9-10 Dic 2020 St. John's, Antigua y Barbuda | Reuniones intergubernamentales
Autoridades de Costa Rica y México, junto a altas representantes de organismos de las Naciones Unidas y otras personalidades, destacaron hoy la importancia del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe -conocido como Acuerdo de Escazú- para la defensa y protección de los derechos humanos, en un evento de alto nivel realizado en el marco de la Segunda Reunión de los Países Signatarios del Acuerdo de Escazú, que se efectúa este 9 y 10 de diciembre de manera virtual bajo los auspicios del Gobierno de Antigua y Barbuda.
El evento de alto nivel con ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos – titulado “El círculo virtuoso entre el medio ambiente, los derechos humanos y el Acuerdo de Escazú”- fue moderado por Carole Excell, de la Iniciativa de Acceso (TAI), y contó con un panel en vivo conformado exclusivamente por destacadas mujeres de la arena política y social regional e internacional: Epsy Campbell, Vicepresidenta de la República de Costa Rica; Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH); Mary Robinson, primera mujer Presidenta de Irlanda, ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y Presidenta de The Elders; Martha Delgado, Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México; Nicky Black, Directora del Programa de Desarrollo Social y Económico del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM); Nafesha Richardson, joven Champion de Escazú, de San Vicente y las Granadinas; y Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, señaló que el Acuerdo de Escazú es un ejemplo para todo el mundo ya que muestra que América Latina y el Caribe le ha dado una importancia excepcional a la defensa de los derechos humanos de los activistas ambientales, ya que esto nos coloca en una condición de garantizarle a estas personas un marco jurídico de protección.
“En América Latina hemos sufrido ataques tremendos a los defensores del ambiente, entre ellos indígenas, dirigentes rurales, activistas de organizaciones ambientales, líderes de organizaciones afrodescendientes, que en algunos casos han encontrado la muerte. Tener una herramienta jurídica que los protege nos indica que tenemos una región que no solo se compromete con el ambiente, sino que también protegemos la vida y los derechos de los activistas ambientales. Esto es un paso fundamental”, indicó.
En tanto, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, destacó que el Acuerdo de Escazú es el primero en su tipo en el mundo, ya que no solo protege los derechos humanos, sino que garantiza a toda persona el derecho a un medio ambiente sano, a participar, a acceder a la información y a la justicia en materia ambiental.
La alta funcionaria de la ONU indicó que la región es una de las más peligrosas del planeta para los defensores del medio ambiente. Explicó que en 2019 se registraron 212 homicidios de defensores de derechos humanos, y 2/3 de estos casos se produjeron en América Latina y el Caribe.
“El Acuerdo de Escazú llega en un momento muy oportuno porque podemos hacer un compromiso real de cambio. Proporciona una base fundamental para la democracia ambiental, la cooperación internacional y el multilateralismo y eso tiene que estar en el centro de los esfuerzos para recuperarnos a través de un enfoque basado en derechos humanos”, declaró Bachelet.
Por su parte, la Presidenta de The Elders, Mary Robinson, mostró su satisfacción con el Acuerdo y expresó su preocupación por la relajación de las medidas de protección ambiental que muchos países han evidenciado, a raíz de la irrupción de la pandemia del COVID-19.
“Me ha fascinado el Acuerdo de Escazú desde el inicio porque es muy relevante para América Latina y el Caribe, dado que es la región donde mueren más defensores ambientales. El acuerdo puede ayudarnos a avanzar hacia una recuperación sostenible”, indicó Robinson.
La Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Martha Delgado, precisó en tanto que es importante reconocer que en América Latina y el Caribe existe un desafío enorme para lograr la justicia ambiental, el acceso a la información y a una participación ciudadana en las políticas públicas en materia de medio ambiente. Además anunció que ayer (9 de diciembre) México publicó en el Diario Oficial la ratificación del Acuerdo de Escazú y se estará depositándolo (en la sede de las Naciones Unidas) lo antes posible, en conjunto con todos los países que quieran formar parte de esta iniciativa, para que pueda entrar en vigor en nuestra región.
“Este acuerdo es una vía idónea para materializar instrumentos importantes, reforzar la democracia, la participación ciudadana y la justicia ambiental, y de manera interseccional en todas las comunidades. La participación de la sociedad civil es muy importante. El Acuerdo de Escazú se ha convertido en un referente de cooperación. Ahora el desafío será su implementación”, remarcó Delgado.
La Directora del Programa de Desarrollo Social y Económico del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), Nicky Black, señaló por su parte que empresas responsables reconocen que las voces críticas y los defensores de derechos humanos ayudan a crear valores a largo plazo.
“Demostrar responsabilidad y transparencia es fundamental para asegurar interacciones exitosas y significativas con las comunidades locales. En este ámbito, los mecanismos de reclamo efectivos juegan un rol clave: ayudan a desactivar potenciales problemas, construyen y mantienen la confianza con las comunidades locales y entregan soluciones cuando aparecen asuntos en discusión”, explicó Black.
La joven Champion de Escazú de San Vicente y las Granadinas, Nafesha Richardson, realzó la importancia de la participación de los jóvenes no solo en la ratificación del Acuerdo de Escazú, sino también en su implementación a futuro.
“El problema más grande que tenemos en América Latina y el Caribe es el acceso a la información. Es muy importante que las personas puedan acceder a información de confianza. Debemos trabajar para que el Acuerdo no solo se ratifique sino que se aplique”, declaró.
En su intervención, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, destacó el hecho de que esta será la última reunión de los países signatarios del Acuerdo de Escazú, dado que ya hay varios países que lo han ratificado y, por lo tanto, se espera su pronta entrada en vigor, “con lo que estamos ad portas de convocar a la primera Conferencia de las Partes del tratado”, dijo.
En este evento especial del Día Internacional de los Derechos Humanos, la máxima autoridad de la CEPAL recordó a la activista hondureña Berta Cáceres, una defensora incansable del pueblo lenca, asesinada en 2016. “El Acuerdo de Escazú es el reflejo de una esperanzadora puerta hacia el futuro. Es el primer acuerdo medioambiental negociado por latinoamericanos y caribeños. Es un acuerdo negociado por nosotros para nosotros y ha sido hecho pensando en nuestras futuras generaciones”, enfatizó.
“Con este Acuerdo estamos luchando contra la cultura del privilegio, la cultura de los que poseen la información, de los que capturan la justicia, de aquellos que no están dispuestos a que haya una verdadera participación y un consentimiento previo informado. Estamos democratizando el derecho a la información, a la participación y a la justicia. El Acuerdo de Escazú es un instrumento esencial para no hipotecar el futuro, para atender las legítimas demandas de muchas comunidades”, agregó Bárcena.
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL remarcó que el Acuerdo es un mensaje que nuestra región manda, donde dice que el futuro importa, las generaciones futuras cuentan y no queremos que se haga nada sobre nosotros sin nosotros.
Asimismo, insistió que la pandemia del COVID-19 no debe dar lugar al descuido del medio ambiente ni de los derechos humanos. “Por eso, tenemos que encarar con mucha seriedad que no habrá desarrollo ni recuperación económica si no consideramos la sostenibilidad”, dijo. Explicó también que el Acuerdo de Escazú es un acuerdo de cooperación. Si bien es un tratado entre estados, es sobre todo un pacto entre cada Estado con sus sociedades y con sus empresas, ya que permite un diálogo y no dos o tres monólogos.
“La sociedad se ha expresado fuerte y claro: queremos un futuro distinto, un futuro que no nos regrese a donde estábamos antes. Queremos igualar para crecer, crecer para igualar y hacerlo con sostenibilidad ambiental y con la participación de nuestras sociedades”, finalizó Alicia Bárcena.
