Señoras y señores:

Hoy, 22 de abril, celebramos el Día Internacional de la Madre Tierra y, al mismo tiempo, conmemoramos un hito trascendental para la democracia ambiental en América Latina y el Caribe: la entrada en vigor, hace cuatro años, del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), tras el depósito del undécimo instrumento de ratificación. Ese momento histórico en la cooperación multilateral regional consolidó un compromiso compartido con los derechos ambientales como pilares esenciales para el desarrollo sostenible, la gobernanza democrática y la protección de quienes defienden nuestro ambiente.

El Acuerdo de Escazú es más que un tratado, es un logro colectivo de los Estados de la región y el público, que encarna el espíritu de la democracia. Es el primer instrumento ambiental regional de América Latina y el Caribe y el único de esa índole a nivel mundial derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20). A su vez, es pionero al consagrar disposiciones específicas para la promoción, protección y defensa de las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. Con su enfoque centrado en la justicia ambiental, la transparencia y la participación inclusiva, el Acuerdo busca garantizar a las generaciones presentes y futuras su derecho a vivir en un medio ambiente sano y su derecho al desarrollo sostenible, mediante el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación regional y con la premisa de no dejar a nadie atrás.

El Acuerdo de Escazú ha recibido un respaldo significativo: 24 países lo han firmado y 17 lo han ratificado o han adherido a él, convirtiéndose así en Estados Parte del mismo. En este día, felicitamos a esos 17 países —que representan cerca del 44% de la población regional—, porque han dado un paso fundamental para construir sociedades más informadas, participativas y justas. Gracias a este compromiso, hoy cuentan con una base jurídica sólida para asegurar el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana significativa y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, elementos esenciales para proteger nuestro planeta y contribuir al desarrollo sostenible.

Por ello, invitamos a los países que aún no lo han hecho a avanzar decididamente hacia la ratificación del Acuerdo, velando por el bien de nuestras sociedades, las instituciones, la democracia y, por supuesto, el cuidado de nuestra Madre Tierra.

Este también es un año significativo para la acción climática. El Brasil acogerá el 30º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Cuidar de quienes protegen el planeta es también cuidar nuestro futuro común.

Estamos convencidos de que, para superar las trampas de bajas capacidades para crecer y de alta desigualdad y baja cohesión social que afectan a nuestra región y para transitar hacia un modelo de desarrollo ambientalmente sostenible e inclusivo, debemos fortalecer la gobernanza democrática y las capacidades institucionales. El Acuerdo de Escazú, una herramienta poderosa en este sentido, construido desde la región y para ella, nos brinda la base necesaria para promover el diálogo social, planificar con visión de futuro y elaborar políticas transformadoras que respondan a los desafíos de nuestro tiempo.

Aunque esta es la región más peligrosa del mundo para quienes defienden el ambiente, el Acuerdo prevé avances concretos para la protección de esas personas. Se han celebrado ya tres Foros Anuales sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe. En el más reciente, llevado a cabo en Saint Kitts y Nevis, representantes de la sociedad civil, comunidades, personas defensoras, organismos internacionales y autoridades compartieron exitosamente diagnósticos, experiencias y propuestas para avanzar en la implementación del Plan de Acción sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, aprobado en la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes, celebrada en 2024.

Este día, profundamente simbólico y celebratorio, es también una oportunidad para renovar nuestro compromiso con el Acuerdo de Escazú y su plena implementación. Nos invita a redoblar los esfuerzos para garantizar los derechos ambientales y para proteger a quienes protegen la Madre Tierra frente a los desafíos del presente y del futuro.

En un contexto mundial de rápidos cambios, América Latina y el Caribe —una de las regiones más diversas y ricas en patrimonio natural— tiene la oportunidad de influir en las transformaciones con una visión del desarrollo en el que converjan el crecimiento económico, la igualdad, la justicia socioambiental y la solidaridad intergeneracional.

Ese es el camino que el Acuerdo de Escazú nos propone y al cual debemos responder con decisión.

Cordiales saludos,

José Manuel Salazar-Xirinachs                                                                        Edgardo Ortuño Silva
Secretario Ejecutivo                                                                                      Ministro de Ambiente, Uruguay
Comisión Económica para América Latina                                   Presidencia de la Mesa Directiva del Acuerdo de Escazú
 y el Caribe (CEPAL)