Antecedentes
La Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, reunida en Madrid en 2002, aprobó la Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. Las metas y objetivos de dicho Plan fueron establecidos y concebidos con miras a la construcción de “una sociedad para todas las edades”, aportando una visión transformadora del envejecimiento y directrices para el diseño y la instrumentación de políticas públicas.
El Plan de Acción promueve y considera prioritaria la creación entornos propicios y favorables, o sea las condiciones ambientales y socioculturales que permiten un envejecimiento digno y seguro en la comunidad de origen. El Plan de Acción destaca asimismo que en situaciones de emergencia, tales como desastres naturales y otras situaciones de emergencia humanitaria, las personas mayores son especialmente vulnerables, y ello debe reconocerse. En esa misma línea, la medida prioritaria 24 del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo trata sobre la importancia de “otorgar la más alta prioridad a las personas mayores en los planes de prevención, mitigación y atención de desastres, incluidas la preparación para los desastres, la capacitación de trabajadores en la prevención y atención de situaciones de emergencia y la disponibilidad de bienes y servicios”. Asimismo, el Plan de Acción hace un llamado a que, en situaciones de desastre, los gobiernos y los organismos de socorro humanitario reconozcan que las personas de edad pueden hacer un aporte positivo en las situaciones de emergencias y promover la rehabilitación y la reconstrucción; por ejemplo, se reconoce que frecuentemente las personas mayores asumen la responsabilidad principal en la prestación de cuidados.
Según el informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), las catástrofes climáticas y meteorológicas se han quintuplicado en los últimos 50 años. Asimismo, según la CEPAL “en las últimas décadas se han incrementado la frecuencia y la capacidad destructiva de los desastres, independientemente de su origen o velocidad de desenlace. América Latina y el Caribe es una región altamente expuesta. De esta manera, estos fenómenos se están convirtiendo en un elemento estructural que, cada vez más, exige políticas públicas de gestión del riesgo, en general, y de protección social, en particular”. A su vez, en 2021, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) presentó el estudio analítico sobre la promoción y protección de los derechos de las personas de edad en el contexto del cambio climático, en el que se señala que el aumento de las temperaturas, la elevación del nivel del mar y la erosión costera, los incendios forestales y las altas temperaturas y los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor, los friajes, las inundaciones, las sequías y los huracanes, presentan riesgos importantes y a menudo devastadores para los derechos humanos de todos los afectados, pero las personas mayores sufren efectos desproporcionados.
La séptima Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible ofrece un espacio adecuado para reflexionar, analizar e identificar prioridades con especial referencia a desastres socioambientales, cambio climático y personas mayores, ya que en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se incluye de manera explícita en las metas del Objetivo 11, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres (meta 11.5); así como reducir el impacto ambiental de las ciudades y proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, mencionando de manera específica la relevancia de las personas mayores (meta 11.6 y 11.7). Además, el trabajo sobre comunidades y ciudades adaptadas a las personas mayores constituye uno de los temas prioritarios del Decenio de las Naciones Unidas del Envejecimiento Saludable (2021-2030).