Introducción y objetivos
América Latina y el Caribe enfrenta una crisis sanitaria y socioeconómica sin precedentes a raíz de la pandemia del COVID-19. El escenario previo a la pandemia se caracterizaba por retrocesos frente a los avances en desarrollo social de décadas pasadas y la crisis actual amenaza con inaugurar una nueva década perdida. La CEPAL ha estimado que durante 2020 la región tendrá la recesión más grande de los últimos 120 años, con una caída del PIB del 9,1%, junto a un aumento de la pobreza en 7,1 puntos porcentuales y un incremento del coeficiente de Gini entre 1% y 8%. Según estas estimaciones, la tasa de desocupación regional, en tanto, llegaría al 13,5%. El impacto en los mercados de trabajo ha sido particularmente fuerte en las mujeres, con mayor desempleo y una sobrecarga de trabajo de cuidados que impide puedan volver a buscar trabajo.
La pandemia encuentra a una región que ya mostraba crecientes signos de malestar social, expresados en una mayor polarización política, desconfianza en las instituciones e insatisfacción con la democracia. Los impactos sociales y económicos del COVID-19 acrecientan los riesgos para la cohesión social en un contexto de insatisfacción de necesidades básicas y de profundización de las desigualdades y los sentimientos de vulnerabilidad. La cohesión social, sin embargo, es clave para conducir un proceso de recuperación y reconstrucción con igualdad. Evidencia reciente muestra cómo en aquellos países con alto grado de confianza interpersonal e institucional, mayor inclusión social y menos desigualdad, las personas son más susceptibles de respetar las medidas sanitarias de cuarentena y distanciamiento social, facilitando el manejo de la crisis sanitaria. Un pacto social que ponga al centro políticas universales, redistributivas y solidarias para un Estado de bienestar, requerirá de alianzas sólidas que demandan mayor cohesión social en torno a proyectos de sociedad compartidos.
En el Informe del Secretario General de Naciones Unidas, “El impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe”, se remarca que en una región que experimentó crisis políticas y protestas durante el año 2019, el actual contexto podría afectar el ejercicio de los derechos humanos, así como los avances democráticos, y de no atenderse, derivar en malestar social y disturbios. De esta forma, el proceso de recuperación debería ser considerado una oportunidad para transformar el modelo de desarrollo en la región, fortaleciendo la democracia, la garantía de los derechos humanos y la paz, en línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Entre las medidas consideradas frente a la emergencia, este informe releva el ingreso básico de emergencia para todas las personas que viven en pobreza y el acceso a la asistencia económica y humanitaria y a los servicios básicos para todos quienes lo requieran. En el largo plazo, se llama a promover sistemas de bienestar integrales junto con el fortalecimiento de la gobernanza democrática, entre otros ámbitos. Asimismo, se plantea la relevancia de promover la cohesión social e invertir en la resiliencia de la comunidad y sistemas de respuesta.
Este llamado y oportunidad implican consolidar renovados pactos sociales para la reconstrucción donde primen el impulso a la igualdad, la plena inclusión social y no discriminación, y el reconocimiento del rol de las diversas poblaciones, incluyendo a las mujeres, juventudes, los pueblos indígenas y las poblaciones afrodescendientes. Urge consolidar en estos pactos garantías universales de bienestar social para todos y todas, con miras al fortalecimiento de los Estados de bienestar en la región y donde los sistemas universales e integrales de protección social sean concebidos como un pilar medular para la requerida cohesión social y un bien público esencial de nuestras sociedades.
