América Latina y el Caribe fue la primera región del mundo en realizar una reunión de examen y evaluación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. A través de la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores, órgano intergubernamental de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) establecido en 2002 por la resolución 590 (XXIX) de la Comisión y principal órgano regional sobre los asuntos del envejecimiento poblacional y los derechos de las personas mayores en la región, que se reúne cada cinco años, se evalúan los avances, identifican los desafíos, formulan recomendaciones y establecen prioridades en materia de envejecimiento. El seguimiento de la Conferencia se realiza por medio de reuniones de expertos convocadas por uno o más países de la región con el apoyo técnico de la CEPAL.
La Cuarta Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores fue celebrada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), junto con el Gobierno del Paraguay, en Asunción del 27 al 30 de junio de 2017. Su objetivo principal fue examinar los logros relativos al cumplimiento de los compromisos asumidos por los países miembros de la CEPAL en la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe, aprobada en el marco del segundo ciclo de examen y evaluación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento en 2012.
La reunión congregó a 350 personas durante tres jornadas de trabajo. Una audiencia integrada por representantes de la sociedad civil, los organismos de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otros organismos intergubernamentales, como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), la Comunidad Andina (CAN), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), acompañó en sus debates y deliberaciones a las delegaciones de Alemania, la Argentina, Barbados, Belice, el Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curaçao, el Ecuador, el Japón, México, el Paraguay, el Perú, la República Dominicana, Santa Lucía y el Uruguay.
La Mesa Directiva de la Cuarta Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe quedó integrada por el Paraguay en la Presidencia y por la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Costa Rica, el Perú y el Uruguay en las Vicepresidencias. Estos países tienen la misión de coordinar el seguimiento de los acuerdos aprobados durante la Conferencia durante los siguientes cinco años.
La inauguración de la Conferencia estuvo a cargo de Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL; María Teresa Barán, Viceministra de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay, y Antonio Barrios, Ministro de Salud Pública y Bienestar Social de ese mismo país.
El Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL recordó que el envejecimiento de la población era una tendencia mundial que estaba influyendo en la economía, la planificación del desarrollo, las políticas sociales, las familias, las comunidades, las grandes ciudades y también en las localidades indígenas. Añadió que, desde el punto de vista de sus implicaciones económicas y sociales, era quizás la transformación más importante de esta época. El Ministro Barrios, por su parte, destacó la importancia del respeto por los derechos humanos de las personas mayores y confirmó el compromiso del Gobierno del Paraguay de seguir trabajando para responder a los desafíos que traería consigo el incremento de la población de edad avanzada.
Paulo Saad, Director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, presentó el documento de posición de la Conferencia titulado Derechos de las personas mayores. Retos para la interdependencia y autonomía, que sirvió de base para los debates que se realizaron durante la reunión, y en el cual se analizan los principales avances, las limitaciones y los desafíos relativos al ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores en la región.
Además, en su presentación, el Director del CELADE-División de Población de la CEPAL ofreció un panorama del proceso de envejecimiento demográfico y de la situación de las personas mayores en la región, destacó el papel de la transición demográfica y los diferentes efectos que entrañaba para la estructura etaria a medida que avanzaba y, en particular, se refirió al inevitable envejecimiento en la fase final de esa transición.
Según diversas proyecciones, en 2052 la población de 60 años o más pasaría a ser predominante en la región respecto de los grupos de población de 0 a 19 años (población juvenil), de 20 a 39 años (adultos jóvenes) y de 40 a 59 años (adultos), lo que daría inicio a un período de la sociedad envejecida, que sobrevendría en diferentes momentos en cada país, en función de las trayectorias heterogéneas de la transición demográfica.
En 2060, cuando el envejecimiento poblacional estuviese extendido en casi todos los países de la región, habría alrededor de 234 millones de personas mayores, que representarían el 30% de la población de América Latina y el Caribe.
Entre las características sociodemográficas de las personas mayores, destacó el predominio femenino, el aumento de la población de más edad (de 75 años y más), el menor nivel educativo de las mujeres y la participación laboral relativamente extendida de las personas mayores. También manifestó que, si bien la situación sociodemográfica de las personas mayores había mejorado, los problemas aún eran graves e importantes. Se refirió principalmente a los cuidados de largo plazo, la escasa adaptación y el reducido nivel de acceso a los programas salud, el bajo monto de las pensiones, la discriminación y el maltrato.
En su intervención, Paulo Saad valoró el cambio de enfoque sobre el envejecimiento y las personas mayores y aseguró que el complejo listado de problemas actuales y desafíos emergentes debía conducir valorar y defender los avances ya logrados y a promover que los derechos de las personas mayores se convirtieran en una agenda de Estado que impregnara el conjunto de la acción pública para superar los rezagos, reducir las deudas y enfrentar los desafíos emergentes que atañían a las personas mayores.
Entre los asuntos emergentes, hizo énfasis en los cuidados paliativos, destacó en particular su aporte a la calidad de vida y la autonomía de las personas mayores, y señaló que existía una gran desigualdad en el acceso a dichos cuidados. Identificó algunas opciones para aumentar su cobertura y precisó que el acceso a los servicios de cuidados paliativos contribuía a mantener una buena vida hasta el final de la existencia. Además, abordó el tema de los cuidados de largo plazo y destacó sus beneficios, aunque advirtió que su prestación debía dirigirse a mantener la autonomía de las personas mayores.
También puso énfasis en el aporte y el desafío financiero que la capacitación de personal y el diseño institucional suponían para el establecimiento de un sistema de cuidados de largo plazo en los países de la región, y llamó la atención sobre la necesidad de reconocer los derechos de los cuidadores y las cuidadoras, incluida su remuneración, y sobre los sesgos de género en el ejercicio de las tareas de cuidado, tanto en el ámbito doméstico como institucional.
Durante la Conferencia las delegaciones nacionales dieron a conocer las principales actividades realizadas para ampliar la protección de los derechos de las personas mayores, los adelantos logrados en las políticas a favor de las personas mayores en el marco de la aplicación de la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe, y los resultados de las respectivas revisiones y evaluaciones emprendidas. El debate en torno a estos temas permitió compartir experiencias, sobre todo en lo que respecta a los desafíos enfrentados y a las soluciones implementadas.
Diagrama 1
Avances internacionales y regionales en materia de protección de los derechos humanos de las personas mayores
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de S. Huenchuan, “La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Perspectiva de la CEPAL”, ponencia realizada en la Segunda Reunión de Expertos para el Seguimiento de la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores, Santiago, 16 de noviembre de 2016.
En el último quinquenio se han realizado grandes avances en los ámbitos nacional y regional. En el primero, las delegaciones identificaron algunas áreas de trabajo que fueron promovidas o reforzadas, dependiendo del grado de consolidación institucional de los asuntos relativos a las personas mayores en los respectivos países. Entre dichos avances cabe mencionar la aprobación de leyes sobre las personas mayores, la elaboración de planes nacionales, el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales con relación al tema, la prevención y la sanción de la violencia contra de las personas mayores, el acceso a la justicia, la atención de las enfermedades mentales, incluida la enfermedad de Alzheimer, y el impulso de los servicios de cuidados de largo plazo. En el ámbito regional, la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Costa Rica y el Uruguay informaron acerca de la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, y otros países destacaron sus esfuerzos en tal sentido.
En el Estado Plurinacional de Bolivia, la Ley General de las Personas Adultas Mayores, Ley núm. 369, se aprobó el 1 de mayo de 2013, y en el Perú, la Ley de la Persona Adulta Mayor, Ley núm. 30490 se aprobó el 30 de junio de 2016. En Barbados, en 2013, así como en Colombia y el Uruguay, se elaboraron planes de acción. En estos dos últimos países los planes corresponden a los períodos 2014-2024 y 2016-2019, respectivamente. La Argentina se encuentra en proceso de elaboración de su plan de acción correspondiente al período 2017-2020.
La institucionalidad en el ámbito local está siendo reforzada. En el Brasil se han formado 2.868 consejos de derechos de las personas mayores subnacionales (estaduales, distritales y municipales). En la Argentina, un 92% de los gobiernos locales cuentan con organismos propios dedicados a la atención de las personas mayores, la mayoría de los cuales tienen rango de dirección provincial. En el Estado Plurinacional de Bolivia los gobiernos autónomos departamentales están adquiriendo protagonismo en las acciones a favor de las personas mayores.
La producción de datos también es una actividad en la que Colombia y el Uruguay han trabajado. En el primer país se hizo la Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) en 2015, y en el segundo el Instituto Nacional de las Personas Mayores (INMAYORES) compila información sobre envejecimiento y vejez, que forma parte del Sistema Estadístico Nacional. En México, en 2012 el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) desarrollaron un enfoque para el diagnóstico de la discriminación, que contiene una sección dedicada a describir aquella que enfrentan las personas mayores.
Recuadro 1
Decenio del Envejecimiento Saludable 2020-2030 de la Organización Mundial de la Salud
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Enrique Vega, Asesor Regional en Envejecimiento y Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), participó como panelista en una de las sesiones temáticas de la Conferencia. Durante su presentación definió al envejecimiento saludable como el proceso orientado a fomentar la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez, y aclaró que la capacidad funcional se refiere a los atributos relacionados con la salud que permiten a la persona ser y hacer aquello que tiene razones para valorar. Hizo referencia a la Estrategia y plan de acción mundiales sobre el envejecimiento y la salud 2016-2020 aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en que se propone que el período comprendido entre 2020 y 2030 sea declarado Decenio del Envejecimiento Saludable, con la finalidad de promover el desarrollo de entornos adaptados a las personas mayores y la adecuación de los sistemas de salud a las necesidades de la población de edad avanzada. También se prevé el establecimiento de sistemas sostenibles y equitativos de atención crónica y la mejora de los sistemas de medición, seguimiento e investigación sobre el envejecimiento saludable. Fuente: Elaboración propia. |
En lo que se refiere al acceso a la justicia se destacó la labor que el Paraguay y el Perú han emprendido para eliminar las barreras que dificultan el acceso de las personas mayores a la justicia por causas penales y civiles. En el Paraguay se dictó, en agosto de 2016, una instrucción específica del Fiscal General del Estado, y en el Perú se creó, en junio de 2016, un sistema de alerta que advierte a los jueces sobre la existencia de procesos judiciales en los que participan personas mayores.
En lo que respecta a la violencia, en la República Dominicana se creó en 2015 la Unidad Especializada en Violencia Contra el Adulto Mayor que funciona en coordinación con el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), así como con otras dependencias, como la Dirección Nacional de Atención a Víctimas, las fiscalías y otras oficinas especializadas.
En Chile, la Ley núm. 21013 del 6 de junio de 2017 tipifica un nuevo delito de maltrato con vistas a proteger a las personas mayores de la violencia fuera del núcleo familiar, incluidas la violencia relacionada con los cuidadores extradomiciliarios y las situaciones de maltrato que tienen lugar en el marco de la atención residencial de largo plazo. Ello complementa la Ley núm. 20609 de 2012 sobre discriminación, en que se señala la edad como causa de discriminación.
En lo que se refiere a la atención de las enfermedades mentales, Chile, Costa Rica, Cuba y el Perú elaboraron planes nacionales de atención, y en el caso del Perú se dictó la Ley núm. 30020 que crea el Plan Nacional para la Enfermedad de Alzheimer y Otras Demencias.
Por otra parte, en Barbados el Ministerio de Salud amplió la atención y el tratamiento del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) para incluir a las personas mayores, quienes pueden ser atendidas en policlínicas comunitarias, así como en la Clínica Ladymeade, que constituye el eje central de la atención del VIH en el país.
Cuba también se refirió en extenso a la atención que se brinda a las personas mayores en materia de salud, en el marco de un envejecimiento poblacional más pronunciado que el que se registra en el resto de la región. Es por ello que el país ha convertido el tema en un asunto transversal por medio del estudio y la implementación de estrategias en todos los sectores de la sociedad para atender al envejecimiento de manera integral, incluidos los asuntos relacionados con el cuidado de largo plazo, la seguridad social, el envejecimiento saludable y el desarrollo de una cultura de respeto hacia las personas de edad avanzada.
Los cuidados de largo plazo constituyen un ámbito de trabajo que los países están desarrollando, aunque con diferencias entre ellos. A los avances registrados en la Argentina y Costa Rica se suma el Uruguay por medio del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, creado en 2015, que cuenta, entre otros servicios, con el servicio de teleasistencia en el hogar, los centros diurnos, los centros de larga estadía y el servicio de asistentes personales. En Chile, 15 comunas cuentan con servicios de cuidado domiciliario, y se informó que en 2017 se concluirá la construcción de cuatro establecimientos de larga estadía y de cuatro centros de día.
En el Paraguay se inauguró en diciembre de 2016 el Centro Residencial de Apoyo y Ayuda al Adulto Mayor, creado para brindar atención sociosanitaria a una población de 175 jubilados y beneficiarios del Instituto de Previsión Social (IPS), seleccionados mediante normas internacionales para acceder al servicio, que residirán en el lugar de forma permanente. En el Ecuador, la Subsecretaría de Atención Intergeneracional del Ministerio de Inclusión Económica y Social está brindando atención directa a las personas mayores en 14 centros de atención gerontológica.
Entre las prácticas novedosas cabe mencionar la que desarrolla en Colombia la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que está fortaleciendo la transversalización del enfoque diferencial en la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2014 por medio de acciones dirigidas a las personas mayores víctimas del conflicto armado, a fin de brindarles protección y asistencia, así como herramientas que les permitan superar las consecuencias del conflicto armado.
En el Estado Plurinacional de Bolivia se están implementando, en 80 instituciones públicas, los principios del trato preferencial, entre los que se incluye, además del empleo eficiente de los tiempos de atención y la capacitación del personal, el uso del idioma materno de las personas mayores que acuden a solicitar ayuda, entre otros.
En lo que respecta a la atención de personas en casos de desastre, en la República Dominicana la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) creó un Equipo Consultivo de Protección, Género y Edad que tiene el propósito de crear un protocolo de atención para personas mayores en situaciones de emergencia y casos de desastre. En Barbados, el Vulnerable Persons’ Committee (Comité para las Personas Vulnerables) se reúne mensualmente y tiene la responsabilidad de brindar atención a las personas en condición de vulnerabilidad, incluidas las personas mayores, durante y después de la ocurrencia de catástrofes, ya sean naturales o provocadas por el hombre.
Las organizaciones de la sociedad civil tuvieron un amplio protagonismo durante la Conferencia. Bajo el lema “Aquí y ahora”, hicieron sus declaraciones y dieron lectura a la Declaración de Ypacaraí, titulada Desde la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que fue el resultado de la Reunión Regional de Sociedad Civil Madrid+15, celebrada en Ypacaraí (Paraguay), del 24 al 27 de junio de 2017.
En general, las y los representantes de la sociedad civil valoraron el espacio que la Conferencia abrió para que las organizaciones de personas mayores dieran a conocer sus reivindicaciones y los principales aportes que hacen cotidianamente a favor de este colectivo. Señalaron que dicho espacio constituía una necesidad para establecer relaciones constructivas entre la sociedad civil y los gobiernos, y que su flexibilidad permitía dar a conocer distintas voces y opiniones.
En sus declaraciones hicieron hincapié en la necesidad de reforzar el respeto y la protección de los derechos humanos de las personas mayores, sobre todo en relación a la protección social (relativa a la cobertura y la calidad de la seguridad social y de la salud). Llamaron la atención acerca de la situación de grupos específicos de personas mayores, en particular de las mujeres mayores y de la población indígena de edad avanzada.
Reclamaron una mayor participación de las personas mayores y de sus organizaciones en los asuntos públicos, y demandaron la eliminación de las barreras que limitaban su acción para tener un mayor protagonismo en las políticas públicas. Hicieron un amplio llamado a los Estados miembros de la OEA para ratificar con la mayor celeridad posible la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
La ocasión fue propicia para celebrar con todos los participantes los avances logrados en la implementación de la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe, pese a que manifestaron que dichos avances eran insuficientes. Algunas organizaciones expresaron su disconformidad con las políticas desarrolladas hasta el momento y pidieron una mayor atención de los Gobiernos a los problemas que realmente las afectaban.
Los países participantes de la Cuarta Conferencia Regional aprobaron la Declaración de Asunción. Construyendo Sociedades Inclusivas: Envejecimiento con Dignidad y Derechos.
Los Gobiernos reafirmaron el compromiso de promover, proteger y respetar los derechos humanos, la dignidad y las libertades fundamentales de todas las personas mayores, sin discriminación de ningún tipo, e hicieron hincapié en que la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe ofrecía un marco regional para el desarrollo de políticas públicas que los Estados continuaban acogiendo, y complementaba la labor de otros mecanismos existentes a nivel regional e internacional.
Además, abogaron por el fortalecimiento de las instituciones rectoras en materia de envejecimiento y vejez en el ámbito nacional y, por su posicionamiento en el ámbito internacional, valoraron la cooperación y el intercambio de experiencias e instaron a su aprovechamiento.
Destacaron cuatro temas en particular:
i) la asistencia específica a las personas mayores en lo que se refiere a la evaluación del riesgo, la preparación, la prevención y la respuesta en casos de desastre y reconstrucción;
ii) la erradicación de la discriminación por edad y múltiple;
iii) el desarrollo de políticas y programas de cuidado de largo plazo, y
iv) la ampliación de los servicios de cuidados paliativos.
En relación con los asuntos internacionales, reafirmaron su compromiso con la labor del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Envejecimiento e insistieron en la necesidad de iniciar la redacción de un instrumento jurídico multilateral específico, basado en un enfoque amplio e integral y de carácter vinculante, para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas mayores.
También acogieron la labor de la Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad y le pidieron que, atendiendo a las prioridades establecidas por los Estados, actuara en coordinación con todos los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, así como con las instituciones nacionales dirigidas a las personas mayores y las organizaciones de personas mayores de América Latina y el Caribe, en el cumplimiento de su mandato.
Por otra parte, insistieron en la necesidad de considerar la situación y los intereses de las personas mayores en la implementación y el seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Por último cabe señalar que en la Declaración de Asunción, los Gobiernos reconocieron la importancia de la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe como espacio para facilitar el proceso sistemático de examen y evaluación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento y de la situación de las personas mayores y sus derechos humanos a nivel regional, sobre la base de informes nacionales y el intercambio de experiencias, y que coadyuvaba al cumplimiento de otros compromisos regionales e internacionales en la materia.
Durante el octavo período de sesiones del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Envejecimiento, de las Naciones Unidas, celebrado del 5 al 7 de julio de 2017, se dio a conocer la Declaración de Asunción, que fue reconocida ampliamente por los países de la región y fuera de ella.
Así, correspondería que dicha Declaración se dé a conocer en el 56° período de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas y que ello se repita en 2018 durante la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe a celebrarse en Perú.
Además, como ha ocurrido con relación a las anteriores reuniones de la Conferencia Regional Intergubernamental sobre el Envejecimiento en América Latina y el Caribe, se espera que los países convoquen actividades de seguimiento de la Declaración de Asunción en los ámbitos nacional, subregional y nacional durante los próximos cinco años.
