Desde la aprobación de la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe en 2012, los Estados miembros del Caribe han seguido formulando y aplicando políticas nacionales sobre el envejecimiento, y reforzando los programas y servicios destinados a las personas de edad. La atención se ha centrado en gran medida en los servicios de salud, cuidados y protección de los ingresos. Esta labor ha surtido efectos positivos en el bienestar de las personas de edad, pero es necesario hacer más para que estas puedan gozar plenamente de sus derechos humanos. Debido a que los recursos y la capacidad son limitados, la aplicación ha sido lenta y sigue habiendo discrepancias importantes entre la política y la práctica.
En junio de 2017 se celebró una reunión en Puerto España (Trinidad y Tabago), donde se llevó a cabo un examen quinquenal de los avances en la aplicación de la Carta de San José en la subregión del Caribe[1]. El examen se basó en información que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) obtuvo de los Gobiernos y las organizaciones no gubernamentales de toda la subregión. En la reunión, los representantes de los Estados miembros, la sociedad civil, los círculos académicos y las organizaciones internacionales y regionales evaluaron los avances, las deficiencias y las prioridades de cara al futuro. Los participantes también acordaron un conjunto de recomendaciones para la ulterior aplicación en el Caribe de la Carta de San José y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. En este artículo se presenta un resumen de las conclusiones y recomendaciones del examen.
En comparación con otras regiones del hemisferio, el proceso de envejecimiento en el Caribe está un poco más avanzado que en América Latina, pero sigue estando mucho menos avanzado que en América del Norte. En 2015, la tasa de dependencia de las personas de edad fue de 11 en América Latina, 14 en el Caribe y 22 en América del Norte (véase el gráfico 1)[2]. Sin embargo, cada una de esas regiones se encuentra en un punto de inflexión y, comparado con la historia reciente, el envejecimiento de la población será mucho más rápido en los próximos decenios. Hacia 2040, la tasa de dependencia será de 24 en América Latina, 28 en el Caribe y 37 en América del Norte, lo que significa que, tanto en el Caribe como en América Latina, las tasas se habrán duplicado en un período de solo 25 años.
Gráfico 1
Tasa de dependencia de las personas de edad por región, 1980-2050
(Número de personas de 65 años y más cada 100 personas de entre 15 y 64 años)
Fuente: Naciones Unidas, World Population Prospects: The 2015 Revision, Nueva York, 2015.
Nota: América Latina incluye Cuba, Haití, la República Dominicana y Puerto Rico.
El envejecimiento de la población afecta a todos los países y territorios de ultramar del Caribe, si bien en algunos de ellos el proceso está más avanzado que en otros. En territorios como Aruba, Curaçao, Guadalupe, Martinica y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, que el Banco Mundial clasifica como economías de ingresos altos, el proceso de envejecimiento está más avanzado (véase el gráfico 2). En esos territorios, las tasas de dependencia en 2015 iban de 18 en Aruba a 30 en Martinica. En otros países, como Antigua y Barbuda, Barbados, y Trinidad y Tabago, que también están clasificados como países de ingresos altos, el avance del envejecimiento es moderado y las tasas de dependencia se acercan más a 14, que es el promedio regional. En los países de ingresos medianos, entre ellos Guyana, Belice, Suriname y Jamaica, el envejecimiento no está tan avanzado y las tasas de dependencia en general se encuentran por debajo de la media regional. Las tasas más bajas son las de Guyana (8) y Belice (6). No obstante, en la mayoría de los países del Caribe, independientemente de la etapa de transición demográfica en la que se encuentren y de cuán avanzado esté el proceso de envejecimiento de la población, la tasa de dependencia de las personas de edad se duplicará en los próximos 30 años, lo que tiene consecuencias importantes para las políticas públicas y los hogares.
Gráfico 2
Tasa de dependencia de las personas de edad por país, 2015, 2030 y 2045
(Número de personas de 65 años y más cada 100 personas de entre 15 y 64 años)
Fuente: Naciones Unidas, World Population Prospects: The 2015 Revision, Nueva York, 2015
Desde el examen anterior, que se llevó a cabo en 2012, se han redactado o aprobado políticas nacionales sobre el envejecimiento u otras similares en nueve Estados y territorios del Caribe: Antigua y Barbuda (2013); Bahamas, Proyecto de Ley sobre las Personas de Edad de 2017 (Older Persons Bill 2017); Barbados, Política Nacional sobre el Envejecimiento: hacia una Sociedad para Todas las Edades 2013 (National Policy on Ageing: Towards a Society for all Ages 2013); Belice, Consejo Nacional del Plan Estratégico sobre el Envejecimiento 2015-2019 (National Council on Ageing’s Strategic Plan 2015-2019); Islas Caimán, Política sobre las Personas Mayores 2016-2035 (Older Persons Policy 2016-2035); Guadalupe y Martinica (Ley de adaptación de la sociedad al envejecimiento de 2015); Montserrat, donde hace poco se examinó un proyecto de política nacional para el cuidado de las personas mayores, que se inició en 2007, y San Martín, donde se está redactando una política basada en una investigación realizada en 2012/ 2013.
En otros Estados se están revisando los planes, las políticas y las estrategias anteriores, a saber, en las Bermudas, donde se está examinando un proyecto de estrategia nacional sobre envejecimiento, en Jamaica, donde se está haciendo una revisión de la Política Nacional de la Persona de Edad (National Policy for Senior Citizens) de 1997, y en Trinidad y Tabago, donde también se está analizando la Política Nacional sobre el Envejecimiento (National Policy on Ageing) de 2007. En algunos Estados y territorios, la protección de las personas mayores sigue estando cubierta por la política o ley inicial, como es el caso de Anguila (2009), Dominica (1999) y Granada (2009). En los siguientes Estados se han elaborado políticas sobre el envejecimiento que todavía siguen en la fase de proyecto: San Vicente y las Granadinas (redactada en 2012); Saint Kitts y Nevis (redactada en 2009); Santa Lucía (redactada en 2003), y Suriname (redactada en 2006).
De los 25 países y territorios de ultramar que hay en el Caribe, en 12 se han aplicado leyes, políticas o estrategias sobre el envejecimiento, pero en 13 todavía no hay un marco normativo que permita abordar con eficacia el envejecimiento y la situación de las personas de edad a nivel nacional. Es necesario seguir trabajando para que en todos los países y territorios haya políticas nacionales actualizadas sobre el envejecimiento y, de ser necesario, para que se promulguen leyes destinadas a aplicarlas. En esas políticas se debe tener en cuenta la evolución reciente de los sistemas internacionales y regionales de derechos humanos, en particular la última convención regional, a saber, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
La responsabilidad primordial de coordinar la aplicación de las políticas y estrategias sobre el envejecimiento suele recaer en los ministerios de desarrollo social (u otros organismos semejantes). En algunos países se ha creado una sección o división específica con responsabilidad sobre el envejecimiento dentro del Ministerio, por ejemplo, la División de Envejecimiento, en Trinidad y Tabago.
En otros países, se han creado órganos particulares, como el Consejo Nacional de las Personas Mayores de las Bahamas, el Consejo Nacional de las Personas de Edad de Jamaica, la Comisión Nacional de las Personas de Edad de Guyana, y el Consejo Nacional sobre el Envejecimiento de Belice. Estos órganos suelen desempeñar un papel reglamentario que supone funciones como abogar por las personas de edad, asesorar a los Gobiernos, facilitar la elaboración de programas destinados a las personas mayores y vigilar la aplicación de las políticas sobre el envejecimiento.
Los participantes de la reunión preparatoria del Caribe pusieron de relieve la importancia de contar con un órgano específico dentro del Gobierno, que tenga recursos suficientes y sea responsable de las políticas destinadas a las personas de edad, la defensa de sus derechos y la integración de las preocupaciones de las personas mayores en todo el Gobierno. Además, sus responsabilidades también deben abarcar la coordinación y la presentación de informes sobre la aplicación de los acuerdos internacionales y regionales.
Desde el último examen, en muchos Estados se han llevado a cabo actividades de sensibilización sobre cuestiones relacionadas con la situación de las personas de edad, a menudo para conmemorar los días internacionales, como el Día Internacional de las Personas de Edad, el 1 de octubre, y el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, el 15 de junio. Entre dichas iniciativas figuran, por ejemplo, seminarios, actividades recreativas y talleres. Estas actividades también podrían ser una oportunidad para difundir las leyes y las políticas destinadas a las personas de edad, en particular entre las propias personas mayores y entre quienes les prestan servicios públicos, como los profesionales de la asistencia social y sanitaria, los proveedores de transporte público y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. También se ha trabajado para reconocer lo que las personas de edad aportan al desarrollo nacional y comunitario, mediante ceremonias de entrega de premios y reconocimiento de las personas centenarias y nonagenarias. Durante la reunión preparatoria del Caribe, los participantes destacaron la necesidad de contar con más datos e investigaciones para averiguar qué dificultades enfrentan las personas de edad y orientar la formulación de las políticas.
En los países del Caribe se ha ampliado el acceso a una gama de servicios de asistencia sanitaria destinados a las personas de edad, si bien la demanda suele superar la oferta y los gastos por cuenta propia representan más del 30% de todos los gastos de atención médica. Hay cierto acceso preferencial a los medicamentos, sobre todo en el caso de quienes tienen enfermedades crónicas no transmisibles, y se ha avanzado en lo que respecta a la situación de las personas de edad que viven con el VIH/ SIDA, así como en el apoyo que se brinda a quienes tienen una discapacidad física o mental.
No obstante, sigue habiendo muchos aspectos susceptibles de mejora y se insta a los Gobiernos a adoptar las siguientes medidas: promover el derecho a la salud mediante la prestación de servicios continuos de atención que comprendan la promoción de la salud mental y física, además de la atención preventiva, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos; poner en práctica programas de prevención, atención, tratamiento y control de las enfermedades no transmisibles, en particular la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia, y promover un envejecimiento saludable a lo largo de toda la vida a fin de reducir la carga de las enfermedades no transmisibles en la población, la economía y los servicios de salud.
Es necesario desarrollar la atención geriátrica y gerontológica en los sistemas de asistencia sanitaria y social a fin de satisfacer las necesidades de las personas de edad en la subregión, y se debe poner un énfasis especial en facilitar el acceso a dicha atención a las personas mayores que viven en zonas rurales, alejadas y desfavorecidas. Un punto de partida podría ser incluir la geriatría y la gerontología en los planes de estudios de todos los niveles y en los programas de formación de enfermeros y cuidadores. Los cuidados paliativos también deben integrarse en los planes de estudios de medicina y enfermería. Se deben adoptar medidas para alentar a los hombres a elegir carreras en las profesiones asistenciales.
En la mayoría de los países del Caribe hay un plan dirigido por el Gobierno que tiene por objeto proporcionar servicios de atención domiciliaria a las personas mayores que necesitan ayuda con las actividades de la vida cotidiana, a fin de que puedan permanecer en sus hogares. Sin embargo, se debe seguir trabajando para ampliar el alcance de esos servicios, incluido en situaciones posteriores a desastres, y garantizar la coherencia de la calidad de la atención, en particular en cuanto a los servicios que prestan los agentes no estatales, mediante la adopción de marcos regulatorios que permitan supervisar a los cuidadores profesionales. Los programas de rehabilitación existentes destinados a ayudar a las personas mayores con discapacidad o deterioro funcional asociado con la edad deben ampliarse para incluir la adaptación de los hogares, así como la promoción de tipos alternativos de vivienda para quienes necesitan atención, mediante el otorgamiento de subsidios, préstamos y otras formas de financiación. Además, deben adoptarse medidas para apoyar a los cuidadores familiares que tienen que conciliar los cuidados con otros compromisos. Esto se podría lograr, por ejemplo, mediante servicios de sustitución temporal del cuidador y fomentando el reparto equitativo de la responsabilidad de cuidar entre los hombres y las mujeres.
La mayoría de las instituciones de asistencia residencial están administradas por organizaciones privadas o comunitarias, aunque también hay algunos hogares que administra el Gobierno. Existe preocupación por la calidad de la atención en todo el sector, y los Gobiernos deben fortalecer la regulación o la supervisión. Se deben adoptar y aplicar normas y códigos con el fin de garantizar que las personas de edad que se hallan en instituciones de atención de largo plazo puedan gozar plenamente de sus derechos humanos. Asimismo, en la subregión se deben promover programas de capacitación sobre derechos humanos dirigidos a quienes trabajan con las personas de edad en instituciones públicas y privadas.
Ha habido pocas leyes o programas diseñados específicamente para fortalecer la autonomía y la independencia de las personas mayores en la subregión. Es preciso redoblar los esfuerzos para garantizar el derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley y la capacidad jurídica, y para aplicar regímenes que brinden apoyo para la toma de decisiones relacionadas con las personas mayores que tienen discapacidad, de modo que tengan el derecho a participar en todos los procesos de adopción de decisiones que afecten sus vidas.
Todavía hay muchas personas de edad que viven por debajo de los umbrales de pobreza nacionales en el Caribe. Según los datos de diez países, la tasa media de pobreza entre las personas de 65 años o más era del 17%, si bien variaba considerablemente e iba del 7%, en Trinidad y Tabago, al 34%, en Belice. Además, se informó que, entre las personas de edad que viven en la pobreza, una queja que se menciona con frecuencia es el hambre, junto con la incapacidad de mantener y reparar la vivienda o de sufragar los gastos médicos, así como la soledad y la falta de asistencia y ayuda.
Todavía hay muchas personas mayores en el Caribe que no tienen ingresos independientes que les garanticen un nivel de vida adecuado. Según el país, entre un cuarto y tres cuartas partes de las personas que superan la edad de jubilación obligatoria reciben una pensión de la seguridad social. Los que no la reciben pueden tener derecho a una pensión sin aportación, si bien, en la mayoría de los casos, este tipo de pensiones proporcionan ingresos inferiores a los umbrales nacionales de pobreza. Algunos no reciben ninguna pensión.
Deben adoptarse medidas para establecer un nivel mínimo de protección social, en particular mediante la mejora de los planes de pensiones sin aportación, a fin de llegar a las personas que han trabajado o siguen trabajando en el sector informal o como cuidadoras, con especial atención a las mujeres y los migrantes de edad.
Muchas personas mayores siguen participando en la fuerza de trabajo en todo el Caribe. Alrededor del 40% de los hombres de edad en Jamaica y Belice siguen activos en el mercado de trabajo. En otros países, como Barbados, Suriname, y Trinidad y Tabago, esa cifra es de alrededor del 12% al 14%. La tasa de participación de las mujeres de edad en la fuerza de trabajo es aproximadamente la mitad de la correspondiente a los hombres. Las personas mayores a menudo trabajan por necesidad, no por elección, y su trabajo suele ser inseguro y mal remunerado.
En algunos Estados se han promovido iniciativas destinadas a alentar a las personas de edad a volver a ingresar en la fuerza de trabajo, por ejemplo, mediante capacitación y prestación de servicios de asistencia en materia de empleo dirigidos a ellas. No obstante, en la mayoría de los Estados no se han elaborado ni aplicado medidas específicas que promuevan la participación o la reinserción de los trabajadores de edad en el mercado de trabajo. En muchos países, sin embargo, se está aumentando la edad de jubilación obligatoria o se está pensando en la posibilidad de hacerlo.
En la reunión preparatoria del Caribe se destacó que las personas de edad deben tener la oportunidad de trabajar si así lo desean. Se deben aplicar medidas para que puedan continuar trabajando después de la edad de jubilación obligatoria si quieren hacerlo, y se deben adoptar horarios de trabajo flexibles y mecanismos de jubilación que también lo sean. Asimismo, debe divulgarse información sobre la jubilación y la planificación de esta, que abarque la importancia de mantenerse física y socialmente activo en la vejez.
Desde 2012, son pocos los países en los que se han adoptado medidas para eliminar el edadismo. Por ejemplo, en las Bermudas se ha modificado la Ley de Derechos Humanos (Human Rights Act) de 2013, para proteger contra este tipo de discriminación en lo que respecta al acceso a bienes, servicios, instalaciones y alojamiento. La discriminación por motivos de edad y género sigue siendo común en la subregión, por ejemplo, en los anuncios de empleo y en los servicios bancarios.
Por consiguiente, se debe trabajar más a fin de brindar garantías jurídicas de igualdad para todos y luchar contra todas las formas de discriminación. En los marcos jurídicos, normativos y administrativos, la edad debe ser uno de los motivos de discriminación prohibidos. Se debe prestar especial atención a las prácticas discriminatorias contra las personas de edad en los siguientes ámbitos: el mercado de trabajo; el acceso a la tierra, las propiedades, las posesiones y los recursos naturales, así como la titularidad y el control sobre ellos, y el acceso a préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de servicios financieros.
El transporte y la accesibilidad son aspectos en los que se ha progresado desde el ciclo de examen anterior, que se llevó a cabo hace cinco años. De hecho, en varios Estados se han aplicado medidas para mejorar el acceso de las personas de edad a los medios de transporte. Por ejemplo, las Bahamas, Barbados, Belice, Guyana, Jamaica, y Trinidad y Tabago tienen un plan de tarifas reducidas para las personas de edad, transporte gratuito o servicios especializados de transporte accesible.
No obstante, los servicios regulares de transporte no suelen estar diseñados para que las personas mayores con discapacidad puedan acceder a ellos, por lo que a estas personas les resulta difícil o imposible utilizarlos. También es necesario seguir trabajando para mejorar la accesibilidad de los edificios y los espacios públicos. En la mayoría de los países ya existen códigos de construcción en los que se aborda este tema, aunque la legislación no suele estar actualizada y por lo general no se aplica de forma adecuada.
En algunos países se brinda apoyo a las personas de edad que necesitan ayuda con el mantenimiento y las reparaciones del hogar, pero es necesario hacer más para garantizar que dichas personas gocen de una vivienda adecuada y se les dé una prioridad alta en el momento de asignar vivienda o tierra, en particular en situaciones de desastre, emergencia o desalojo. También debe prestarse especial atención al creciente número de personas mayores que viven en hogares donde todos los que allí habitan son de la misma generación, ya que esto los pone en mayor riesgo de aislamiento y aumenta su necesidad de recibir atención y protección social en lugar de familiar. En este contexto, debería alentarse a los Gobiernos a poner mayor empeño en garantizar que las personas de edad vivan en entornos seguros, saludables y accesibles, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, en particular los que viven solos en zonas remotas, a fin de evitar la exclusión social y el abandono.
En comparación con el último examen, en los países del Caribe se han realizado esfuerzos apreciables por crear mecanismos que fomenten la participación de las personas mayores en la adopción de decisiones y la formulación de políticas. Por ejemplo, se han creado comités, comisiones y consejos nacionales sobre el envejecimiento, en los que participan personas de edad y representantes de organizaciones comunitarias que trabajan con ellos. Por ejemplo, la División de Envejecimiento de Trinidad y Tabago organiza de forma periódica foros públicos y abiertos para las personas mayores y ha celebrado “parlamentos de personas de edad”, a fin de que dichas personas y sus cuidadores participen en el proceso de toma de decisiones.
A pesar de los avances, es necesario reforzar los mecanismos existentes para facilitar la plena inclusión, integración y participación de las personas de edad en todas las fases de la toma de decisiones gubernamentales sobre cuestiones que afectan sus vidas. Se deben promover nuevas formas de participación que den cabida a redes de organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, así como organizaciones benéficas, religiosas y comunitarias. Se debe promocionar el papel que las personas mayores desempeñan y la contribución que hacen a la sociedad en términos más generales, a fin de presentar una imagen positiva del envejecimiento.
La cuestión del maltrato a las personas de edad ha recibido cada vez más atención en el Caribe. En muchos países se han hecho actos y campañas de sensibilización. En Guyana, por ejemplo, en 2016 se puso en marcha una campaña denominada Stop Senior Citizens Abuse (Detener el maltrato a las personas de edad), mediante el uso de carteles, folletos y adhesivos para los vehículos. Dominica y Trinidad y Tabago están en vías de establecer un sistema integrado para dar respuesta a las denuncias de malos tratos a las personas mayores. En algunos países se ofrece capacitación a fin de fortalecer la capacidad para detectar casos de maltrato. En otros, se han establecido mecanismos de protección, por ejemplo, centros de acogida.
Sigue siendo necesario crear conciencia en relación con todas las formas de violencia y maltrato financiero, físico, sexual y psicológico contra las personas de edad, así como sobre el abandono y el descuido. Además de las personas de edad y sus familias, otros interesados fundamentales son quienes participan en el sistema de justicia y en la aplicación de la ley, así como los proveedores de asistencia social y sanitaria, hacia quienes también se deben dirigir esas campañas. Es necesario hacer más para ofrecer medidas de apoyo a las personas de edad que son víctimas de violencia, abandono y maltrato, teniendo en cuenta una perspectiva de género y discapacidad. Esto debería incluir no solo centros de acogida para casos de emergencia, sino también centros de asesoramiento, líneas telefónicas gratuitas de asistencia y trato preferente que les permita acceder a recursos jurídicos. Debe haber marcos jurídicos y normativos destinados a prevenir, investigar, castigar y erradicar todas las formas de violencia contra las personas de edad, así como otras prácticas que ponen en peligro su seguridad e integridad.
En la Carta de San José se reconoce que el acceso a la justicia es un derecho humano esencial y un instrumento fundamental para garantizar que las personas mayores puedan ejercer y defender con eficacia sus derechos. Se acepta en general que los mecanismos nacionales de hoy en día no son adecuados para investigar y resolver denuncias sobre el cumplimiento de los tratados de derechos humanos.
Algunos países cuentan con instituciones que prestan apoyo a las personas de edad. En las Bermudas, hay una Comisión de Derechos Humanos que ofrece mecanismos para atender las denuncias de edadismo en colaboración con otros organismos. Por otra parte, en San Martín, la Oficina del Ombudsman está a disposición para ayudar a las personas mayores cuando tienen denuncias contra el Gobierno.
No obstante, se deben aplicar medidas más generalizadas para mejorar el acceso de las personas de edad a la justicia mediante asistencia y asesoramiento jurídicos, mecanismos alternativos de solución de controversias y procesos de mediación. Se debe hacer mucho más para dar a conocer los derechos de las personas mayores en todo el sistema judicial y de aplicación de la ley, así como entre las propias personas mayores, a fin de que puedan defender sus derechos.
En la Carta de San José también se llama la atención sobre la vulnerabilidad de las personas mayores en situaciones de emergencia y desastres, y se recomienda a los Estados miembros brindar un trato preferencial e incluir el aporte y las necesidades de las personas mayores en los planes de preparación y socorro para casos de desastre, y en los que se aplican después de los conflictos y las situaciones de emergencia. Los desastres asociados con los huracanes y las tormentas tropicales afectan en particular a la subregión del Caribe, y es posible que esos fenómenos se vuelvan más frecuentes o graves debido al cambio climático.
En los Estados del Caribe se han adoptado varias buenas prácticas que podrían inspirar a otras regiones. En Anguila, se lleva un registro de las personas mayores vulnerables a fin de prestarles asistencia prioritaria en épocas de desastre. En las Islas Caimán hay un plan nacional contra huracanes en el que se identifica a las personas de edad como prioritarias en cuanto a los refugios y otros servicios. En la política nacional sobre envejecimiento de Trinidad y Tabago se les asigna una prioridad específica en la preparación para casos de desastre. Esto abarca las medidas, el personal y los servicios que se necesitan en los refugios, así como respuestas coordinadas a las necesidades de las personas de edad, en particular aquellas con demencia y enfermedad. En la nueva Ley de Hogares para las Personas Mayores (Homes for Older Persons Act), se exige que se lleven a cabo simulacros de evacuación semestrales en colaboración con el personal de respuesta en situaciones de emergencia.
En la Carta de San José se reitera que las personas de edad deben disfrutar del derecho a la educación y al aprendizaje permanente y, por lo tanto, se alienta a los Estados miembros a promover políticas destinadas a facilitar el acceso de las personas mayores a las actividades recreativas, culturales y deportivas, además de a la información y la tecnología, así como su participación activa en ellas. No obstante, son pocos los países que han elaborado programas de aprendizaje permanente dirigidos a las personas de edad.
En Barbados, en 2012 se inauguró la escuela para personas mayores llamada Unique Helping Hands Senior School. En ella se atiende a personas jubiladas e independientes mayores de 50 años, y se ofrecen programas en ámbitos como la tecnología de la información, las artes y las artesanías, la música y los idiomas extranjeros. Sin embargo, es preciso hacer mucho más para promover el acceso al aprendizaje permanente y los programas intergeneracionales en la región.
Los Estados miembros del Caribe siguen determinados a abordar las cuestiones del envejecimiento y a proteger los derechos de las personas mayores. Esto ha quedado ilustrado con la adopción de políticas nacionales sobre el envejecimiento y la creación o el fortalecimiento de instituciones y programas. No obstante, el progreso hacia el logro de los objetivos establecidos en los acuerdos internacionales y regionales se ha visto obstaculizado por la escasez de recursos financieros y la falta de capacidad en el Gobierno y la administración pública. En cada una de las esferas temáticas que se examinaron, es necesario adoptar medidas adicionales para aplicar plenamente la Carta de San José y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento.
El enfoque basado en los derechos humanos, que se puso de relieve en la Carta de San José, aún no se ha adoptado en verdad. Las medidas destinadas a proteger los derechos de las personas de edad a nivel nacional siguen estando dispersas y a menudo se centran en cuestiones concretas, sobre todo en el ámbito de la asistencia social y sanitaria, sin considerar la gama completa de derechos humanos. Se ha prestado menos atención, por ejemplo, a la capacidad jurídica, el acceso a la justicia y el derecho a la educación y la cultura. En las políticas y los programas también se debe tener en cuenta de manera más explícita la heterogeneidad de las personas de edad y determinados grupos de personas mayores, como las mujeres, los migrantes, las lesbianas, gais, bisexuales y trans, los que pertenecen a minorías étnicas, religiosas y lingüísticas, los que viven en la calle o los que están privados de libertad. Solo se han adoptado unas pocas medidas muy tentativas con objeto de establecer mecanismos nacionales que permitan a las personas de edad obtener reparación cuando se han vulnerado sus derechos.
La aplicación efectiva de los acuerdos internacionales y regionales sobre el envejecimiento en la subregión también puede considerarse como un aporte importante a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se adopta un enfoque centrado en las personas y se procura hacer realidad los derechos humanos de todos. Por consiguiente, la Agenda 2030 y sus ODS proporcionan un marco complementario que podría ampliar y reforzar la adopción de un enfoque basado en los derechos en lo que respecta al envejecimiento y la protección de las personas mayores. Se recomienda, por lo tanto, que los Estados de la subregión incorporen una perspectiva de edad en la implementación de la Agenda 2030, de forma a reforzar las sinergias entre los diferentes acuerdos existentes y, por consiguiente, la protección y la promoción de los derechos humanos de todas las personas mayores.
[1] Reunión preparatoria del Caribe para la Cuarta Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores. La reunión se celebró los días 1 y 2 de junio de 2017.
[2] Se refiere al cociente entre las personas mayores de 65 años y las de 15 a 64 años.
