Un nuevo artículo de la CEPAL examina el crecimiento de las Sociedades BIC como parte de su contribución a la Economía Social y Solidaria en la región.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) refuerza su compromiso con la promoción de la Economía Social y Solidaria (ESS) en la región a través de un nuevo artículo publicado en el Observatorio Iberoamericano del Empleo y la Economía Social y Cooperativa (OIBESCOOP). La contribución analiza el avance institucional y legal de las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (Sociedades BIC), una figura empresarial en crecimiento que busca combinar rentabilidad e impacto social.

El artículo, elaborado por los investigadores Felipe Correa y Raúl Villalobos, revisa la conceptualización de la ESS a partir de lo establecido en la 110ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT en 2022. Esta definición incluye una diversidad de entidades —cooperativas, asociaciones, mutuales, fundaciones, empresas sociales, grupos de autoayuda, entre otras— que comparten valores y principios orientados al bienestar social.

Según los autores, esta definición permite incluir empresas sociales, las cuales no necesariamente son sin fines de lucro. Lo esencial no es su pertenencia al sector no lucrativo, sino su cumplimiento de cuatro criterios fundamentales: generar ingresos mediante la venta de productos o servicios, demostrar un alto nivel de innovación social, priorizar la misión social sobre el lucro, y contar con una estructura de gobernanza que refleje esta orientación.

Una idea que también se recoge en el reciente informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Economía Social y Solidaria, y ayuda a explicar el auge de las Empresas BIC en distintas regiones del mundo. Estas sociedades, legalmente constituidas como entidades comerciales, pueden distribuir utilidades, pero su actividad debe estar alineada con un propósito explícito de impacto positivo en lo social, lo económico y lo ambiental, tal como se establece en sus estatutos.

En América Latina, cinco países han adoptado marcos legales específicos para este tipo de empresas: Colombia (Ley 1901, 2018), Ecuador (Resolución SCVS-INC-DNCDN-2019-0021), Perú (Ley 31072, 2020), Uruguay (Ley 19969, 2021) y Panamá (Ley 303, 2022). Además, tanto Argentina como Chile cuentan con proyectos de ley en curso para su implementación.

Desde 2018, se ha registrado un crecimiento sostenido en el número de empresas BIC en la región, especialmente a partir de 2021. Actualmente, existen más de 5.000 sociedades de este tipo, de las cuales más del 95% son micro y pequeñas empresas (mypes). En cuanto al desempeño de estas empresas de impacto, los autores destacan que la mitad se dedica a la prestación de servicios, con una presencia destacada en la producción de bienes transables frente a las empresas convencionales.

Finalmente, el artículo concluye señalando que más del 70% de las sociedades BIC en la región no presentan informes de impacto, lo que limita la capacidad de medir su contribución al desarrollo. Ante esta situación, los autores hacen un llamado a los gobiernos para que implementen políticas públicas que fomenten la elaboración y fiscalización de estos informes, asegurando así el cumplimiento efectivo de sus objetivos sociales y ambientales. 

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Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC): institucionalidad desde América Latina