Daria Suárez Rehaag (M.B.A.) y Daniela Bolaños Torres (Bach.)
Centro de investigación y Promoción para America Central de Derechos Humanos (CIPAC).
Las Naciones Unidas aprobaron en 2015 los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que fueron desagregados en 169 metas con miras a trabajar por un desarrollo socioeconómico sostenible e inclusivo (UNEVOC, 2015). Sin embargo, a pesar del ideal de construir mejores sociedades a partir de esta agenda, no se pueden obviar las barreras y desafíos que afectan la capacidad de los Estados para implementarla. Las sociedades deben responder desde diferentes frentes de lucha. En este caso, las brechas sociales son el principal enemigo y no siempre se dan respuestas eficaces, o no hay medios para aplicarlas.
En el marco de los ODS se utiliza el lema de no dejar a nadie atrás”. Ello significa que, como guía fundamental de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se debe abogar por la inclusión y la consideración de todo factor por el que se excluye socialmente (Escuela Superior del Personal del Sistema de las Naciones Unidas, 2016). En consecuencia, las personas mayores deben ser reconocidas como sujetos de los resultados buscados con estos Objetivos, más aún si se tiene en cuenta que es un grupo demográfico creciente. De acuerdo con Naciones Unidas (2019), se proyecta que las personas mayores en América Latina y el Caribe pasen de un 11,4% a un 25% del total de la población en un período de 35 años, con la expectativa de un crecimiento a un ritmo mucho más acelerado a partir de 2030.
No es casualidad que la sociedad civil vea con impotencia cómo, año tras año, los compromisos asumidos con esta población en aumento se quedan en buenas intenciones y en pasos poco significativos, sobre todo en materia de derechos humanos. Por ejemplo, en 2017 entró en vigor en el continente americano la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, pero pocos países la han ratificado o siquiera firmado (OEA, 2019).
Existe, además, el problema generalizado de que, cuando se hace referencia a medidas que favorezcan a las personas mayores, predomina un enfoque asistencialista (Mautone, 2012). También hay una desvinculación del proceso de envejecimiento, en el sentido de que este no comienza cuando se cumple una edad oficial (60 o 65 años), sino desde antes. Por otra parte, se olvida que las personas mayores viven realidades diversas, pues su situación puede variar si se trata, por ejemplo, de una mujer, migrante, centroamericana, con discapacidad o con una orientación sexual o identidad de género no heteronormada.
Las personas mayores se enfrentan a distintas formas de violencia y abandono, situaciones que se van incrementando en nuestras sociedades (OMS, 2017). Los recursos de subsistencia, como las pensiones, en su mayoría son insuficientes para garantizar una vida digna. Los sistemas que los resguardan son cada vez más vulnerables al colapso y no están preparados para el cambio demográfico (OIT, 2017). Las dificultades de acceso al trabajo, a la salud, a la vivienda y a las nuevas tecnologías aíslan más y más a esta población. Por otra parte, existe un escaso reconocimiento de las sexualidades en la vejez, lo que incide en que no haya un desarrollo integral de estas personas en sus entornos (Universidad de Harvard, 2009). Estas situaciones se radicalizan en el caso de las poblaciones lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT).
El Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género[1] señaló recientemente que las personas mayores LGBT se enfrentan al aislamiento social y a la soledad, dado el rechazo familiar y la falta de reconocimiento de distintas formas de familia. Lo anterior viene de la mano de otros aspectos que afectan de forma generalizada a las poblaciones LGBT. Entre ellos cabe mencionar la persistencia de normativas discriminatorias, la falta de acceso a la justicia y la lucha ineficiente contra los abusos de derechos humanos, la falta de sensibilización sobre las realidades de estas poblaciones, los espacios educativos y laborales poco seguros y discriminatorios, el limitado acceso a la vivienda y la desigualdad en el acceso a la salud, junto con la patologización e incluso la criminalización de su orientación sexual e identidad de género (Madrigal-Borloz, 2019). Estos factores a largo plazo inciden en la forma de vivir la vejez.
El Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC) ha investigado la situación de las personas mayores LGBT en Centroamérica. Los resultados no son incongruentes con los expuestos por el Experto Independiente. Se ha determinado que estas personas experimentan una mayor vulnerabilidad respecto a sus pares heterosexuales. Ello puede deberse a que tienen redes de apoyo reducidas o inexistentes (pocas personas mayores LGBT tienen descendencia y muchas han sido rechazadas por sus familias), menores ingresos (debido a la inestabilidad laboral a lo largo de su vida), soledad y aislamiento (motivados por el miedo al rechazo y a los diversos tipos de homofobia, incluida la que se dirige a las personas lesbianas, bisexuales o transgénero), salud más deteriorada (debido a estilos de vida poco saludables por estrés de minoría [2]), atención y cuidado deficientes (desconocimiento e irrespeto de sus necesidades como población LGBT) y marginación en la toma de decisiones (con políticas y normativas que no mencionan el tema de las sexualidades y, mucho menos, aspectos como la orientación sexual o la identidad de género en las personas mayores) (CIPAC, 2017).
Estas problemáticas se derivan de una estructura heteronormativa que discrimina en función de la orientación sexual y la identidad de género, sobre la base de visiones limitadas y estereotipadas de la sexualidad. Esta discriminación no se debe a que existan personas con sexualidades no heteronormativas, sino a ideas impuestas, según las cuales no se las reconoce como seres humanos. El hecho de entender esta realidad coadyuva a visibilizar que también hay quienes no se identifican como personas LGBT, pero sufren exclusión por esa misma causa. Además, pone de relieve los efectos de la discriminación múltiple y el necesario enfoque de interseccionalidad, porque las consecuencias de la desigualdad se experimentan desde distintos planos y a largo plazo, como sucede en el caso de la vejez.
Debido a estas realidades, el CIPAC ha construido un enfoque integral de la dignidad humana para abordar temáticas relacionadas con los derechos de las personas mayores LGBT. Según este enfoque, cada persona está mediada por aspectos biológicos y psicológicos, pero también sociales, que inciden en el reconocimiento de su dignidad humana. Aunque todas las personas tienen dignidad, a no todas se les reconoce y garantiza en igualdad de condiciones, en razón de construcciones sociales hegemónicas que crean exclusión.
Sobre esta base, es posible entender las sexualidades y concluir que existen poblaciones que son más vulnerables, como las personas mayores, particularmente las que son LGBT. Ello se debe a que se limita la comprensión de la sexualidad a esa heteronormatividad y se equipara con las prácticas sexuales (cuando estas solo representan uno de sus tantos elementos). Se olvida que la sexualidad es un aspecto elemental de la vida, mediada por la dignidad e influenciada por múltiples factores que inciden en la vida social de los individuos.
Por tanto, el tema de la sexualidad humana debe ser prioridad cuando se habla de desarrollo, porque tiene que ver con la forma en que las personas se interrelacionan en todo espacio. Asimismo, está asociado con el ejercicio de la autonomía personal, de libertades y, sobre todo, de derechos. Estos van desde la salud integral, el acceso al patrimonio, la vinculación familiar y la recreación hasta la efectiva garantía de una vida digna y libre de violencia. No es posible garantizar una vida integral si no se incluye el tema de las sexualidades como factores transversales al desarrollo y humanamente plurales.
<>No dejar a nadie atrás no puede ser un simple lema. No se puede decir que se está abogando por un desarrollo sostenible donde los seres humanos son el foco principal por los efectos de las desigualdades si no se contempla verdaderamente a las personas desde sus realidades diversas. La humanización del desarrollo no puede limitarse al discurso de que los derechos humanos son transversales en los ODS y que implícitamente se está incluyendo a poblaciones como las personas mayores LGBT, porque no está sucediendo. La humanización implica que los sectores que tienen poder sociopolítico y económico se den cuenta de estas problemáticas y actúen para reducir las brechas que vulneran, porque el principio de igualdad se ha quedado en las palabras.
Lo anterior es un ejercicio que incomoda. Requiere que quienes tienen ese poder se cuestionen y reflexionen sobre los privilegios que se reproducen para unos pocos desde la estructuración social, privilegios que incluso son esas mismas personas quienes los gozan. También implica reconocer que, pese a que se deben priorizar temas como la estabilidad económica, estas prioridades no se pueden seguir usando como excusa para no actuar en el ámbito de los derechos humanos y el reconocimiento de la dignidad humana para todos y todas.
La dignidad humana no debe estar sujeta a condiciones; sino que debe ser respetada y garantizada. Toda persona necesita que el proceso de envejecimiento y su vejez sean incluyentes. Cada vez habrá más personas mayores en el mundo. No es posible lograr un desarrollo sostenible que haga frente a ese cambio si no se acepta que las acciones son hasta ahora limitadas y que seguirán siendo excluyentes mientras que no se reconozca plenamente a las personas mayores.
Bibliografia
Arauco, N. y otros (2018), Panorama de envejecimiento y dependencia en América Latina y el Caribe, Washington, D.C., Banco Interamericano de Desarrollo (BID), enero.
CIPAC (Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos) (2015), Situación de población adulta mayor LGBT en Costa Rica, El Salvador y Panamá, San José [en línea].
Escuela Superior del Personal del Sistema de las Naciones Unidas (2016), “La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, Bonn [en línea].
Madrigal-Borloz, V. (2019), “Report on socio-cultural and economic inclusion”, Ginebra, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) [en línea].
Mautone, M. (2012), “El principio de igualdad y no discriminación en la vejez y la introducción de la perspectiva de edad”, Los derechos de las personas mayores en el siglo XXI: situación, experiencias y desafíos, S. Huenchuan (ed.), Ciudad de México, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Meyer, I. (2003), “Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations: conceptual issues and research evidence”, Psychology Bulletin, vol. 129, N° 5, Washington, D.C., American Psychological Association (APA), septiembre.
Naciones Unidas (2019), “World Population Prospects 2019” [en línea] .
OEA (Organización de los Estados Americanos) (2019), “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (A-70): estado de firmas y ratificaciones”, Washington, D.C. [en línea].
OIT (Organización Internacional del Trabajo (2017), Informe Mundial sobre la Protección Social 2017-2019: la protección social universal para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Ginebra.
OMS (Organización Mundial de la Salud) (2017), “Aumenta el maltrato a las personas de edad: según la OMS, afecta a uno de cada seis ancianos”, Ginebra, 14 de junio [en línea].
UNEVOC (Proyecto Internacional de la UNESCO sobre Enseñanza Técnica y Profesional) (2015), “Aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, Bonn, diciembre [en línea].
Universidad de Harvard (2009), “Attitudes about sexuality and aging”, Cambridge, marzo [en línea].
Wong, R. y A. Palloni (2009), “Aging in Mexico and Latin America”, International Handbook of Population Aging, P. Uhlenberg (ed.), Berlín, Springer.
[1] El Experto Independiente es una persona nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Véase Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), “Experto Independiente sobre orientación sexual e identidad de género” [en línea].
[2] El estrés de minoría se refiere a los altos niveles de estrés derivados de la discriminación y estigmatización de las minorías, que afectan el desarrollo de las personas, particularmente en cuanto a su salud mental. Véase Meyer (2003).
