La visibilidad estadística de estos grupos se enmarca en compromisos internacionales, regionales y nacionales que reconocen la necesidad de contar con información desagregada para garantizar derechos y orientar políticas públicas hacia la igualdad. 

En las últimas décadas se ha consolidado el principio de la autoidentificación como criterio rector para medir la pertenencia étnico-racial, acompañado por procesos participativos que legitiman y fortalecen la producción de estadísticas. Los censos de 2000 y 2010 incorporaron progresivamente estas preguntas; en la ronda 2020 prácticamente todos los países de la región aplicaron preguntas de autoidentificación indígena y afrodescendiente, aunque con variaciones nacionales. El uso de tecnologías como los dispositivos móviles de captura permitió mejorar la estandarización de respuestas, mientras que la inclusión de listados de pueblos y lenguas amplió la pertinencia cultural.

El balance de la ronda 2020 muestra avances relevantes, pero también retrocesos y desafíos vinculados a la pandemia de COVID-19, la confianza ciudadana y los contextos políticos. En conclusión, la información estadística con enfoque étnico-racial constituye una herramienta indispensable para la planificación, la rendición de cuentas de los Estados y la construcción de políticas inclusivas que reconozcan la diversidad cultural y promuevan el ejercicio pleno de los derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes.