Laís Abramo y Marta Rangel[1]
La historia de América Latina está íntimamente relacionada con la colonización europea, la conquista y la esclavitud. Esta última consistió tanto en la esclavización de parte de la población indígena como, en particular, de personas africanas traficadas intercontinentalmente [2]. El sistema esclavista perduró en la región por casi 400 años y ha dejado marcas profundas en nuestras sociedades. Entre ellas, se destacan las desigualdades estructurales que afectan a las poblaciones afrodescendientes y la persistencia y reproducción del racismo y de la discriminación étnica y racial manifestados en diferentes ámbitos del desarrollo y de los derechos, tales como la salud, la educación, el trabajo, la protección social y la posibilidad de vivir una vida libre de violencia.
La herencia del pasado colonial y esclavista y la reproducción de la desigualdad y de la discriminación racial a través de estructuras, instituciones, prácticas y patrones culturales vigentes hasta hoy, explican por qué la desigualdad racial es uno de los ejes estructurantes de la matriz de la desigualdad social en América Latina, junto con las desigualdades socioeconómicas, de género, territoriales y de edad (CEPAL, 2016c). Esas desigualdades no solamente se suman, sino que se entrecruzan, potencian y encadenan a lo largo del ciclo de vida. El análisis de la situación de los niños, niñas y adolescentes afrodescendientes en América Latina evidencia el entrecruzamiento de las desigualdades raciales y de aquellas basadas en la edad de las personas. La evidencia señala significativas carencias, brechas y vulneraciones de derechos en áreas fundamentales del desarrollo y bienestar de este grupo, tanto en lo que se refiere a indicadores básicos de salud y nutrición, como en el acceso a la educación, a los servicios básicos de infraestructura y a la posibilidad de vivir una vida libre de violencia, en entornos seguros y con oportunidades efectivas de movilidad social ascendente y de realización personal. Aun considerando que las estadísticas disponibles son insuficientes para medir adecuadamente las desigualdades raciales en la mayoría de los países de América Latina y en todas las dimensiones del desarrollo social y de la agenda de derechos que debieran ser consideradas, los datos evidencian el largo camino que hay que recorrer para que los niños, niñas y adolescentes afrodescendientes no sean dejados atrás en la senda del desarrollo y para que sus derechos sean garantizados [3].
Según la CEPAL, en 2015 la población afrodescendiente [4] de la región ascendía a 130 millones de personas, representando un 21,1% de la población total. Esta cifra es una estimación conservadora porque, a pesar de los recientes avances [5], en la mayoría de los países de la región persiste un importante déficit de estadísticas regulares y confiables sobre estas poblaciones (CEPAL, 2017a y 2017c).
La invisibilidad estadística puede ser considerada una manifestación más de la falta de reconocimiento de las poblaciones afrodescendientes y, por ello, tal visibilidad es parte de las demandas de reconocimiento de estos grupos.
Las exigencias de información desagregada por condición étnico-racial cobraron fuerza a partir de la Conferencia de Durban de la cual emanaron la Declaración y el Programa de Acción de Durban (2001). En esa instancia se recomendó a los países redoblar esfuerzos para contar con datos oficiales sobre las personas afrodescendientes a fin de evaluar y formular políticas dirigidas a esta población. Además, la desagregación de datos según condición étnico-racial forma parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible [6] y está expresamente establecida en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y en el Decenio para los Afrodescendientes (CEPAL, 2017a). Por lo tanto, un requisito necesario para identificar la condición de afrodescendiente es incluir preguntas de autoidentificación étnico-racial en todas las fuentes de datos (CEPAL, 2010; Del Popolo y Schkolnik, 2013). Esta es aún una tarea pendiente en la región, en especial en lo que se refiere a las encuestas de hogar de propósitos múltiples, las encuestas de empleo y los registros administrativos.
Desde una perspectiva del ciclo de vida [7], caracterizar la situación de la niñez y adolescencia afrodescendiente supone reflexionar sobre la forma en que las desigualdades raciales en América Latina se entrecruzan con aquellas basadas en la edad. Dicha perspectiva, crecientemente considerada en la discusión de las políticas públicas en América Latina, en especial en las de protección social, incorpora no sólo a la edad y su interacción con otros ejes estructurantes de la desigualdad, sino que contribuye a identificar el encadenamiento de las desigualdades en cada etapa de la vida de las personas, así como los principales factores que en cada una de ellas contribuyen a la reproducción de la desigualdad o abren oportunidades para reducirlas o superarlas (Cecchini y otros, 2015). Es una perspectiva que permite identificar desigualdades entre las personas situadas en diferentes etapas del ciclo de vida y también aquellas existentes entre personas en la misma etapa (CEPAL, 2017a). Asimismo, esas desigualdades se relacionan con las desigualdades sociodemográficas, socioeconómicas, de género y territoriales.
A. Algunos indicadores de contexto
Es necesario considerar que la situación de niños, niñas y adolescentes depende en gran medida de la situación de los hogares en que viven. En consecuencia, se presentarán algunos elementos de contexto acerca de la situación de las personas afrodescendientes. A pesar de un significativo proceso de reducción de la pobreza y de la extrema pobreza en América Latina entre 2002 y 2014, así como de la desigualdad de ingresos medida por el coeficiente de Gini (CEPAL, 2019), persisten importantes desigualdades raciales en esos indicadores. En cuatro de los cinco países para los cuales se dispone de información (Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay), las tasas de pobreza y extrema pobreza entre los afrodescendientes son significativamente más elevadas (CEPAL, 2017a y 2017c). De igual manera, la proporción de personas afrodescendientes en el quintil de menores ingresos era significativamente superior a la proporción de personas no afrodescendientes. Inversamente, el porcentaje de población no afrodescendiente en el quintil de mayores ingresos es muy superior al de la población afrodescendiente. En lo que se refiere específicamente a los niños, niñas y adolescentes, esta situación es todavía más grave, pues en 2016 la sobrerrepresentación de la población afrodescendiente de 0 a 14 años en el primer quintil de ingresos era mucho más marcada que en la población en general; en particular, en el Uruguay y el Brasil (gráfico 1). En el primer país, un 71% del total de niños y adolescentes afrodescendientes de 0 a 14 años se encontraba en el primer quintil de ingresos, en comparación con 48% de la población no afrodescendiente del mismo tramo de edad; en el Brasil, esas cifras alcanzaban un 54% y 32%, respectivamente (Abramo, 2019).
Gráfico 1
América Latina (5 países): distribución porcentual de la población afrodescendiente y no afrodescendiente de 0 a 14 añosa, según quintil de ingresos per cápita del hogar, alrededor de 2016
Fuente: L. Abramo (2019) sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países realizadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
a En la población no afrodescendiente no está incluida la población que se autoidentifica como indígena ni los casos en que se ignora la condición étnico-racial.
La pregunta sobre autoidentificación étnico-racial no se realizó en 2016 a los menores de 14 años en la encuesta de hogares del Perú ni a los menores de 5 años en el Ecuador. Ante la necesidad de disponer de información para toda la población, se decidió utilizar un indicador proxy a la condición étnico-racial infantil en estos países, para lo cual se aplicó un algoritmo de imputación que contempló el parentesco de los niños y niñas respecto de la persona que encabeza el hogar, el núcleo familiar al que pertenecen, la convivencia o no con ambos progenitores y la similar o distinta clasificación étnico-racial de los progenitores, entre otros parámetros.
A su vez, las desigualdades relacionadas con el acceso al mercado de trabajo y a la calidad de la inserción laboral de las personas adultas afrodescendientes también condicionan fuertemente sus posibilidades de superar las situaciones de pobreza y, por lo tanto, de garantizar niveles adecuados de vida a sus hijos e hijas. Como ya se ha demostrado, el desempleo, uno de los principales indicadores de exclusión del mercado laboral, afecta en mayor medida a las mujeres, a los jóvenes, a los pueblos indígenas y a las poblaciones afrodescendientes y, en particular, a las mujeres y jóvenes que forman parte de esos grupos (IPEA, 2011; CEPAL/UNFPA, 2011; CEPAL, 2013 y 2016c; Guimarães, 2012; Borges, 2004). En este sentido, y considerando a la población de 15 años y más del Brasil, el Ecuador, Panamá y el Uruguay, la tasa de desempleo de los afrodescendientes alrededor de 2016 era significativamente superior a la de los no afrodescendientes en todos los casos. En el Ecuador se observaba la brecha más acentuada, seguida por el Uruguay, Panamá y el Brasil. Además, en todos los países considerados, las tasas de desempleo eran significativamente más elevadas entre las mujeres afrodescendientes (Abramo, 2019).
Por último, al analizar los ingresos laborales por hora trabajada, incluso cuando se controla por el nivel de educación, se aprecia que las mujeres afrodescendientes se sitúan sistemáticamente en las posiciones inferiores de la escala de ingresos, y los hombres no afrodescendientes en las situaciones más favorables (CEPAL, 2016b, 2017a, 2017c y 2018b). Así, por ejemplo, entre las personas ocupadas con educación terciaria, las mujeres afrodescendientes reciben un ingreso por hora equivalente a un 58% del que reciben los hombres no afrodescendientes. Brechas como estas ciertamente tienen impacto en las brechas de bienestar experimentadas por los niños, niñas y adolescentes que están a su cargo (CEPAL, 2017a y 2017c).
La sobrerrepresentación de la población afrodescendiente, en especial de los niños, niñas y adolescentes en situaciones de pobreza y extrema pobreza, y las mayores dificultades de acceso al trabajo decente en sus hogares afectan directamente sus condiciones de salud, generando diferencias significativas en los niveles de mortalidad y expectativa de vida, entre otros. La inequidad en salud se vincula con desigualdades sociales profundas, injustas y evitables, que pueden superarse mediante intervenciones adecuadas y oportunas (CEPAL, 2017a, y 2017c).
Los datos de los censos muestran, para un conjunto de ocho países (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela), que la mortalidad en la infancia de la población afrodescendiente estimada a 2010 varía entre 10 por cada 1.000 nacidos vivos en Costa Rica y 26 por cada 1.000 nacidos vivos en Colombia (cuadro 1). Independientemente de los valores que asuma la tasa, la probabilidad de que un niño o niña afrodescendiente muera antes de cumplir un año de vida es superior a la de los no afrodescendientes en todos los países considerados, con la excepción de la Argentina. Las mayores brechas se registran en Colombia, el Uruguay, Panamá y el Brasil, países donde la mencionada probabilidad varía entre 1,6 y 1,3 veces el valor correspondiente a la niñez no afrodescendiente. Asimismo, la mortalidad infantil de la población afrodescendiente es siempre más elevada, tanto en las ciudades como en el campo, con excepción de la Argentina (CEPAL, 2017a y 2017c).
Cuadro 1
América Latina (8 países): estimaciones de mortalidad infantil, por condición étnico-raciala y zona de residencia, 2010. (En números por cada 1.000 nacidos vivos)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 2017a y 2018a sobre la base de estimaciones indirectas a partir de los microdatos censales.
a Las estimaciones se obtuvieron a través de métodos demográficos indirectos y un ajuste final del nivel de la mortalidad, sobre la base de las cifras oficiales vigentes para el total nacional, según el Observatorio Demográfico, 2016. Proyecciones de Población (CEPAL, 2017c).
b En la población no afrodescendiente no está incluida la población que se autoidentifica como indígena ni los casos en que se ignora la condición étnico-racial.
c Cociente entre la mortalidad infantil de la población afrodescendiente y no afrodescendiente.
Es lamentable que las interacciones entre los factores socioeconómicos y los determinantes próximos de la mortalidad infantil, así como la calidad de la atención en salud entregada, frecuentemente afectada por prácticas discriminatorias [8], han sido poco estudiadas para las poblaciones afrodescendientes. A ello se suma que, en determinados contextos, es muy importante promover una adecuación cultural de los servicios de salud en la cual se integren los saberes y prácticas de raíces africanas, lo que ocurre con poca frecuencia (CEPAL, 2017a, 2017b y 2017c).
Otro fenómeno altamente estratificado en la región es el embarazo en la adolescencia, mucho más acentuado entre las personas de menores recursos, en las zonas rurales y entre los pueblos indígenas y afrodescendientes (CEPAL, 2017a, 2017b y 2017c). El embarazo adolescente es un importante obstáculo para la conclusión de la trayectoria educativa y, por ende, para futuras oportunidades laborales de jóvenes y personas adultas. El entrecruce generacional y de género en materia de derechos sexuales y reproductivos resulta más acuciante cuando se agrega el factor étnico-racial. Ello exige una adecuada intervención de las políticas públicas, primero porque la tasa de fecundidad en la adolescencia no ha disminuido de la misma forma que la tasa global de fecundidad e incluso ha aumentado en algunos países en ciertos períodos. En segundo lugar, porque la maternidad a edades tempranas se asocia con las desigualdades socioeconómicas, ya que su frecuencia es mucho más acentuada entre las personas en situación de pobreza y con menores niveles educacionales, entre las que se encuentran sobrerrepresentadas las afrodescendientes. Asimismo, se relaciona con la desigualdad de género, puesto que la crianza y el cuidado recaen sobre todo en las jóvenes, sus madres y abuelas, independientemente de su situación conyugal o de la situación de cohabitación con el padre del bebé (Rodríguez, 2014).
Sobre la base de informaciones censales de comienzos de la década de 2010 es posible observar que el porcentaje de adolescentes afrodescendientes entre 15 y 19 años que eran madres en 8 de 11 países [9] supera el de las no afrodescendientes (gráfico 2). En todos esos países, entre un 14% y un 30% de las adolescentes afrodescendientes ya habían tenido al menos un hijo, y las más altas proporciones se daban en el Ecuador y en el Estado Plurinacional de Bolivia. También se observan brechas en el Brasil y el Uruguay, evidenciando que incluso los países con menores niveles de pobreza y que han implementado políticas de salud integrales y universales no han sido capaces de eliminar la desigualdad étnico-racial en este indicador (CEPAL, 2017a, 2017b y 2017c).
Gráfico 2
América Latina (11 países): proporción de adolescentes entre 15 y 19 años que son madres, por condición étnico-raciala , alrededor de 2010. (En porcentajes)
Fuente:: L. Abramo (2019) sobre la base de procesamientos especiales de los microdatos censales por medio de REDATAM 7 realizadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
a En la población no afrodescendiente no está incluida la población que se autoidentifica como indígena ni los casos en que se ignora la condición étnico-racial.
Finalmente, otra situación relacionada con la salud y el bienestar y que vulnera gravemente a la población afrodescendiente son las muertes violentas. En América Latina existe abundante evidencia de que los jóvenes son muy afectados por el fenómeno de la violencia, lo que constituye uno de los principales factores que contribuyen a la carga de morbilidad de esta etapa de la vida, especialmente entre los varones (Trucco y Ullmann, 2015) [10]. La condición racial introduce un factor adicional a esa realidad: las personas afrodescendientes, particularmente los jóvenes, corren mayores riesgos de ser registrados en la calle debido a los controles policiales con sesgo racista y son detenidos, encarcelados y condenados a penas más severas [11]. Del total de personas víctimas de homicidios en el Brasil en 2017, un 75,5% eran afrodescendientes y las mujeres afrodescendientes representaban el 66% del total de las mujeres víctimas de homicidio en el mismo periodo (IPEA, 2019) [12]. Asimismo, para adolescentes y jóvenes afrodescendientes de sexo masculino entre 12 y 29 años, el riesgo de exposición a la violencia era significativamente superior al riesgo a que estaban expuestas las personas del mismo tramo de edad que se autoidentificaban como blancas: en 2012, el riesgo relativo de un joven afrodescendiente de ser víctima de homicidio era 2,6 veces mayor que el de un joven blanco (Brasil, 2014 citado por IPEA, 2017). A su vez, en el Brasil, las jóvenes afrodescendientes con edades entre 15 y 29 años tenían 2,2 veces más probabilidades de ser asesinadas que las blancas del mismo tramo etario (Brasil, 2017, citado por Gomes y Laborne, 2018).
Asimismo, en el caso de Colombia, la violencia que sufren las mujeres afrocolombianas en el marco del conflicto armado y del desplazamiento de poblaciones incluye violencia sexual, tortura, desaparición forzada, amenazas de muerte e intimidaciones. En 2014 fueron registradas 563 mil víctimas afrodescendientes; de ellas, 52,2% eran mujeres y 58,7% tenían menos de 26 años de edad (Articulación Regional Feminista de Derechos Humanos y Justicia de Género, 2015 citado por CEPAL, 2017c). Igualmente, en los departamentos de Cali y del Valle de Colombia era evidente la sobremortalidad de la población joven y adolescente, que afectaba en mayores proporciones a las personas afrodescendientes (Urrea-Giraldo y otros, 2015).
La garantía del derecho a la educación de calidad es fundamental para todas las personas y, en especial, para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Es también crucial para lograr el aumento de la productividad y de la innovación, el crecimiento económico y un cambio social orientado hacia la igualdad y el desarrollo sostenible, en particular en contextos de acelerado cambio tecnológico. Además, el derecho a la educación facilita la concreción de otros derechos, siendo el Estado el garante y responsable de implementar políticas que aseguren su cumplimiento.
En América Latina se han registrado notables avances en materia de expansión de la cobertura y del acceso a la educación en las últimas décadas. Sin embargo, persisten importantes desafíos, como el fomento de la incorporación de los grupos más excluidos (extremadamente pobres, habitantes en zonas rurales, pueblos indígenas y personas afrodescendientes), el acceso a la educación preescolar, a la educación secundaria y terciaria y la conclusión de esos dos últimos niveles, además de la mejoría de la calidad de la educación (Trucco, 2014).
Por otra parte, culminar la enseñanza secundaria es fundamental no sólo para adquirir las habilidades básicas que requiere un mundo globalizado y que permitirán a las personas desenvolverse libremente y con capacidad para aprender durante toda la vida, sino también para acceder a niveles mínimos de bienestar que permitan romper los mecanismos de reproducción de la desigualdad (Trucco, 2014). Sin embargo, el acceso a este nivel es bastante inferior al de la enseñanza básica y, entre los que no concluyen la secundaria, hay más jóvenes que pertenecen a hogares de menores ingresos, que residen en zonas rurales y que se autoidentifican como indígenas y/o afrodescendientes. De los 11 países de la región para los cuales se cuenta con información, en 7 de ellos la asistencia escolar de niños y adolescentes afrodescendientes entre 12 y 17 años era menor que la de los no afrodescendientes (gráfico 3). Las brechas relativas eran más altas en el Uruguay, el Ecuador y Venezuela (República Bolivariana de), aunque las diferencias no eran tan marcadas y las niñas presentaban tasas de asistencia algo más elevadas que los varones.
Gráfico 3
América Latina (11 países): proporción de niños, niñas y adolescentes entre 12 y 17 años que asisten a un establecimiento educativo, por condición étnico-racial y zona de residencia, alrededor de 2010. (En porcentajes)
Fuente: Comisión Económica para América Latina (CEPAL) sobre la base de procesamientos especiales de los microdatos censales por medio de REDATAM7, 2017.
Nota: En la población no afrodescendiente no está incluida la población que se autoidentifica como indígena ni los casos en que se ignora la condición étnico-racial.
Las brechas por condición racial son más elevadas cuando se considera el porcentaje de jóvenes de 20 a 24 años que han concluido la enseñanza secundaria. Con datos de las encuestas de hogar es posible analizar información más actualizada (alrededor de 2016) para cinco países (Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay). En el gráfico 4 se observan significativas brechas desfavorables a las poblaciones afrodescendientes en todos ellos (24 puntos porcentuales en Uruguay, 18 puntos porcentuales en Perú, 16 en Ecuador y 14 en Brasil), con excepción de Panamá (menos de 1 punto porcentual) (Abramo, 2019).
Gráfico 4
América Latina (5 países): población de 20 a 24 años con secundaria completa por condición étnico-raciala, alrededor de 2016. (En porcentajes)
Fuente: L. Abramo (2019) sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de cada país realizadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
aEn la población no afrodescendiente no está incluida la población que se autoidentifica como indígena ni los casos en que se ignora la condición étnico-racial.
También se observan importantes brechas por condición étnico-racial con relación a las tasas de rezago escolar en la población entre 15 y 19 años evidenciadas por las encuestas de hogar de cuatro países. En el Brasil y el Uruguay las brechas son elevadas (superiores a 9 puntos porcentuales en el caso de los hombres) mientras que en Panamá son más bajas (del orden de los 2 puntos porcentuales) (cuadro 2). A su vez, se observa que el rezago escolar es siempre más elevado en los hombres, tanto en el caso de los afrodescendientes como de los no afrodescendientes.
Cuadro 2
América Latina (4 países): población entre 15 y 19 años con rezago escolar según condición étnico-racial y sexo, alrededor de 2016
Fuente: L. Abramo (2019) sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de cada país realizadas por Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
a Diferencia en la proporción de hombres respecto de las mujeres.
b Diferencia entre la proporción de la población afrodescendiente y la no indígena ni afrodescendiente.
En la población no afrodescendiente no está incluida la población que se autoidentifica como indígena ni los casos en que se ignora la condición étnico-racial.
Por último, es necesario señalar que estos datos, aunque permiten conocer el grado de cumplimiento del derecho de acceso a la educación, son insuficientes para evaluar su calidad. Las desigualdades raciales y el racismo estructural e institucional siguen manifestándose a través de la escasa existencia de políticas educativas culturalmente pertinentes, de la falta de mecanismos de participación y de la insuficiencia de políticas de acción afirmativa (CEPAL, 2017a y 2018c). Además, la escuela como institución debería aportar en la construcción del autorreconocimiento y el reconocimiento de los otros contemplando y valorando el componente afrodescendiente como parte de la historia de cada país (Corbetta y otros, 2018).
Es imperativo resguardar y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes afrodescendientes. Esto pasa, en primer lugar, por su reconocimiento y visibilidad estadística en los sistemas oficiales de información, como censos, encuestas de hogares de propósitos múltiples, encuestas de demografía y salud, registros administrativos de programas y políticas sociales, entre otros. La información disponible muestra que la desigualdad étnico-racial continúa siendo un rasgo estructural de las sociedades latinoamericanas y una expresión de la discriminación, el racismo y la cultura de privilegios que aún persisten y se reproducen de diversas formas. En la mayoría de los países para los cuales se dispone de información que, como se ha señalado en este artículo, aún es insuficiente para dar cuenta de los múltiples aspectos de la desigualdad, discriminación y vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes afrodescendientes, la población afrodescendiente presenta tasas más elevadas de mortalidad infantil y maternidad adolescente, así como menor acceso a la educación (en particular en los niveles secundario y terciario) y al trabajo decente. Es además, víctima de la violencia en una proporción mucho más elevada que la población no afrodescendiente ni indígena. El entrecruce de las desigualdades étnico-raciales, de edad y de género evidencia la gravedad de la situación vivida por los niños, niñas, adolescentes y jóvenes afrodescendientes. Además, el análisis de las desigualdades revela también que, incluso en países con niveles más elevados de bienestar de la población nacional y menores niveles de pobreza y concentración de ingreso (por ejemplo, Uruguay), o que cuentan con políticas universales (por ejemplo, Brasil y Uruguay en el ámbito de la salud), siguen existiendo significativas desigualdades raciales.
Por lo tanto, es central consolidar procesos de reconocimiento y promover el conocimiento de la historia de la población afrodescendiente en América Latina y el Caribe y de su contribución a la construcción y desarrollo económico, político, social, cultural e histórico de nuestros países a través, por ejemplo, de su inclusión en los currículos escolares [13]. Asimismo, resulta urgente progresar en el diseño e implementación de políticas que, basadas en la propuesta de un universalismo sensible a las diferencias y en la necesidad urgente de transitar de la cultura del privilegio a la cultura de la igualdad, avancen concretamente en la superación de la invisibilidad de la población afrodescendiente en su diseño e implementación, en la erradicación de todas las formas de discriminación que puedan persistir en su diseño, en la introducción de mecanismos de acción afirmativa y en la garantía de los derechos de las personas afrodescendientes y, en especial, de los niños, niñas y adolescentes afrodescendientes. Entre las áreas prioritarias de políticas se destacan la atención integral a la primera infancia; la salud y nutrición de la infancia y adolescencia; la ampliación de la cobertura de la enseñanza preescolar de calidad; la universalización de la educación primaria y secundaria; la incorporación de prácticas interculturales en los sistemas educativos y currículos escolares y las acciones para prevenir y acelerar el ritmo de erradicación del trabajo infantil a través de políticas de protección social con una perspectiva sensible a la niñez. En este sentido, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Decenio Internacional de los Afrodescendientes constituyen, al mismo tiempo, un gran desafío y una gran oportunidad para que los niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe no “se queden atrás” en la senda del desarrollo social inclusivo y del desarrollo sostenible en general.
Bibliografía
Abramo, L. (2019), “Niños, niñas y adolescentes afrodescendientes en América Latina: el entrecruzamiento de diversas dimensiones de la desigualdad social” en Departamento de Afrodescendencia del MIDES (Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay), Construyendo políticas públicas hacia los niños, niñas y adolescentes afrodescendientes de las Américas y el Caribe, Montevideo.
ACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) (2019), “La prevención y el combate del perfilado racial de los afrodescendientes. Buenas prácticas y dificultades”
Bárcena, A. y A. Prado (2016), El imperativo de la igualdad. Por un desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, CEPAL, Siglo Veintiuno Editores, Argentina.
Borges, R. (2004), “Desigualdades raciais e políticas de inclusão racial: um sumário da experiência brasileira recente”, serie Políticas Sociales, N° 82 (LC/L.2082-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
BRASIL (2017), “Índice de vulnerabilidade juvenil à violência 2017: desigualdade racial, municípios com mais de 100 mil habitantes”, Secretaria de Governo da Presidência da República, Secretaria Nacional de Juventude e Fórum Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Cecchini, S. y otros (2015), Instrumentos de protección social. Caminos latinoamericanos hacia la universalización (LC/G.2644-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2019), Panorama Social de América Latina 2018 (LC/PUB.2019/3-P), Santiago.
___(2018a), Panorama Social de América Latina 2017 (LC/PUB.2018/1-P), Santiago.
___(2018b), La ineficiencia de la desigualdad (LC/SES.37/3-P), Santiago.
___(2018c), Hacia una agenda regional de desarrollo social inclusivo: Bases y propuesta inicial (LC/MDS.2/2), Santiago.
___(2017a), Panorama Social de América Latina 2016 (LC/PUB.2017/12-P), Santiago.
___(2017b), Brechas, ejes y desafíos en el vínculo entre lo social y lo productivo (LC/CDS.2/3), Santiago.
___(2017c), Situación de las personas afrodescendientes en América Latina y desafíos de políticas para la garantía de sus derechos, Documentos de proyectos (LC/TS.2017/121), Santiago.
___(2016a), Panorama Social de América Latina 2015 (LC/G.2691-P), Santiago.
___(2016b), La matriz de la desigualdad social en América Latina (LC/G.2690 (MDS.1/2)), Santiago.
___(2016c), Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible, (LC/G.2660/ Rev.1), Santiago.
___(2013), Mujeres indígenas en América Latina: dinámicas demográficas y sociales en el marco de los derechos humanos, Documentos de Proyecto (LC/W.558), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
___(2010), Panorama Social de América Latina 2009, (LC/G.2423-P), Santiago.
CEPAL/UNFPA (Comisión Económica para América Latina y el Caribe/Fondo de Población de las Naciones Unidas) (2011), “Juventud afrodescendiente en América Latina: realidades diversas y derechos (in)cumplidos”, Santiago.
Corbetta, S y otros (2018), “Educación intercultural bilingüe y enfoque de interculturalidad en los sistemas educativos latinoamericanos: avances y desafíos”, serie Documentos de proyecto (LC/TS.2018/98), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Defensoría del Pueblo del Ecuador (2012), “El pueblo afrodescendiente en el Ecuador. Informe temático”, Quito.
Del Popolo, F. y S. Schkolnik (2013), “Pueblos indígenas y afrodescendientes en los censos 2010 de América Latina: avances y desafíos en el derecho a la información”, Notas de Población, N° 97 (LC/G.2598-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas.
Gomes, N.L y A.M. de P. Laborne (2018), “Pedagogia da crueldade: racismo e extermínio da juventude negra”, Educação em Revista, N° 34, e197406.
Guimarães, J.R.S. (2012), “Perfil do trabalho decente no Brasil: um olhar sobre as Unidades da Federacão durante a segunda metade da década de 2000”, Brasilia, Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Hurtado-Saa, T., R. Rosas-Vargas y A. Valdés-Cobos (2012), “Servicios de salud, discriminación y condición étnica/racial: un estudio de caso de la problemática en México y Colombia”, Revista Ra Ximhai, vol. 9, N° 1, Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM).
IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística) (2015), “Síntese de Indicadores Sociais 2015 – uma análise das condições de vida da população brasileira”, Estudos e Pesquisas N° 35, Brasilia.
IPEA/FBSP (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada/Fórum Brasileiro de Segurança Pública) (2019), Atlas da violencia 2019, Rio de Janeiro.
___(2017), Atlas da violencia 2017, Rio de Janeiro.
___(2011), Retrato das desigualdades de gênero e raça, Río de Janeiro.
Mallú, P. y otros (2013), “Discriminação racial no cuidado em saúde reprodutiva na percepção de mulheres”, Texto & Contexto – Enfermagem, vol. 22, N° 2, Florianópolis.
ONU (Organización de las Naciones Unidas) (2001), “Informe de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia”.
Rangel, M. (2019), “Políticas de acción afirmativa: la experiencia brasileña en educación superior” (en imprenta).
Rodríguez, J. (2014), “Fecundidad adolescente en América Latina: una actualización”, en S. Cavenaghi y W. Cabella (coords.), Comportamiento reproductivo y fecundidad en América Latina: una agenda inconclusa, Río de Janeiro, Asociación Latinoamericana de Población (ALAP).
Trucco, D. (2014), “Educación y desigualdad en América Latina”, serie Políticas Sociales N° 200, serie Documentos de Proyecto (LC/L. 3846), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Trucco, D. y H. Ullmann (2015), Juventud, realidades y retos para un desarrollo con igualdad (LC/G.2647-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) (2010),“Ruta de los Esclavos. Una visión mundial”.
Urrea-Giraldo, F. y otros (2015), “Patrones de mortalidad comparativos entre la población afrodescendiente y la blanca-mestiza para Cali y el Valle”, Revista CS, N° 16.
[1] Las autoras agradecen la colaboración de Vivian Milosavljevic en el procesamiento de los datos.
[2] Se estima que entre 1500 y 1867, alrededor de 12,5 millones de personas fueron esclavizadas y trasladadas desde África hacia América y que casi la mitad de este tráfico ocurrió en el siglo XVIII, configurando la mayor empresa de deportación transoceánica de la historia (UNESCO, 2010).
[3] Parte importante de los datos y del análisis presentado en este texto está basado en la producción reciente de la CEPAL sobre el tema (CEPAL, 2016c, 2017a, 2017b y 2018a) y en Abramo (2019).
[4] El concepto afrodescendiente alude a las poblaciones descendientes de la diáspora africana en el mundo y fue acuñado en el año 2001 durante la preparación de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia celebrado en Durban. En América Latina y el Caribe el concepto adquiere connotación particular, pues se refiere a las distintas poblaciones negras o afroamericanas que se conformaron a partir de los descendientes de africanos que sobrevivieron a la trata o al comercio esclavista transatlántico entre los siglos XVI y XIX. Eso incluye también a las personas afrodescendientes o africanas que, en la actualidad, se trasladan a los países de la región a través de movimientos migratorios intra o interregionales (CEPAL, 2017a y 2017c).
[5] De los 14 países de América Latina que han realizado los censos de la década de 2010, un total de 13 incluyó preguntas de autoidentificación de las personas afrodescendientes (Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de)). Si bien El Salvador y Nicaragua aún no han realizado los censos de esta década, tienen previsto incluir la autoidentificación de la población afrodescendiente y México incluyó preguntas al respecto en la Encuesta Intercensal de 2015. Por lo tanto, el desafío de la inclusión de la autoidentificación de las personas afrodescendientes aún está pendiente en los censos de Chile, Haití y la República Dominicana. A su vez, los países que incorporan la autoidentificación de la población afrodescendiente en sus encuestas de hogares de propósitos múltiples son Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay; sin embargo, los datos de Colombia no estaban disponibles al momento de la elaboración de ese artículo. El Estado Plurinacional de Bolivia incluyó en 2013 la alternativa de respuesta “afroboliviana” en la pregunta relativa a la autoidentificación étnica, pero el número de personas que se autoidentificaron con esa categoría fue muy reducido, por lo que no fue posible trabajar con esa información (CEPAL, 2017a).
[6] La meta 17.18 de la Agenda 2030 establece: “Para 2020, mejorar la prestación de apoyo para el fomento de la capacidad a los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, con miras a aumentar de forma significativa la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de alta calidad desglosados por grupos de ingresos, género, edad, raza, origen étnico, condición migratoria, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales”. Si bien la Agenda 2030 no hace referencia de manera explícita a la población afrodescendiente, la mención a la desagregación de los datos por raza y origen étnico y, principalmente, su propósito de “que nadie quede atrás” obliga a la consideración de los grupos que enfrentan diversas formas de vulnerabilidad, exclusión y discriminación, entre los cuales está la población afrodescendiente.
[7] Tradicionalmente, se distinguen cuatro etapas básicas del ciclo de vida: infancia y adolescencia, juventud, edad adulta y vejez. Sin embargo, no existen definiciones etarias estandarizadas, y, en algunos casos, estas se traslapan. Por ejemplo, si bien la Convención sobre los Derechos del Niño (Naciones Unidas, 1989) define la etapa infantil hasta los 17 años cumplidos, la juventud frecuentemente se define a partir de los 15 años. Además de la dificultad de delimitar las etapas por edad, su significado varía según el contexto, ya que se trata de una construcción social (CEPAL, 2017a y 2017c). Asimismo, al interior de estas etapas hay divisiones internas (como por ejemplo primera infancia, pubertad, adolescencia, adultos jóvenes, adultos mayores) con importantes diferencias entre ellas.
[8] Véase, por ejemplo, Hurtado-Saa, Rosas-Vargas y Valdés-Cobos (2012); Defensoría del Pueblo del Ecuador (2012) y Mallú y otros (2013).
[9] Los países son Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional), Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).
[10] Por ejemplo, en el Brasil en 2017, la tasa de homicidios de la población en general era de aproximadamente 31,6 muertes por cada cien mil habitantes, mientras que la del total de jóvenes (de 15 a 24 años de edad) era de 69,9 y la de los jóvenes del sexo masculino alcanzaba a 130,4 por cada cien mil habitantes, o sea, más de cuatro veces la tasa de la población total. Véase IPEA (2019) disponible [en línea]
[11] Esta práctica, conocida como “perfilado racial”, caracteriza actitudes policiales de detención y control que utilizan sesgos racistas de manera inconsciente o deliberada. Determinados grupos de la población, especialmente los jóvenes afrodescendientes, son sometidos a diversas formas de trato violento sin un objetivo legítimo de cumplimiento de la ley. Tales actitudes pueden ser el resultado del racismo arraigado en la sociedad y en las instituciones policiales. El programa de actividades del Decenio Afrodescendiente de la ONU pide a los Estados que tomen medidas para eliminar dicho fenómeno (ACNUDH, 2019).
[12] Los datos también evidencian que la brecha entre las tasas de homicidio de la población afrodescendiente y no afrodescendiente viene experimentando una tendencia creciente: entre 2007 y 2017, la tasa de homicidio aumentó 33,1% para la población afrodescendiente y 3,3% (10 veces menos) para la población no afrodescendiente; como resultado, en 2017 esa tasa era de 43,1 por cada cien mil personas entre la población afrodescendiente y de 16,0 por cada mil personas entre la población no afrodescendiente. En el caso de las mujeres, en el mismo período, la tasa de homicidios de las afrodescendientes creció 29,9%, mientras que la de las no afrodescendientes creció 4,5%. Disponible [en línea]
[13] Con relación a esto, se puede mencionar la experiencia del Brasil con la Ley N° 10.639/2003 que cambia la Ley de Directrices y Bases de la Educación para incluir la disciplina de Historia y Cultura Afrobrasileña en el currículo escolar y la de Colombia, con el Decreto N°1.122(1998), que expide normas para el desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en todos los establecimientos de educación formal del país, como parte de los currículos obligatorios.
