En la presentación del noveno informe de progreso y desafíos regionales, el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, advirtió que, al ritmo actual, América Latina y el Caribe alcanzaría solo 19% de las metas de la Agenda 2030, e instó a acelerar la acción colectiva y las alianzas pragmáticas. “Hablar del ODS 6 es hablar de derechos, dignidad y justicia, pero también de biodiversidad y resiliencia”, señaló. Explicó que la Agenda 2030 se enmarca en un contexto de desafíos estructurales y geopolíticos, como la baja productividad, elevada desigualdad, reducido espacio fiscal, sumados a fuertes choques externos como los conflictos en medio oriente, donde además el cambio climático, la degradación de bosques, suelos y recursos hídricos, el aumento de la temperatura y del nivel del mar, así como de los plásticos en el océano, la alta exposición a desastres naturales, los incendios forestales, la exacerbada tala rasa y la creciente aridez en la región, reducen las posibilidades económicas y dificultan el cumplimiento de los ODS. 

Durante las sesiones, uno de los principales temas abordados fue la crisis hídrica, donde se subrayó que en la región no responde únicamente a la escasez, sino a una problemática de gestión hídrica marcada por desigualdades territoriales, de género y de acceso, agravadas por la presión creciente del cambio climático y la pérdida de ecosistemas asociados a los ciclos del agua.

Entre los desafíos expuestos, la Intendenta de Agua de ARESEP de Costa Rica, Flor Emilia Ramírez, advirtió que el déficit de saneamiento seguro y tratamiento de aguas afecta directamente el derecho humano al agua y la salud pública, con consecuencias en la pérdida de servicios ecosistémicos esenciales, lo que agrava la contaminación de acuíferos y aumenta la vulnerabilidad de las zonas costeras. Por su parte, Antumalén Antillanca, coordinadora del Centro Indígena de Acción Integral (CIAI) de Chile, señaló la falta de planificación territorial y de gobernanza hídrica local, subrayando la necesidad de regulaciones ambientales más rigurosas para asegurar no solo el acceso y saneamiento, sino también, la preservación de los servicios ecosistémicos para avanzar en materias de justicia social, instando a designar a los cuerpos de agua como sujetos de derechos y cuestionando los modelos de desarrollo meramente extractivistas. 

Las intervenciones reafirmaron que el ODS 6 debe ser entendido en estrecha relación con la biodiversidad. Los ecosistemas, cuencas, acuíferos, glaciares y humedales cumplen funciones vitales que permiten la continuidad del ciclo del agua: regulan caudales, recargan acuíferos, protegen frente a desastres, filtran contaminantes y sostienen la calidad del recurso. Estos servicios ecosistémicos son la base sobre la cual se construye la seguridad hídrica y, en consecuencia, la posibilidad de garantizar acceso universal y saneamiento seguro.

En este sentido, los países coincidieron en que avanzar hacia el cumplimiento del ODS 6 requiere políticas integradas que reconozcan la interdependencia entre agua y biodiversidad, fortaleciendo la gobernanza, la participación comunitaria y la cooperación regional. La región enfrenta un desafío complejo, pero también una oportunidad: al cuidar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, se asegura la continuidad del ciclo hídrico que sostiene la vida, la dignidad, la salud y el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.

En paralelo, se destacó el rol de los procesos multilaterales como espacios clave para fortalecer la gobernanza del agua y la biodiversidad. La delegación del Gobierno de Francia subrayó la centralidad del océano y la biodiversidad para el desarrollo sostenible, instando a los países a avanzar en la adhesión y ratificación del Acuerdo sobre la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ por sus siglas en inglés). El BBNJ entró en vigor el pasado 17 de enero del 2026 y ha sido ratificado por 21 países de la región hasta el momento. Dicho acuerdo brinda a América Latina y el Caribe un marco multilateral para proteger la biodiversidad marina en alta mar, asegurando la sostenibilidad de recursos clave como la pesca y el turismo.

Asimismo, varios gobiernos, entre ellos el de México y el PNUMA señalaron que la próxima COP17 que será celebrada en octubre de 2026 en Armenia, son oportunidades estratégicas para intensificar acciones de protección del agua y la naturaleza, fortalecer la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad y movilizar inversión mediante alianzas público-privadas y soluciones basadas en la naturaleza. 

El noveno Foro de los Países de América Latina y el Caribe dejó en evidencia la urgencia de integrar la biodiversidad en las políticas regionales para avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030. En particular, se destacó que el ODS 6 no puede limitarse a soluciones de infraestructura, sino que requiere una visión ecosistémica que reconozca el papel integral de las cuencas y sus servicios en garantizar acceso y saneamiento. La incorporación de la biodiversidad en la Agenda representa para la región una oportunidad estratégica de fortalecer la justicia social, la gobernanza y el desarrollo sostenible.