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En el capítulo III, sobre “La inclusión laboral frente a los desafíos de la igualdad de género en el trabajo de cuidados y las migraciones internacionales en la región”, se abordan cuestiones relevantes de las contribuciones que hacen las personas trabajadoras migrantes, al mismo tiempo que se muestran las vulnerabilidades que implican menores salarios y jornadas laborales más extensas asociadas a la informalidad. La evidencia indica que la regularización de las personas migrantes es condición indispensable, pero no suficiente, para encarar la informalidad, en el marco de acciones que, con la institucionalidad apropiada, aborden esta situación generalizada para todas y todos. Acciones como el efectivo reconocimiento de acreditaciones de competencias y profesionales permitirían enfrentar las barreras que obstaculizan la inclusión laboral debido a la condición migratoria, y en las políticas de inclusión laboral se debería promover el acceso de las personas migrantes a programas de empleo nacionales o locales, así como a los planes de fomento al emprendimiento.
Entre los muchos resultados, se constata que el porcentaje de migrantes internacionales en la fuerza de trabajo de siete países de la región ha alcanzado niveles considerables, y su peso relativo va del 2,6% en el Ecuador al 12,2% en Costa Rica (véase el gráfico adjunto). Tanto en Chile y Costa Rica —que son importantes países de destino de mujeres migrantes que desempeñan trabajos de cuidado como en Panamá, el peso de las personas migrantes es mayor en la población femenina que en la masculina, mientras que en la República Dominicana se observa una situación opuesta.
Las políticas de inclusión laboral pueden dar lugar a grandes diferencias en lo que respecta a los derechos y al bienestar de las personas migrantes, así como a las contribuciones que ellas hacen al desarrollo social inclusivo y sostenible de los países.
