Chile ha sido uno de los pocos países en el mundo que logró erradicar la desnutrición entre la década de 1960 y 1980 mediante la aplicación de políticas materno-infantiles acertadas, a pesar de dos crisis económicas severas (1974-1976 y 1982-1986) y un entorno sociopolítico y cultural adverso.
Estas políticas se caracterizaron por ser continuas, dirigidas verticalmente desde el Ministerio de Salud y contar con orientaciones claras y presupuesto para los programas de alimentación complementaria y la Corporación de Nutrición Infantil (CONIN). Además, fueron objeto del apoyo consensuado de técnicos, políticos y de la sociedad en su conjunto, que consideraban a la desnutrición como algo inaceptable para el país y que requería de la solidaridad de todos para resolverlo. En cambio, en el caso de la obesidad, no ha sucedido lo mismo.
En primer lugar, no hay consenso y existen quienes señalan que los estilos de vida dependen de cada persona y cualquier intervención del Estado atentaría contra las libertades personales. Otros apoyan la estrategia de los Determinantes Sociales de Salud, planteando que lo importante son los cambios estructurales en la sociedad y que los hábitos serían consecuencia de estos.
También existen planteamientos cortoplacistas que señalan la necesidad de invertir en los que ya están enfermos y brindarles una buena atención, antes que enfrentar gastos en promoción y prevención de salud para toda la población, con resultados inciertos y en el largo plazo.
Tampoco hay continuidad en las políticas, ya que cada gobierno cambia los programas. A la fecha no existe una entidad responsable de dirigir, coordinar y evaluar el tema de la obesidad; pero lo más grave es que el exceso de peso no es un problema sentido por la población que no se moviliza ni exige que se solucione, sino que sólo demanda atención médica inmediata.
Mientras tanto, la obesidad, especialmente la infantil, sigue aumentando en Chile y en el mundo, siendo considerada el principal problema de salud pública dadas sus implicancias en las dolencias que más nos afectan: enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, problemas osteoarticulares y de salud mental.
Hasta el momento no hay experiencias exitosas en el control de la obesidad. Sin embargo, existe consenso en que las políticas deben actuar en tres niveles [1]. En primer lugar, en el entorno escolar mediante la entrega de frutas y verduras, con normas claras de alimentación y un sólido programa de educación nutricional. En segundo lugar, aplicando impuestos a bebidas gaseosas azucaradas y alimentos procesados con alto contenido de grasas, azúcar y sal, junto con subsidiar los alimentos saludables, especialmente verduras y frutas. Por último, aplicando el etiquetado nutricional, que es donde más se ha avanzado en Chile.
Para cumplir con lo anterior se requiere de una política de Estado de largo plazo que trascienda los gobiernos y sea continua en el tiempo, que disponga de recursos suficientes, sea dirigida por un ente coordinador desde el nivel central con capacidad ejecutiva para realizar programas de promoción de estilos de vida saludables y de prevención de la obesidad, y que tenga presencia en cada una de las regiones del país.
Para que ello suceda debe contarse con el apoyo y colaboración de la sociedad en su conjunto. Cuando un problema no es sentido ni apoyado por la población es muy difícil que se transforme en una política pública de largo plazo. Es por ello que la educación de la población en los temas de alimentación y estilos de vida saludables desde las edades más tempranas pasa a ser un tema crucial para el futuro de la salud pública en Chile y el mundo.