A medida que las tecnologías digitales van permeando todas las actividades de nuestras sociedades, aumenta su importancia e impacto en los patrones de crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. Luego de más de una década de políticas para impulsar un mayor acceso y uso de estas tecnologías, los países de América Latina y el Caribe han logrado avances significativos en lo relativo al acceso a servicios de telecomunicaciones y al uso de aplicaciones y redes sociales, así como a la implementación de políticas y programas de educación, salud y gobierno electrónicos y la aprobación de los marcos regulatorios correspondientes. No obstante, avanzan a velocidades distintas y con grandes brechas, tanto entre ellos como en el interior de cada uno, además de con fuertes rezagos respecto de las economías más desarrolladas.
Los países de la región deben abordar el desafío de articular y consolidar su economía digital, lo que exige responder a las preguntas sobre cómo identificar y aprovechar las nuevas oportunidades que surgen en una fase de convergencia tecnológica para avanzar en el desarrollo económico y la igualdad. En primer lugar, es necesario renovar las estrategias para maximizar el impacto de la economía digital en el crecimiento, la innovación, el cambio estructural y la inclusión social. Los principales desafíos son asegurar las condiciones mínimas para que las inversiones TIC tengan un impacto positivo en el crecimiento económico; promover y consolidar un modelo de difusión e innovación tecnológica basado en la banda ancha, compatible con los objetivos de inclusión social, y promover un cambio de la estructura productiva que, a partir de las especificidades económicas e institucionales de cada país, articule el conocimiento con la producción y fortalezca al sector de software y aplicaciones.
En segundo lugar, se requiere consolidar un marco de políticas que actúe sobre los factores críticos que condicionan el despliegue de la economía digital. Las principales brechas que es necesario abordar se encuentran en la inversión en infraestructura de telecomunicaciones, la demanda de banda ancha y el desarrollo de la industria de software y aplicaciones. La política pública es indispensable para asegurar la equidad en el acceso y uso de las TIC que tienen elementos de interés público en tanto facilitan la provisión de servicios sociales (gestión pública, salud y educación) y de bienes públicos.
Finalmente, se debe avanzar hacia una institucionalidad para la economía digital que integre a las iniciativas de política sobre banda ancha, industrias TIC e inclusión digital. En este ámbito, en los siguientes capítulos se proponen acciones organizadas en dos pilares: políticas TIC para el cambio estructural y TIC para la igualdad y la inclusión social.