El taller dio continuidad al trabajo previo llevado a cabo por el Programa de Apoyo a la GIRH del ODS 6, coordinado por representantes de GWP de Centroamérica y Sudamérica, Fabiola Tabora, Molly Robbins y el Centro de Agua y Medio Ambiente PNUMA-DHI, con la colaboración de Cap-Net y la CEPAL. Durante 2025, Chile, Colombia, Ecuador y El Salvador recibieron asistencia para elaborar sus Planes de Acción de GIRH, mientras Perú avanzó en una iniciativa vinculada con la conservación y restauración de ecosistemas de agua dulce. Este proceso permitió que los países llegaran al encuentro con acciones priorizadas y alineadas con los ODS, las contribuciones climáticas nacionales y sus planes de adaptación. 

El encuentro, contó con una metodología participativa y orientada a resultados, combinando exposiciones técnicas, paneles, trabajo en grupos nacionales e intercambio entre pares. Las delegaciones revisaron sus perfiles de proyecto con el apoyo de socios técnicos y financieros, identificaron desafíos compartidos e incorporaron criterios de resiliencia climática, gobernanza y estructuración financiera. El resultado fue una ruta clara de trabajo para seguir afinando las propuestas y vincularlas con oportunidades de cooperación e inversión.

Sesión inaugural: de los diagnósticos a los resultados

La apertura, el 19 de agosto, estuvo a cargo de Angela Penagos, Directora de la oficina de CEPAL en Colombia y Supervisora de la Unidad de Agua y Biodiversidad de la División de Recursos Naturales de la CEPAL, quien participó vía Zoom junto con representantes del PNUMA, GWP y el Ministerio de Obras Públicas de Chile (país anfitrión).

En su intervención, Angela Penagos destacó que “La brecha hídrica de la región no es solamente una brecha de infraestructura o de financiamiento. Es también una brecha de implementación”. “Tenemos políticas, planes y compromisos importantes. El desafío es generar las capacidades institucionales, técnicas y financieras que permitan convertirlos en resultados.”

Resaltó que la CEPAL compartiría durante el taller dos líneas de investigación prioritarias: la gobernanza de las aguas transfronterizas y el financiamiento de la seguridad hídrica. Sobre la primera, ofreció una cifra que enmarcó la discusión de ambos días: alrededor del 71% de las aguas superficiales de América Latina y el Caribe son transfronterizas, 22 de los 33 países de la región comparten ríos, lagos o acuíferos con otro Estado, y de esos sistemas compartidos depende la vida de cerca del 40% de la población regional. Advirtió, además, que el estándar jurídico internacional se está endureciendo. Las recientes opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Justicia, junto con el caso Silala entre Chile y Bolivia, “coinciden en un mismo punto: la cooperación de buena fe, el intercambio de información y la prevención del daño transfronterizo dejaron de ser aspiraciones de política para convertirse en obligaciones jurídicas exigibles.” Y es un estándar que cobra un significado particular en el momento que vive nuestra región. Vivimos un contexto global en el que varios acuerdos históricos de cooperación hídrica atraviesan tensiones o retrocesos. Frente a esa fragmentación internacional, América Latina y el Caribe tiene la oportunidad innovar: mostrar que la cooperación hídrica transfronteriza puede convertirse en una plataforma real de integración regional, y no quedar únicamente como un ejercicio técnico de gestión de cuencas.

Relevó que desde CEPAL, la gobernanza del agua compartida como algo más que un tema sectorial: la vemos como una oportunidad estratégica de integración. El agua es uno de los activos estratégicos de América Latina y el Caribe: para la seguridad alimentaria, para la transición energética, para la resiliencia climática y, cada vez más, para la posición de nuestra región en un mundo que compite por el acceso a recursos naturales críticos. Fortalecer la gobernanza transfronteriza del agua es, en ese sentido, fortalecer uno de los pilares sobre los que la región puede construir una integración más profunda.

Sobre el financiamiento, relevó que: “Avanzar en seguridad hídrica no depende únicamente de movilizar más recursos, sino de construir las condiciones institucionales, técnicas y financieras que permitan transformar esos recursos en inversiones viables, ejecutables y sostenibles.” Cerró su intervención con una invitación “Aprovechemos este taller para hablar no solamente de lo que debería hacerse, sino de qué podemos implementar, cómo podemos hacerlo, con qué instrumentos y mediante qué alianzas.”

Posteriormente, la presentación de Javier Neme, representante de la Oficina para América Latina y el Caribe del PNUMA, destacó que cerrar las brechas hídricas requiere fortalecer las estadísticas ambientales y la inteligencia hídrica. Las plataformas bajo custodia del PNUMA permiten integrar información sobre calidad del agua, implementación de la GIRH y estado de los ecosistemas, aportando evidencia para identificar riesgos, orientar la planificación por cuenca y formular proyectos más sólidos. 

Esta información es también una condición para movilizar inversiones sostenibles. Contar con datos confiables, metas verificables y una valoración adecuada de los beneficios ambientales permite avanzar desde fuentes tradicionales hacia instrumentos innovadores —como financiamiento temático, mecanismos por resultados, garantías y finanzas mixtas— que incorporen la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas hídricos como componentes centrales de la seguridad hídrica.

Luego, la presentación de Virginia Barbancho, representante de la Secretaría Técnica Permanente de CODIA, destacó el valor de la cooperación iberoamericana como plataforma para fortalecer la GIRH y acompañar la maduración de los perfiles de proyecto. Como mecanismo intergubernamental de cooperación técnica, si bien, CODIA no otorga préstamos ni donaciones, si contribuye a articular intercambio entre pares, armonización técnica y posiciones comunes en espacios multilaterales. Sus instrumentos, como el Marco Común Iberoamericano en Calidad de las Aguas, el Programa de Formación Iberoamericano, el análisis de indicadores del ODS 6 y los grupos de trabajo, ofrecen a los países herramientas para fortalecer capacidades, mejorar la calidad de la información y enriquecer las iniciativas presentadas durante el taller. 

En su exposición relevó el Grupo de Trabajo de Financiación de CODIA como una oportunidad para avanzar hacia una GIRH iberoamericana financieramente sostenible. El grupo trabajará en la elaboración de un diagnóstico regional de brechas y necesidades de financiamiento, un catálogo de instrumentos y una posición regional para el diálogo con organismos socios. Esta hoja de ruta permite vincular los perfiles nacionales con una narrativa colectiva y con oportunidades de cooperación técnica y financiera, en un ciclo que incluye la XXVII CODIA de Zaragoza en octubre de 2026 y espacios regionales y globales de diálogo durante 2027.

La presentación de la FAO, a través de Milza López destacó la paradoja hídrica de América Latina y el Caribe: pese a concentrar el 34% del agua dulce renovable mundial y registrar la mayor disponibilidad per cápita del planeta, la región enfrenta escasez localizada, desigualdad de acceso y creciente presión sobre sus sistemas productivos. Este desafío es particularmente relevante para la agricultura, sector que concentra el 73% de las extracciones globales de agua, en una región donde 41 millones de personas padecen hambre. Frente a esta realidad, la FAO propuso abordar el agua mediante el nexo agua-energía-alimentos-ecosistemas, reconociendo que la seguridad hídrica, alimentaria y ambiental deben planificarse de forma integrada. 

Como organismo custodio de los indicadores ODS 6.4.1 sobre eficiencia en el uso del agua y 6.4.2 sobre estrés hídrico, la FAO presentó herramientas como AQUASTAT, WaPOR, D-IAP y ASIS para apoyar el monitoreo de recursos hídricos, productividad agrícola y sequías. Si bien, Milza señaló que FAO no financia directamente los proyectos, sí realiza acompañamiento a los países durante su preparación e implementación como agencia implementadora del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y entidad acreditada ante el Fondo Verde para el Clima. Además, puso a disposición asistencia técnica para balances hídricos, digitalización, gobernanza, planificación de cuencas, pre-inversión y fortalecimiento de capacidades, contribuyendo a construir proyectos hídricos resilientes y elegibles para fondos climáticos.

La presentación de Rodrigo Barra, en representación del BID, planteó que estructurar un proyecto de GIRH significa transformar un problema hídrico-territorial en una intervención concreta, con objetivos verificables, actores responsables, riesgos asignados, fuentes de financiamiento identificadas y condiciones de sostenibilidad técnica, ambiental, social, institucional y financiera. La exposición subrayó que la GIRH no se resuelve solo con planificación: requiere reglas, información e incentivos capaces de alinear las decisiones del Estado, los operadores, los usuarios, los territorios y las entidades financieras en torno a resultados exigibles. 

Hizo un llamado, a mirar los proyectos con otros lentes y a replantearlos para hacer más visible su valor estratégico y más atractiva su propuesta ante potenciales socios e inversionistas. Esto implica ir más allá de la solución técnica, mostrando cómo cada iniciativa contribuye a la seguridad hídrica, la resiliencia climática, la protección de los ecosistemas, el desarrollo territorial y la generación de resultados medibles. En esa línea, destacó el potencial de la colaboración público-privada, las garantías, los mecanismos vinculados al desempeño y las conversiones de deuda para movilizar inversiones que integren reúso de agua, saneamiento, recarga de acuíferos y conservación de infraestructura natural.

Posteriormente, Agustín Alonso, en representación de CAF, destacó el papel del banco como socio de largo plazo para transformar las acciones priorizadas en los Planes de Acción de GIRH y las Hojas de Ruta en operaciones concretas. Su enfoque articula cuatro etapas: priorización de acciones, estructuración de perfiles y pre-inversión, financiamiento mediante instrumentos adaptados a cada país, y cooperación regional para fortalecer la gobernanza transfronteriza y el aprendizaje entre pares. En este marco, CAF situó a la cuenca como unidad de gestión y a la GIRH como un eje central de su agenda de seguridad hídrica, resiliencia frente a sequías e inundaciones y financiamiento verde. 

Presentó un portafolio que combina préstamos soberanos y no soberanos, garantías, líneas de crédito, cooperaciones técnicas no reembolsables, financiamiento combinado, instrumentos vinculados a sostenibilidad, canjes de deuda por naturaleza y apoyo a bonos temáticos de agua y resiliencia. Destacó especialmente la Facilidad CAF-PPSA, orientada a llevar las ideas de proyecto a una etapa financiable mediante estudios de factibilidad, ingeniería de detalle, documentos de licitación y supervisión externa. La institución también compartió experiencias en cuencas transfronterizas, como Puyango-Tumbes, lago Titicaca, Cuenca del Plata y río Lempa, demostrando que la cooperación técnica, la pre-inversión y los mecanismos innovadores pueden movilizar recursos para una gestión hídrica sostenible a escala regional.

La paradoja de la cooperación sin gestión hídrica

La primera línea de investigación de la CEPAL fue presentada por Michael Peter Hantke Domas, consultor de la Unidad de Agua y Biodiversidad de la División de Recursos Naturales, en el bloque sobre gobernanza en aguas transfronterizas del primer día. Su diagnóstico, construido sobre tres cuencas compartidas de la región —el Valdivia entre Chile y Argentina, el Lempa entre El Salvador, Guatemala y Honduras, y el Artibonito entre República Dominicana y Haití—, expuso una contradicción incómoda: la región con más agua compartida del mundo es, a la vez, la que menos la gestiona de forma conjunta. Solo el 30,5% de la superficie de las cuencas transfronterizas de América Latina y el Caribe cuenta con arreglos operativos de cooperación, frente a un promedio mundial del 58%.

En los tres casos estudiados existe cooperación institucionalizada —tratados vigentes, órganos conjuntos, décadas de historia diplomática—, pero ninguno constituye un arreglo operacional pleno según los cuatro criterios del ODS 6.5.2. La causa, explicó Hantke Domas, no es la falta de voluntad de cooperar, sino algo más específico: “la ausencia de un mandato hídrico específico en los órganos de cooperación existentes, combinada con la brecha informativa y la desalineación regulatoria.” De las cinco barreras transversales identificadas en los tres casos, la informativa —la falta de intercambio de datos hidrológicos entre Estados— resultó ser la más persistente.

El análisis conectó directamente con la agenda de inversión: las barreras de gobernanza, sostuvo, operan como condiciones inhabilitantes para movilizar la brecha de inversión hídrica transfronteriza de la región, estimada en 37.000 millones de dólares anuales hasta 2030. La presentación cerró con una pregunta dirigida a los propios países presentes: “La próxima política que diseñen o acompañen. ¿Incluirá un arreglo operacional de cuenca, o estará pensada para una región que no existe?” 

Estructuración Financiera y marcos de financiamiento para la sostenibilidad

La segunda línea de investigación de la CEPAL, presentada por la Dra. Silvia L. Saravia Matus, Oficial de Asuntos Económicos de la División de Recursos Naturales, se basó en el estudio de la CEPAL “Marco de financiamiento para la seguridad hídrica en América Latina y el Caribe”. El documento plantea que la principal brecha regional no es solo de recursos, sino de capacidad para transformar necesidades hídricas en proyectos viables, sostenibles y financiables. 

Destacó que el Marco de Financiamiento para la Seguridad Hídrica propone estructurar las inversiones desde las dimensiones estratégica, económica, comercial, financiera y de gestión, incorporando desde el inicio la gobernanza y la sostenibilidad. Sobre esta base, la presentación abordó la selección de instrumentos financieros de acuerdo con las características, riesgos y resultados esperados de cada proyecto.

Su planteamiento partió de una advertencia sobre un error frecuente en la formulación de proyectos: “No existe un instrumento financiero ‘mejor’ en abstracto. El instrumento correcto depende del problema hídrico, del riesgo, del flujo de repago, de la madurez del proyecto y de la capacidad de medir resultados.”

Describió la brecha entre las necesidades hídricas identificadas y la inversión efectivamente ejecutada como una secuencia que se rompe en distintos puntos: falta de datos estructurados, preparación técnica insuficiente, debilidades de gobernanza institucional, ausencia de modelos de repago definidos y una insuficiente reducción de riesgos. Antes de elegir un instrumento, insistió, los países deben responder preguntas básicas, ¿cuál es el problema hídrico?, ¿quién puede pagar?, ¿existe flujo de repago?, ¿el proyecto está listo para financiarse?, porque “el error más común es partir diciendo: ‘queremos un bono verde’ o ‘queremos una APP’. La pregunta correcta es qué tipo de problema tenemos y qué condiciones existen para financiarlo.”

Para ordenar la discusión, propuso organizar el universo de instrumentos en cuatro familias según el problema que resuelven: financiamiento temático (bonos verdes, sociales, sostenibles o azules; líneas de crédito especializadas; leasing verde) cuando el destino de los fondos ya está definido; instrumentos de desempeño y resultados (bonos y préstamos vinculados a sostenibilidad, ESCO, APP con pagos por desempeño) cuando el financiamiento depende de metas medibles; mecanismos de reducción de riesgos y liquidez (garantías parciales, fondos de primera pérdida, seguros paramétricos) cuando el riesgo es lo que bloquea la inversión; y finanzas mixtas y estructuración avanzada (vehículos de propósito especial, fideicomisos, titularización, blended finance) cuando se necesita movilizar capital a escala con múltiples actores. Cerró con una idea que sintetizó el sentido de toda la sesión: “En agua, financiar mejor no significa solamente conseguir más dinero. Significa construir las condiciones para que las inversiones lleguen, se ejecuten y produzcan resultados sostenibles.” 

En la sesión técnica sobre estructuración financiera, el representante de CAF, Agustín Alonso, presentó rutas específicas para acompañar la maduración de los cinco perfiles de proyecto trabajados en el taller. La exposición destacó que Chile, Ecuador, El Salvador y Perú ya cuentan con desafíos priorizados y propuestas con distintos niveles de avance, mientras Colombia continúa definiendo su perfil de GIRH prioritario. El enfoque planteado busca conectar cada iniciativa con instrumentos de pre-inversión, fortalecimiento institucional, soluciones basadas en la naturaleza y mecanismos de financiamiento acordes con sus necesidades. 

La caja de herramientas de CAF incluye la Facilidad CAF-PPSA para financiar estudios de factibilidad y diseños finales; un marco metodológico para priorizar soluciones basadas en la naturaleza; evaluaciones institucionales para prestadores y entidades ejecutoras; contratos basados en resultados; metodologías para reducir pérdidas de agua; y herramientas de transformación digital. Estas alternativas permitirían fortalecer, por ejemplo, la gobernanza transfronteriza en las cuencas Puelo, Palena y Baker; la factibilidad del manejo integral de la cuenca del río Chambo; los sistemas de inteligencia hidrogeológica y cosecha de agua lluvia en El Salvador; y el programa peruano Ríos Vivos. 

La presentación subrayó que la cooperación regional puede multiplicar el impacto de estas inversiones. Los antecedentes de CAF en las cuencas Puyango-Tumbes, lago Titicaca y río Lempa muestran cómo la asistencia técnica, la pre-inversión, el fortalecimiento institucional y mecanismos como el canje de deuda por naturaleza pueden apoyar la gestión de cuencas compartidas. En este marco, los perfiles trabajados por los países se proyectan como potenciales componentes de una cartera regional de inversiones en agua resiliente al clima.

Perfiles nacionales y sus avances

El intercambio técnico permitió que las delegaciones fortalecieran propuestas con objetivos, escalas y desafíos diferenciados:

• Chile presentó una iniciativa orientada a fortalecer la gobernanza de las cuencas transfronterizas de los ríos Puelo, Palena y Baker ubicados en la Patagonia. La propuesta incorpora los principios de la gestión integrada de los recursos hídricos en los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos y busca consolidar tres Mesas Estratégicas de Recursos Hídricos, lideradas por la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas. Durante el taller, el equipo reforzó además el vínculo entre la gestión hídrica, el desarrollo económico local, la participación comunitaria y las actividades productivas propias de la Patagonia.
• El Salvador reportó avances en la implementación de su Plan de Acción de GIRH, articulado con la Ley General de Recursos Hídricos y la Autoridad Salvadoreña del Agua, que contempla 97 acciones priorizadas. En el trabajo grupal, la delegación avanzó en la estructuración de un sistema de inteligencia hidrológica para la seguridad hídrica, destinado a fortalecer la información sobre acuíferos, la modelación climática, la toma de decisiones y la priorización de inversiones.
• Colombia, junto con Ecuador, presentó el proyecto binacional para la gestión del acuífero transfronterizo Tulcán–Ipiales, en el marco del Programa de Acción Estratégica suscrito por ambos países en 2025. Liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, la iniciativa prevé beneficiar a más de 300.000 habitantes y constituye un avance relevante para fortalecer la cooperación en la gestión de aguas subterráneas compartidas.
• Ecuador presentó un perfil para el manejo integral de la cuenca del río Chambo, en Chimborazo, que considera el embalse del río Atillo, la protección de la cuenca del río Alao y el fortalecimiento de sistemas de agua potable en Guamote. La propuesta cuenta con un presupuesto estimado de USD 33,9 millones. A partir de los comentarios recibidos durante el taller, el país reforzó la fase inicial de análisis y priorización de alternativas, la gobernanza con comunidades indígenas y el respaldo institucional necesario para fortalecer la sostenibilidad de la intervención.
• Perú dio a conocer avances de Ríos Vivos, Programa Nacional de Caudales Ecológicos liderado por la Autoridad Nacional del Agua, que abarca 159 unidades hidrográficas y cuenta con un presupuesto de USD 2,25 millones. El equipo incorporó criterios de cambio climático en su metodología y fortaleció las alianzas con el Ministerio del Ambiente y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con el propósito de consolidar la iniciativa como una prioridad nacional vinculada con las estrategias de clima y biodiversidad.

Del diagnóstico a una ruta de implementación

El taller concluyó con un avance sustantivo: las delegaciones no solo compartieron necesidades y expectativas, sino que transformaron sus prioridades nacionales en perfiles de proyecto más claros, articulados y orientados a la implementación. Los países llegaron con la necesidad de pasar de los planes, hojas de ruta y diagnósticos a iniciativas concretas de infraestructura, gobernanza y resiliencia climática; al cierre, contaban con propuestas ajustadas, mejores criterios para estructurarlas y una comprensión más precisa de las condiciones técnicas, institucionales y financieras necesarias para hacerlas viables.

Las expectativas sobre acceso a financiamiento también evolucionaron durante el proceso. El principal resultado no fue la identificación inmediata de una fuente de recursos, sino la consolidación de la premisa compartida que los proyectos deben estar suficientemente preparados antes de buscar financiamiento. Ello supone demostrar el problema que resuelven, su valor transformador, los beneficios para las personas y los ecosistemas, la capacidad institucional para ejecutarlos, sus resultados medibles y su sostenibilidad de largo plazo.

El intercambio entre países, organismos de cooperación e instituciones financieras permitió ampliar la mirada sobre las alianzas necesarias. Los participantes identificaron que los socios no son únicamente quienes financian, sino también ministerios, autoridades ambientales, gobiernos locales, comunidades, usuarios, sectores productivos, entidades técnicas y organismos multilaterales capaces de aportar legitimidad, información, capacidades y respaldo político. 

El encuentro también confirmó que no existe una fórmula única para financiar o implementar la GIRH. Cada país deberá avanzar desde sus propios marcos normativos, prioridades territoriales, capacidades institucionales y características de sus proyectos. Sin embargo, el taller dejó una ruta común: fortalecer la preparación técnica, incorporar el cambio climático y la gobernanza desde el diseño, asegurar participación territorial, consolidar alianzas multinivel y seleccionar instrumentos financieros coherentes con la madurez y el riesgo de cada iniciativa.

En definitiva, el taller permitió avanzar desde el diálogo hacia una agenda de acción. El reto ahora es sostener el impulso generado, continuar refinando los perfiles nacionales y convertir las conexiones, aprendizajes y compromisos construidos durante estos dos días en proyectos implementables y financiables. Solo así será posible que la planificación hídrica se traduzca en resultados concretos para la seguridad hídrica, la resiliencia climática y la calidad de vida de las personas y los ecosistemas de América Latina y el Caribe.