Nota informativa
El cambio climático constituye una amenaza tangible al pleno y efectivo ejercicio de los derechos humanos y sus efectos se acentúan de manera desproporcionada en los países y segmentos de la población que ya se encuentran en desventaja, advierte el libro Cambio climático y derechos humanos: contribuciones desde y para América Latina y el Caribe publicado en conjunto por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
El documento fue presentado el lunes 9 de diciembre en el marco de la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25), que se celebra en Madrid, España, con la presencia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y del Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, Joseluis Samaniego, en representación de la Secretaria Ejecutiva de la comisión regional, Alicia Bárcena, entre otras autoridades.
La máxima representante de la CEPAL envió un saludo en video en el que recordó que el cambio climático es la mayor falla del mercado de la historia y la expresión máxima de la desigualdad intergeneracional.
“Nuestra región conoce bien sus impactos. Todos nuestros países, particularmente en Centroamérica y el Caribe, ya se encuentran fuertemente afectados por la variación del clima, el aumento de las temperaturas, la subida del mar, la acidificación de los océanos y la mayor intensidad y frecuencia de catástrofes ligadas al cambio climático”, afirmó.
Alicia Bárcena añadió que resulta esencial que frente al desafío del cambio climático “coloquemos a la igualdad y a los derechos humanos en el centro de nuestra acción. No debemos olvidar que la crisis climática es también una crisis de derechos humanos”, subrayó.
El informe señala que, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, la acción climática debe tener en cuenta y asegurar el respeto, la protección y la realización de los derechos de todas las personas, en particular de las más vulnerables.
Alerta que los efectos perjudiciales del cambio climático afectan a todos los derechos humanos. El calentamiento global no solo incide en el derecho a la salud, a la alimentación, al agua, a la cultura, al desarrollo o a una vivienda adecuada, sino que amenaza la supervivencia misma de las personas y su derecho a la vida y a la integridad física.
Asimismo, la elevación del nivel del mar y el incremento de la temperatura del agua, el deshielo de los polos y glaciares, el aumento de la frecuencia de las olas de calor y los fenómenos de calor extremo, las fuertes precipitaciones y las crecientes sequías o el aumento de los desastres generados por el calentamiento global, merman de manera significativa la protección, promoción y el pleno ejercicio de los derechos humanos.
El libro subraya que las dramáticas consecuencias del cambio climático resultan aún más agudas para las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos mujeres, pueblos indígenas, niños y niñas, jóvenes, migrantes, personas con discapacidad, comunidades ribereñas y grupos de bajos ingresos, que se ven desproporcionadamente afectados por aquellas.
Por ello, agrega, la acción climática debe ser coherente con las obligaciones, los estándares y los principios de derechos humanos.
“Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger, hacer efectivos y promover todos los derechos humanos para todas las personas en condiciones de igualdad y no discriminación. Por ello, deben tomar medidas afirmativas para prevenir vulneraciones de derechos humanos causadas por el cambio climático, incluidos los daños previsibles a largo plazo”, enfatiza el documento.
Respecto a América Latina y el Caribe, el libro advierte que, pese a ser menos responsable de las causas del cambio climático, la región es altamente vulnerable a sus efectos.
Destaca los aportes de la región al nexo entre el cambio climático y los derechos humanos, en particular el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, que representa una valiosa contribución regional para velar por que las acciones en materia medioambiental y del clima respeten, protejan y hagan efectivos los derechos humanos y los principios democráticos básicos.
Sin embargo, pese a los significativos avances, la región mantiene pendientes importantes desafíos.
“Los países de la región no solamente deben cumplir plenamente sus obligaciones de carácter internacional, regional y nacional en materia de derechos humanos y cambio climático, sino que han de asegurarse que las acciones realizadas sobre el terreno sean eficaces y adecuadamente financiadas, además de abarcar por igual a todos los sectores de la sociedad, en particular aquellos que se encuentran en situación de mayor riesgo”, señala el texto.
Añade que, por otra parte, debido a que se trata de una de las regiones más peligrosas para los defensores de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente, América Latina y el Caribe debe también seguir luchando con decisión para hacer frente al lamentable patrón de los acosos, ataques, amenazas e intimidación contra aquellos que defienden nuestro entorno común.
“Esperamos que la región de América Latina y el Caribe se mantenga a la vanguardia de la acción por el clima basada en los derechos humanos”, concluye el documento.