La crisis sanitaria y económica sin precedentes que experimenta la región con el surgimiento del nuevo coronavirus y la enfermedad del Covid-19, ha puesto las desigualdades socioeconómicas y de acceso a los servicios de salud y protección social aún más en evidencia. Entre los grupos más vulnerables, con consecuencias directas de la pandemia en su calidad de vida y desafíos en el cumplimiento de sus derechos, están las personas mayores. Particularmente, el derecho a la salud que debe ser para todos y sin discriminación de edad y por otra el derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días.
El Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento y la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe permiten identificar las acciones clave para ampliar la protección de los derechos de las personas mayores durante esta crisis, pero también para el período de reconstrucción poniendo a las personas mayores en el centro, y siguiendo la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollos sostenible, para que ninguno de ellos se quede atrás.
Tanto el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento y la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe ofrecen un marco regional para el desarrollo de políticas públicas y complementa la labor de otros mecanismos existentes a nivel regional e internacional y contribuye a reforzar junto con la Convención interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores la garantía y protección de sus derechos y libertades fundamentales.
Tal como se indica en la Declaración de Asunción, es urgente tomar medidas específicas y profundizar las existentes para combatir la discriminación por edad y múltiple, el abandono, el maltrato y la violencia hacia las personas mayores, prestando especial atención a las que enfrentan situaciones de mayor riesgo y vulnerabilidad social, así como a proporcionar servicios de salud integral, cuidados, protección social y acceso a alimentos, vivienda, empleo, ocupación social y justicia.
Esta crisis sanitaria a puesto en evidencia la importancia de promover la inclusión y la participación de las personas mayores en la formulación, aprobación e implementación de planes y estrategias de gestión y mitigación de desastres, la puesta en práctica de medidas que brinden asistencia específica a las personas mayores en materia de evaluación del riesgo, preparación, prevención, respuesta en casos de desastre y reconstrucción, y su participación en programas de formación y capacitación y actividades de recolección de datos.
Por otra parte, es importante la implementación de políticas y programas para la prevención, el cuidado, los cuidados paliativos y el tratamiento y el manejo de enfermedades no transmisibles, incluidas la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia, así como la promoción de un envejecimiento saludable para mejorar la calidad de vida y aligerar la carga de enfermedades no transmisibles en la población, la economía y los servicios y sistemas de salud;
Uno de los esfuerzos que ha realizado esta Conferencia ha sido incorporar a las personas mayores en la implementación y el seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible desde la perspectiva de derechos humanos. Si bien ya había evidencia que el cambio demográfico tendrá efectos en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esta crisis sanitaria y socioeconómica acentúan aún más estos efectos. Sin embargo, a recuperación del COVID-19 es una oportunidad para construir una sociedad más inclusiva, equitativa y amigable que fomente el envejecimiento saludable y los derechos humanos y la dignidad de las personas mayores.
Los principios de universalidad y no discriminación que guían la Agenda 2030 ofrecen la posibilidad de utilizar los instrumentos internacionales de derechos humanos para lograr que nadie se quede atrás. En tal sentido, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores —mientras no exista un instrumento universal— resulta de vital importancia para facilitar a los Gobiernos y a la sociedad civil el aprovechamiento efectivo del potencial de las personas mayores para no dejarlas atrás y avanzar hacia la anhelada igualdad para todas y todos que impulsa la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
En el marco de la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe, se organizó el Diálogo virtual: Desafíos en la protección de las personas mayores y sus derechos frente a la pandemia del COVID-19. Instancia de reflexión dirigida a tomadores de decisiones, junto con académicos y organizaciones de la sociedad civil, para analizar el escenario sociodemográfico de los países de la región a la luz de la crisis sanitaria y sus posibles impactos en el corto, mediano y largo plazo en las personas mayores. El objetivo fue intercambiar información, compartir experiencias y aprendizajes sobre medidas y acciones implementadas en los países, así como promover iniciativas de cooperación entre ellos que permitan brindar respuestas coordinadas frente a la crisis del COVID-19.
En este sentido, este dialogo nos han puesto en la senda de generar ámbitos propicios para pensar acciones tendientes a dar las mejores respuestas a la crisis.
Otras actividades que se desarrollaron durante el 2020 en el contexto de la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe son las siguientes:
Nota: Este artículo no ha sido sometido a revisión editorial.
