y no soluciones parcializadas. Por esta razón, resulta fundamental que los Estados brinden las condiciones de seguridad necesarias para asegurar un flujo eficiente y efectivo de bienes e información, para que las empresas puedan aprovechar las ventajas competitivas derivadas de la minimización de inventarios, formar parte activa de cadenas de valor y atraer mayores inversiones.

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