Cada 15 de junio, la conmemoración del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez nos convoca a unir esfuerzos desde diversos sectores y actores clave, incluyendo gobiernos, sociedad civil, organizaciones internacionales, medios de comunicación y sector privado, con el objetivo común de sensibilizar sobre la necesidad de proteger y garantizar los derechos humanos de las personas mayores. 

El tema del Día Mundial de este año se focaliza en el maltrato en centros de cuidados. En América Latina y el Caribe, los cuidados se desarrollan en condiciones de alta desigualdad, reproduciendo y amplificando brechas socioeconómicas y de género. La prestación de cuidados ha ocurrido históricamente en el ámbito de los hogares, por medio del trabajo de las mujeres, quienes dedican en promedio tres veces más tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Además, Esta desigualdad persiste hasta la vejez, donde las mujeres mayores continúan asumiendo una mayor carga de cuidados, muchas veces enfrentando la doble condición de ser cuidadoras y, simultáneamente, requerir cuidados.

La Declaración de Santiago, aprobada en 2022 por los gobiernos en la Quinta Conferencia Regional Intergubernamental de Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores hace un llamado en el párrafo 16 a “tomar medidas específicas, y a intensificar las existentes, para combatir la discriminación, el maltrato, el aislamiento, el abandono y las múltiples formas de violencia hacia las personas mayores, prestando especial atención a las que enfrentan situaciones de mayor riesgo y vulnerabilidad social y violencia por razón de género, dependencia, discapacidad, identidad o de otra índole”.

Sin embargo, en la región, la infraestructura y los modelos de atención para ofrecer cuidados a largo plazo de calidad son limitados o inexistentes. Además, estos cuidados se caracterizan por sus altos costos económicos, físicos y emocionales para quienes lo requieren y para quienes lo proveen. Las políticas de cuidado pueden contribuir a la corresponsabilidad social y de género, aliviando la carga dentro de los hogares mediante la creación o reestructuración de servicios como los centros de cuidado de larga estadía para personas mayores. Para que estas políticas sean efectivas, es fundamental que dichos centros sean accesibles, regulados y cumplan con criterios de calidad en materia de personal e infraestructura.[1]

Con todo, los centros de cuidado no están exentos de prácticas de maltrato y discriminación. Según el Informe Mundial sobre el Edadismo (OPS, 2022), estas prácticas incluyen desde el uso de un lenguaje condescendiente o infantilizador hasta la falta de diagnósticos médicos adecuados, la ridiculización y el descuido sistemático de las necesidades de las personas mayores. La pandemia de COVID-19 evidenció aún más estas problemáticas, especialmente en las residencias de cuidados de largo plazo, donde se observaron restricciones en el acceso a servicios de salud y otros recursos esenciales. 

Ante esta realidad, es crucial implementar estrategias que garanticen un trato digno y respetuoso hacia las personas mayores. Entre ellas, destacan la capacitación de equipos de trabajo, la sensibilización sobre el maltrato, la creación de espacios de contención y derivación de casos de abuso, la promoción de redes de apoyo y la provisión de asistencia judicial. Además, es necesario un cambio de paradigma y de narrativa que reconozca a las personas mayores como sujetos de derechos y actores activos de la sociedad. Para ello, es fundamental visibilizar información estadística relevante y valorar sus contribuciones, asegurando su participación en todos los ámbitos de la sociedad. 

En este contexto, el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez nos invita a reflexionar y actuar, y en varios países de la región están impulsando actividades conmemorativas. 

Garantizar un envejecimiento digno y libre de violencia es una responsabilidad colectiva. La construcción de sociedades más justas, inclusivas y sostenibles requiere un compromiso firme con la protección de los derechos de las personas mayores, asegurando que los cuidados sean brindados con respeto, calidad y equidad.

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[1] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), La sociedad del cuidado: horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género (LC/CRM.15/3), Santiago, 2022.