América Latina y el Caribe se han convertido en el nuevo epicentro global de COVID-19. El costo humano ha sido trágico, con más de 100.000 vidas perdidas, y el costo económico también ha sido elevado. El FMI estima ahora que el PIB de la región se contraerá un 9,1 por ciento en 2020, cuatro puntos porcentuales por debajo de la proyección de abril siendo la peor recesión registrada.
Nuestro destino social y económico está indisolublemente ligado al de la naturaleza. Los gobiernos tienen la oportunidad y la responsabilidad de garantizar que las medidas de emergencia a corto plazo conduzcan a un futuro mejor y más resiliente. Un marco verde para las medidas de estímulo, de recuperación y rescate es imperativo para desarrollar la resiliencia del sistema, apoyar los esfuerzos de salud pública y reducir la probabilidad de futuras pandemias y riesgos ambientales y climáticos de mayor alcance.
La prioridad inmediata es seguir protegiendo vidas y medios de subsistencia, lo que, dado el limitado espacio fiscal en la región, requerirá volver a priorizar el gasto y aumentar su eficiencia. Las consecuencias de la pandemia y la respuesta política asociada también plantearán preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda a mediano plazo en varios países.
Las políticas fiscales verdes pueden desempeñar un papel clave en los esfuerzos de recuperación de los países al eliminar las ineficiencias en el gasto público y recaudar ingresos fiscales adicionales que pueden dirigirse hacia medidas de alivio inmediatas de COVID-19 al tiempo que apoyan las inversiones a mediano y largo plazo y la planificación para un futuro más sostenible, resiliente e inclusivo.
También existe una necesidad urgente de integrar las consideraciones sobre el clima, la naturaleza y la contaminación en los procesos de finanzas públicas de las economías regionales a medida que avanzamos hacia una etapa decisiva de acción sobre los ODS y el Acuerdo de París. Los recursos necesarios para financiar los ODS se estiman en USD 2,5 a 3 billones por año. Según el FMI, los países de bajos ingresos necesitarán, en promedio, recursos adicionales que ascienden al 15,4 por ciento del PIB para financiar los ODS para 2030. La crisis del Covid-19 ha hecho imperativo que los países en desarrollo comiencen a reformar sus sistemas tributarios para generar más recursos a nivel nacional. La volatilidad política que existía en muchos países de la región antes de la pandemia también se ha exacerbado, con consideraciones de equidad social aún más importantes ahora en el diseño e implementación de políticas fiscales verdes y medidas complementarias para la aceptabilidad pública y política.
En este contexto, este taller explorará el papel de las políticas fiscales verdes en la ecologización de una recuperación del COVID-19 con el objetivo de apoyar los esfuerzos de salud pública, reducir los riesgos ambientales y del cambio climático y fortalecer la resiliencia a crisis futuras incorporando consideraciones socio-económicas inclusivas y sostenibles en la planificación económica nacional.