Columna de opinión de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

Nuestras sociedades demandan cada vez más y mejor acceso a información adecuada y confiable, así como más y mejores oportunidades para participar de manera significativa en las decisiones que les afectan.

Para apoyar esta senda de desarrollo más igualitario, inclusivo y sostenible, América Latina y el Caribe cuenta hoy con un instrumento multilateral sin precedentes: el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, también conocido como el “Acuerdo de Escazú”. Adoptado en marzo de este año en Escazú, Costa Rica, este acuerdo ofrece a nuestros Estados y sociedades una plataforma pionera para avanzar hacia el acceso pleno a la información, a la participación más allá de la consulta y a la justicia ambiental.

Buscando garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, el Acuerdo de Escazú apunta al fortalecimiento de capacidades y refuerza la cooperación entre los países de la región. También plasma nuestras prioridades y aspiraciones comunes y demuestra la vigencia del multilateralismo regional para el desarrollo sostenible.

Y es que la región tiene buenas razones para sentirse orgullosa de este instrumento: además de ser el único tratado emanado de Río+20, es el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe y el único de su tipo en contener disposiciones específicas para la promoción y protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Esto es de especial relevancia en una de las regiones más críticas para quienes defienden el ambiente y la tierra.

Negociado por y para la región, con la significativa participación del público y el apoyo de la CEPAL en su calidad de secretaría técnica, el Acuerdo de Escazú pretende llegar a los sectores más vulnerables, marginalizados y excluidos a través de medidas afirmativas, y aspirando a remover aquellas barreras que impiden o dificultan el pleno ejercicio de derechos. Se trata de una fiel expresión del objetivo último de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: no dejar a nadie atrás.

Transitar hacia modelos más justos y sostenibles de desarrollo con la participación oportuna e informada de todos los sectores de la sociedad será fundamental para afrontar temas tan urgentes como la vulnerabilidad climática, el incremento de los desastres (particularmente en el Caribe y en Centroamérica), la acidificación de los océanos, la erosión de los suelos o la pérdida de la biodiversidad.

En ese sentido, recordemos que fue en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, en 1992, donde se fraguaron los tres principales tratados ambientales multilaterales de las Naciones Unidas (cambio climático, biodiversidad y desertificación). Veintiséis años después, nuestra región vuelve a ser protagonista de la historia.

El próximo 27 de septiembre, los países de América Latina y el Caribe tendrán la oportunidad histórica de situarse a la vanguardia de un desarrollo sostenible con igualdad. Ese día, nuestros países podrán firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, afianzando su compromiso con una región más próspera, inclusiva e igualitaria.

Con el decidido apoyo de todos, el Acuerdo de Escazú pronto se convertirá en sinónimo de mayor democracia, transparencia y bienestar. Los países y pueblos de América Latina y el Caribe siempre podrán contar con la CEPAL en esta noble e imperiosa tarea.