Taller Territorios integradores: Fortaleciendo las capacidades de gobiernos locales para la protección e integración socioeconómica de personas refugiadas, migrantes, retornadas y comunidad de acogida en Perú

En los últimos cinco años, el Perú ha vivido una transformación importante respecto a las corrientes migratorias, pasando de ser un país predominantemente de origen, con 3.3 millones de peruanas y peruanos en el extranjero (INEI 2022), a ser también uno de tránsito y destino, con 1.71 millones de personas extranjeras viviendo en el Perú (SNM, setiembre 2022).

En este contexto, el gobierno de Perú viene gestionando la transformación migratoria logrando avances significativos. Sin embargo, aún persisten importantes desafíos para satisfacer las necesidades y proteger efectivamente los derechos de las personas refugiadas, migrantes y retornadas en el país. Existen importantes brechas en el acceso a trabajo decente, protección social, salud, vivienda, educación y otros servicios básicos, que afectan principalmente a las poblaciones más vulnerables, incluyendo la población refugiada, migrante y retornada.

Las poblaciones migrantes enfrentan varios retos para su integración socioeconómica, desde la xenofobia y la discriminación interseccional, hasta la falta de medios de vida, limitados mecanismos de inclusión financiera, barreras para una cohesión social efectiva, e insuficiente protección social. Esto se amplifica con barreras estructurales como la pobreza, la informalidad, la fragilidad estatal y la violencia basada en género, que se han profundizado como efecto de la pandemia.

Si bien la gestión migratoria en el país se rige por políticas de ámbito nacional, los gobiernos regionales y locales tienen un rol clave, no solo porque constituyen la “primera línea” de acceso a programas y servicios públicos, sino también porque tienen competencias institucionales que les permiten diseñar e implementar respuestas con enfoque territorial, aun cuando no siempre disponen de los recursos financieros para hacerlo de manera eficaz.

La respuesta a la migración con enfoque territorial requiere, además de recursos financieros, el fortalecimiento de las capacidades de los actores locales, en particular los públicos, para mejorar el nivel de conocimiento sobre las contribuciones de la migración, las normativas y políticas relacionadas con la protección y garantía de derechos para las personas refugiadas y migrantes. Además, requieren mejorar el diseño e implementación de políticas, programas y servicios que faciliten la inclusión social y económica de las personas migrantes en la vida local que les permita contribuir al crecimiento y desarrollo del territorio en armonía con la población de acogida.