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Derechos de acceso a la información, la participación y la justicia ambientales están en el corazón de la Agenda 2030

Países de América Latina y el Caribe comenzaron en Uruguay tercera ronda de negociación para contar con un acuerdo regional sobre la aplicación del Principio 10.

5 de abril de 2016|Comunicado de prensa

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Fotografía de grupo de reunión del Principio 10
Delegados asistentes a la Tercera Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Principio 10, que se realiza en Uruguay.
Foto: cortesía Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay

Los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia ambientales –consagrados en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo- están en el corazón de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, señalaron hoy autoridades y expertos reunidos en Uruguay.

La Tercera Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe comenzó hoy en Montevideo, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno de Uruguay.

En el encuentro –que se prolongará hasta el viernes 8 de abril- representantes de los países firmantes de la declaración sobre la aplicación del Principio 10 en asuntos ambientales en la región continuarán con las negociaciones para contar con un acuerdo regional en estas materias, el cual se espera concluir para diciembre de 2016.

La reunión fue inaugurada por el Embajador Martín Vidal, Director General para Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay; Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL; Patricia Madrigal, Viceministra de Ambiente de Costa Rica y co-presidenta de la Mesa Directiva del proceso de negociación; Danielle Andrade y Alberto Gómez, representantes del público; y Alejandro Nario, Director Nacional de Medio Ambiente, del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay.

En su intervención, el Embajador Vidal señaló que tras la aprobación de la Agenda 2030 en septiembre pasado por los países miembros de las Naciones Unidas ha quedado claro que en materia ambiental no es posible la generación de políticas sin la participación activa de la sociedad civil en todas las etapas. “La implementación de estas políticas solo es posible si todos los actores son incorporados. Por eso este ejercicio que hoy continuamos es tan importante; se trata de un modelo innovador e inédito de negociación”, indicó.

Alicia Bárcena destacó que el estilo de desarrollo que hemos llevado hasta ahora ya no basta y no puede continuar, ya que no es sostenible. “Debemos cambiar el estilo de desarrollo y a eso apunta la Agenda 2030, que requiere una gran cooperación regional y grandes coaliciones”, declaró.  Agregó que los temas tratados en el Principio 10 están “en el corazón” de esta propuesta y que es necesario un nuevo pacto social dentro de la Agenda 2030, con visión a futuro.

“Es preciso garantizar a la población información confiable y acceso a la justicia, para avanzar de una cultura de los privilegios a la cultura de la igualdad, con una gobernanza activa de los recursos naturales. Nos debemos a las futuras generaciones. Dejemos como herencia una nueva forma de negociar, una nueva forma de mirar el mundo”, dijo Bárcena.

En ese mismo sentido, Patricia Madrigal reafirmó que la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) confirman que el proceso de negociación que se desarrolla en Uruguay para un acuerdo sobre el Principio 10 es correcto y visionario. “Los derechos de acceso y la democracia son necesarios para el desarrollo sostenible”, indicó.

Madrigal señaló que trabajar en estos temas previene los conflictos socioambientales, abre los espacios de participación y previene conflictos posteriores. Además permite avanzar en la reducción de la corrupción, lo que requiere transparencia y la participación de todos los actores sociales.

Los representantes del público Danielle Andrade y Alberto Gómez relevaron también la importancia del proceso, ya que guía el camino para fijar estándares que mitiguen los conflictos medioambientales, promuevan una buena gobernanza y así avanzar en los derechos de los ciudadanos de la región. “Sin derechos igualitarios y justicia, ¿cómo podemos esperar la paz?”, señaló Andrade.

Finalmente, Alejandro Nario destacó que no es posible un desarrollo si no es sostenible, y esto no se puede realizar sin participación ciudadana. Agregó que más alla de las diferencias entre países es necesario articular procesos como región, compartir información, éxitos y fracasos. “La sociedad civil, los países y la región entera están exigiendo avanzar en este tema. Tenemos que pasar a la acción”, recalcó.

Al término de la sesión inaugural se informó que Granada se adhirió formalmente a la declaración sobre la aplicación del Principio 10 en asuntos ambientales en la región y se sumó al Comité de Negociación del acuerdo regional, con lo cual ya son 21 países los que participan de esta iniciativa.