Las desigualdades étnico-raciales constituyen uno de los ejes estructurantes de la matriz de la desigualdad social en la región. En efecto, un colectivo históricamente excluido y discriminado ha sido el de las personas y comunidades afrodescendientes, cuya presencia en el continente se remonta a más de cinco siglos, desde el inicio de la oprobiosa esclavización de personas africanas. El corolario de ello ha sido el Programa de Acción de la Conferencia de Examen de Durban de 2001, el Año Internacional de los Afrodescendientes 2011 y el establecimiento por parte de las Naciones Unidas del Decenio Internacional para los Afrodescendientes 2015-2024, sustentado en tres pilares: reconocimiento, justicia y desarrollo.
En este contexto, un asunto creciente y recurrente en la región ha sido la demanda de información sobre la situación afrodescendiente, vista como una herramienta técnica y política al servicio de la promoción, la ampliación de la ciudadanía y la garantía de los derechos humanos. Las limitaciones en la disponibilidad de datos confiables y oportunos sobre las personas y comunidades afrodescendientes constituyen una expresión más de la discriminación estructural que las afecta. De allí que en la última década se han realizado importantes esfuerzos para subsanar este hecho, siendo uno de los resultados más visibles de este proceso la inclusión de la autoidentificación afrodescendiente en la gran mayoría de los censos de los países de la región. Esto abre una oportunidad estadística significativa para avanzar en el conocimiento de las condiciones de vida de estas poblaciones, dentro de lo cual se enmarca el estudio “Situación de las personas afrodescendientes en América Latina y desafíos de políticas para la garantía de sus derechos”, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en coordinación con la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), con el apoyo de la Fundación Ford, el cual es presentado en el presente evento.
Se espera que este documento contribuya a reforzar el compromiso de los Estados y de organismos regionales e internacionales en la lucha contra la injusticia social, la desigualdad, la discriminación y el racismo y que constituya un insumo válido para la definición de acciones para avanzar hacia el cierre de las brechas entre los estándares vigentes de derechos humanos y la vida cotidiana de las personas afrodescendientes de América Latina y el Caribe. En este sentido, la Agenda 2030 ofrece un marco para la acción idóneo para cerrar dichas brechas.
