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(11 de noviembre, 2014) Cerca de 28,5 millones de latinoamericanos y caribeños residen en países distintos al de su nacimiento, 70 % de ellos en Estados Unidos, mientras que la población inmigrante asciende a 7,6 millones de personas, de los que la mayoría procede de otras partes de la propia región, según revela un nuevo estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El documento Tendencias y patrones de la migración latinoamericana y caribeña hacia 2010 y desafíos para una agenda regional, publicado hoy, concluye que, al comparar datos censales de las rondas de 2000 y 2010, se observa una disminución de la emigración a destinos de fuera de la región y una intensificación de los flujos de migración intrarregionales.
Según el análisis, la cifra de 28,5 millones de emigrantes latinoamericanos y caribeños supone 4 % de la población total de la región y es superior a los 26 millones contabilizados en la ronda de censos de 2000. En cuanto a sus países de origen, 11,8 millones proceden de México (40 % del total), que encabeza la lista seguido de lejos por Colombia, con 2 millones, y El Salvador, con 1,3 millones.
Respecto a los lugares de destino, Estados Unidos ocupa la primera posición con 20,8 millones de emigrantes latinoamericanos y caribeños (70 % del total), lo que incluye a casi la totalidad de los cerca de 12 millones de mexicanos que viven fuera de su país, y detrás se sitúa España, con 2,4 millones de personas (8 %).
Por otra parte, la población inmigrante en América Latina y el Caribe, que se estima en 7,6 millones de personas, equivale a solo 1,1 % del total de la región. De ellos, una mayoría nacieron en otros países de la misma región (migración intrarregional).
El estudio destaca que los flujos migratorios intrarregionales aumentaron a un ritmo anual de cerca de 3,5 % entre 2000 y 2010, lo que muestra una tendencia a la aceleración respecto a los veinte años anteriores, cuando creció a tasas en torno a 1 %. Argentina, Venezuela, Costa Rica y República Dominicana concentran el mayor número de estos migrantes.
Por su parte, el número de personas nacidas fuera de la región decreció entre 2000 y 2010 en Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay, lo que indica que en esos casos la llegada de inmigrantes no compensó la mortalidad o la re-emigración en ese grupo. En cambio, en otros países se registraron incrementos, como ocurrió en República Dominicana (11,3 %), Bolivia (7,4 %), México (7,1 %) y Panamá (6,2 %).
El documento señala que la inmigración de ultramar, especialmente de españoles, se habría intensificado durante los últimos años a causa de la crisis económica mundial, pero su nivel sigue contrastando con la elevada emigración de latinoamericanos y caribeños a Europa.
Respecto a la migración de retorno, el documento indica que, según los censos de 2010 para seis países con datos disponibles, el mayor flujo se observa en México (860.000 personas, cifra que incluye posiblemente las repatriaciones forzosas), mientras que en los otros casos analizados solo unas 100.000 personas volvieron a sus lugares de origen.
Este informe considera una muestra seleccionada de 10 países de la región cuyas bases censales de la ronda de 2010 estaban disponibles a principios de 2014 en el banco de datos del proyecto Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA) de la CEPAL. En algunos casos, estas cifras se complementan con otras procedentes de la División de Población de las Naciones Unidas y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Ante el dinamismo que sigue experimentando la migración en América Latina y el Caribe, el informe señala que los foros intergubernamentales, tanto intrarregionales como extrarregionales, están incluyendo en sus agendas una posición común de defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y de rechazo a medidas unilaterales y restrictivas de algunos países desarrollados que son destino de la emigración latinoamericana y caribeña.
En este contexto, la CEPAL propone la construcción de una agenda en esta materia que logre la plena inclusión de la migración en las estrategias de desarrollo posteriores a 2015 y la elaboración de planes regionales para aprovechar los beneficios de los procesos migratorios.
Esa agenda también debería permitir avanzar en el diálogo y cooperación internacional sobre la migración, los derechos humanos y el desarrollo en los foros internacionales, así como en la protección de los derechos de los migrantes y, en especial, de niños, jóvenes, mujeres, trabajadores poco calificados y personas que se desplazan en situación irregular o lo hacen forzadamente buscando refugio.
