16-20 Abr 2018 Santiago, Chile | Foro de Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible
El primer acuerdo regional vinculante para proteger los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo), adoptado el 4 de marzo en Costa Rica, es un hito histórico para la región. Por eso, autoridades y expertos reunidos hoy en la CEPAL llamaron a los países de América Latina y el Caribea firmarlo y ratificarlo este año para que entre en vigor lo más pronto posible.
Durante la segunda reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que se realiza en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile, los principales actores participantes de este proceso -que llevó a la adopción de un instrumento legal inédito para la región y único en su tipo en el mundo- ratificaron la importancia del llamado “Acuerdo de Escazú” (por el municipio en Costa Rica donde fue adoptado) y pidieron a todos los países de la región que lo ratifiquen a partir del 27 de septiembre, cuando se abra a la firma de las delegaciones asistentes a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.
En un evento sobre este Acuerdo Regional, paralelo al Foro, autoridades de los gobiernos de Chile y Costa Rica -países que ejercieron la presidencia del proceso de negociación- junto a representantes del público y de organismos internacionales participantes, indicaron que las regulaciones de este nuevo instrumento legal ayudarán a construir legitimidad y cohesión social en los países de la región, tal como lo señaló Andrea Sanhueza, representante electa del público y coordinadora del encuentro.
“Este es un acuerdo histórico porque consagra por primera vez la protección de los derechos humanos de los defensores ambientales, lo que permite asegurar que casos como el crudo asesinato de Berta Cáceres (defensora ambiental hondureña) no queden impunes”, declaró Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo que actúa como secretaría técnica del proceso.
“Este es un acuerdo hecho por nosotros, para nosotros y las generaciones que vienen. Es un instrumento visionario y sin precedentes, un tratado ambiental de segunda generación porque vincula explícitamente lo ambiental con los derechos humanos y garantiza derechos procedimentales que son esenciales para implementar de manera adecuada la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, agregó la máxima autoridad de la comisión regional de las Naciones Unidas.
Por su parte, Norma Munguía, Directora General para Temas Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE), señaló que este acuerdo “nos da el piso mínimo básico sobre el que deberíamos despegar en la región. Claramente esto va a tener un efecto en la correcta implementación de la Agenda 2030. Es por ello que para nosotros tener un instrumento de este tipo es para nosotros un motivo de orgullo y felicidad “, dijo.
En tanto, Juan Angulo, Director (s) de la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile declaró: “El acuerdo contribuye decididamente al cumplimiento de la Agenda 2030 incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de los derechos mencionados y que son transversales a cualquier decisión que enfrente el uso de recursos naturales”.
María Fernanda Frías, del Ministerio del Medio Ambiente de Chile, insistió en que la inclusión de la protección de los defensores ambientales es un hecho inédito en la historia de estos acuerdos. “Por lo mismo, entendemos la importancia de garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en los asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, desprotecciones ni inseguridades. Hacemos un llamado a todas las partes a mantener este compromiso y a que sigamos trabajando para asegurar este derecho”, resaltó.
Clausurando el evento, Olga Marta Sánchez, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica, resaltó el carácter esencialmente democrático de este acuerdo en el que participaron 24 naciones, con el apoyo de la CEPAL, y la inédita y extraordinaria participación de representantes electos de la sociedad civil de la región.
“Me parece fundamental exponer aquí el íntimo lazo vinculante entre el acuerdo de Escazú y los ODS, como reza uno de los párrafos del texto, el cual se sustenta sobre los tres pilares de la Agenda 2030: el social, el ambiental y el económico. Y si hay algo que nos ha enseñado todo el proceso de implementación de los ODS es que hoy ya ninguna agenda de desarrollo de ningún país se puede divorciar de estos tres elementos”, remarcó la ministra Sánchez.
