El martes 14 de mayo de 2024, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) a través del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), en conjunto con la Comisión de Integridad Pública y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de Chile, desarrollaron un taller cuya finalidad fue fortalecer las capacidades de los implementadores de los 11 compromisos contenidos en el VI Plan de Acción de Estado Abierto de Chile en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés).
El objetivo de este taller fue sentar las bases metodológicas para que las instituciones a cargo de implementar las iniciativas del Plan puedan realizar el monitoreo y seguimiento de cada una a través de herramientas de gestión por resultados y la metodología de Marco Lógico.
El VI Plan de Estado Abierto de Chile, cuyas iniciativas fueron cocreadas con la sociedad civil, tiene una duración de 4 años, y se basa en los principios de la transparencia, la participación y la colaboración como ejes principales del paradigma del Gobierno Abierto.
Algunas de las instituciones implementadoras son: El Congreso Nacional, la Defensoría Penal Pública, el Poder Judicial, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; Ministerio del Medio Ambiente, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, entre otras.
Este VI Plan dio énfasis a ampliar los principios a los demás poderes Estado, así como también a la descentralización. Asimismo, se propiciaron temas de género, medio ambiente y cambio climático. En esta misma línea, se incluyeron iniciativas que buscan aplicar estándares de transparencia en ámbitos que, hasta el último plan de acción de Gobierno Abierto, no aparecían, como por ejemplo la implementación de un estándar internacional de transparencia en el ámbito pesquero, una propuesta que surge desde la ciudadanía y que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura decide recoger y asumir como desafío en el marco de este Plan de Acción.
Con respecto a la participación ciudadana, ocho compromisos incluyen, en las distintas etapas de su implementación, alguna iniciativa participativa buscando convertirla en una práctica regular en su gestión. Esto aparece como una señal positiva desde los servicios públicos que, al formalizar su intención de ser parte del nuevo plan de acción de Chile, se comprometen a promover iniciativas concretas que contemplen la participación ciudadana en sus distintas formas como un requisito de sus políticas públicas y la valoran como una herramienta para acortar la distancia con la ciudadanía, legitimar sus acciones y recuperar su confianza.
Además, el taller dictado por el ILPES de la CEPAL tuvo también por finalidad sentar las bases para que cada equipo implementador pueda identificar los elementos de la cadena de resultados para su compromiso e identificar al menos un indicador para cada uno de los elementos de dicha cadena, con el objetivo de poder hacer un monitoreo y evaluación del compromiso.
