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Tercera Conferencia Regional de Datos Abiertos para América Latina y el Caribe

Intervención de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL. Leída por el señor Pascual Gerstenfeld.

9 de septiembre de 2015|Discurso

Intervención de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, en la Ceremonia de Inauguración de la III Conferencia Regional de Datos Abiertos para América Latina y el Caribe.

Leída por el señor Pascual Gerstenfeld

Santiago de Chile

9 de septiembre de 2015

Centro Cultural Gabriela Mistral

Nicolás Eyzaguirre, Ministro Secretario General de la Presidencia,

Marcelo Drago, Integrante del Consejo de la Transparencia,

Distinguidas autoridades, directivos públicos y responsables de las estrategias de acceso a información y apertura de datos públicos,

Comunidad regional que trabaja activamente en materia de acceso a información pública, datos abiertos y participación ciudadana,

Activistas sociales,

Amigas y amigos,

Queremos en primer lugar agradecer al gobierno de Chile la oportunidad de participar y colaborar en la realización de esta nueva versión de la Conferencia Regional de Datos Abiertos para América Latina y el Caribe. Esta es la tercera vez en la que CEPAL integra la mesa permanente de la organización de CONDATOS, tras Montevideo y Ciudad de México, junto a Avina, la OEA, IDRC y los respectivos gobiernos anfitriones. Este un compromiso permanente que con gran orgullo seguiremos jugando a futuro.

Aprovecho la presencia del ministro Eyzaguirre, un gran amigo y antiguo colaborador de la CEPAL, para hacerle llegar nuestro agradecimiento por la confianza que el ministerio a su cargo nos ha brindado en la desafiante tarea de acompañar el diseño e implementación de la agenda nacional de gobierno y datos abiertos de Chile.

Su disposición para albergar este III CONDATOS; es un testimonio concreto de la importancia estratégica con la que su gobierno aborda el tema. Por su intermedio, ministro, felicito a Chile por su incorporación en el Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto.

Amigas y amigos, América Latina y el Caribe se encuentran hoy en una encrucijada. Después de más de un lustro de bonanza económica y de progreso social, enfrenta un cambio de ciclo. No es fácil cuando la fase baja del ciclo afecta las condiciones para impulsar un mayor dinamismo económico, así como la definición de prioridades públicas, lo que repercute en los recursos fiscales para la inversión y la protección social y, por ende, en el empleo y el bienestar de los más vulnerables.

Tampoco lo es cuando la libre determinación para ejercer políticas públicas autónomas se enfrenta a la persistente vulnerabilidad externa, con fenómenos como la caída de la demanda global, la desaceleración del comercio y la volatilidad financiera global.

Hoy el signo de los tiempos se llama incertidumbre, pero nuestra región ha aprendido de las crisis anteriores y en parte se ha vuelto más resiliente y más consciente de la importancia de mantener los equilibrios macroeconómicos, pero conteniendo los costos sociales para evitar serios retrocesos, como ocurrió en las décadas de 1980 y 1990.

Desde el punto de vista económico, desde el 90 y hasta el 2012, la región  disfrutó —con ciertas diferencias entre las tres subregiones— de un crecimiento duradero del 4,4%, de un aumento de la resiliencia general ante los choques externos de tipo económico, comercial y financiero (como pudimos ver durante la crisis económica y financiera de 2008 y 2009), de unas políticas macroeconómicas más sólidas e incluso, en el caso de algunos países, de la capacidad de poner en práctica medidas contracíclicas.

En el ámbito social y durante el mismo período, la región logró avances significativos en la reducción de la pobreza (de un 48% en 1990 a un 28% en 2012, es decir, 40 millones de personas han podido salir de la pobreza), la pobreza extrema (de un 22% a un 11%) y la desigualdad del ingreso, gracias a un gasto social continuado, que ha sido algo más que una simple “variable de ajuste”. Desgraciadamente, estos avances no incluyeron a las mujeres, ya que la pobreza entre ellas ha aumentado un 10% entre 1999 y 2012. Más del 30% de las mujeres aún no tienen ingresos propios y, en el mercado laboral, las que disfrutan de una educación más prolongada solo obtienen el 78% del salario que recibirían si fueran hombres.

La región hoy se encuentra ante una encrucijada, en un entorno mundial complejo de cambios de paradigma. Si queremos alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible antes de 2030, es urgente determinar cómo mantener los progresos logrados durante los últimos años y crear condiciones favorables para el cambio estructural hacia una mayor igualdad y para las transformaciones futuras.

América Latina y el Caribe enfrenta un contexto exterior adverso, que podría poner en peligro el crecimiento y el progreso social: las condiciones favorables han desaparecido, la disminución de los precios de los productos básicos fue mayor de lo esperado (una reducción del 40% en el caso de la energía y del 30% para los metales desde 2012), sus principales socios económicos están registrando menores tasas de crecimiento, está expuesta a mayores riesgos externos y ya no resulta fácil acceder al financiamiento, lo que complica aún más el problema de la deuda externa en la subregión del Caribe.

Es posible observar tres realidades diferentes en la región: se espera que América del Sur sufra con más intensidad las consecuencias del final del denominado “superciclo” de los productos básicos y algunas de sus economías de mayor tamaño enfrentan dificultades particulares; Centroamérica y México se encontrarán en una situación ligeramente mejor, gracias a su estrecha relación con los Estados Unidos, y el Caribe sigue caracterizándose por un crecimiento lento y volátil (con una tasa media del 1,5% en 2014 y 2015) y por la preocupante carga de la deuda, que supera el 100% del producto interno bruto en cinco países y requiere una solución multilateral urgente.

En el ámbito social, hay un riesgo de que los progresos relativos a la pobreza y a la pobreza extrema se estanquen, porque la región ha alcanzado el límite de un modelo que vincula la reducción de la pobreza con transferencias de dinero y la creación de empleo. Para evitar un patrón similar con respecto al progreso en lo referente a la igualdad, es necesario adoptar una nueva generación de políticas sociales.

La reducción de la desigualdad del ingreso ha permitido que aumenten los salarios reales y el consumo privado de bienes, pero este aumento no ha traído consigo el acceso a servicios y bienes públicos de calidad en la región. Por ello, se observa una clara división entre los servicios privados de alta calidad y los servicios públicos de baja calidad en áreas clave para el desarrollo sostenible, como la educación, salud, transporte público, servicios urbanos, acceso a la tecnología y al capital, y seguridad ciudadana. La región aún no ha adoptado una agenda de transformación social que favorezca un cambio de una cultura del privilegio a un entorno en el que la igualdad de derechos suscite un sentido de pertenencia a una sociedad más integrada.

Además, siguen sintiendo de manera especial los efectos de la desigualdad los segmentos más desfavorecidos de la población: los pueblos indígenas y los afrodescendientes, cuyas tasas de pobreza están en torno al doble de la tasa de la población no indígena; los jóvenes, cuyas tasas de desempleo triplican la de la población activa total y que enfrentan peores condiciones de protección social —solo el 27% de los trabajadores más jóvenes están inscritos en la seguridad social—, y las mujeres jóvenes, ya que un 22% de ellas se ocupan de trabajos domésticos y de cuidados no remunerados.

Con respecto al medio ambiente, la región debe pasar de una cultura de la extracción a una de sostenibilidad y solidaridad intergeneracional, adoptar la descarbonización para avanzar hacia patrones de producción y consumo más ecológicos, hacer frente con decisión a la deforestación y a la pérdida de biodiversidad y adaptarse a las consecuencias del cambio climático, especialmente en las áreas más vulnerables a los desastres naturales.

Es en este marco que desde la CEPAL planteamos la centralidad de la igualdad en el desarrollo. Defender hoy el valor de la igualdad es recrearlo a la luz del aprendizaje histórico y de las actuales condiciones de ser en el mundo, vale decir, de vivir la globalización en todos sus ámbitos. El valor de la igualdad, junto con el de la libertad, es la forma más humanizada de asumir las tareas de la modernidad.

La igualdad ha estado en el corazón de la política moderna y de las luchas sociales por el cambio y el mejoramiento de la sociedad. A lo largo de los tres últimos siglos, esta igualdad ha involucrado tres dimensiones complementarias pero en tensión permanente.

 

La primera se refiere a la abolición de privilegios y la consagración de la igualdad de derechos de todos los individuos, cualesquiera sean sus orígenes y condiciones de género, nacionalidad, edad, territorio y etnia. Esta dimensión tiene su mejor expresión en las declaraciones de derechos humanos realizadas desde la Revolución Francesa hasta las de las Naciones Unidas y los sucesivos pactos suscritos por la comunidad internacional. Este principio cristaliza en la idea de ciudadanía que refiere al conjunto de derechos y obligaciones de los individuos, a la comunidad política de la que estos forman parte, a la existencia de marcos institucionales y normativos que dan garantías ciudadanas y de un espacio público donde se ejercen los derechos y obligaciones que constituyen la ciudadanía. Este es el valor de la igualdad que proclama la democracia.

La segunda dimensión se refiere a la distribución de recursos en la sociedad, que permite que todos los miembros ejerzan efectivamente sus derechos. Ella surge de una primera debilidad de la dimensión de la igualdad ciudadana, que en América Latina y el Caribe ha estado secularmente presente, a saber, que la igualdad política se ve mermada en su contenido si no reconoce y busca remediar las desigualdades de recursos materiales y simbólicos. Postulamos, entonces, el principio de igualdad real o sustantiva en las diversas esferas de la vida social en que se afirman derechos universales. Y si la primera dimensión de la igualdad remite a la cuestión de los derechos y al papel del poder judicial para garantizarlos, la segunda remite a la justicia social y a una estructura socioeconómica y política que la promueva. Este es un gran desafío pendiente en la región, donde las brechas de desigualdad son, y han sido, las mayores del mundo.

La tercera se refiere a la extracción y uso de los recursos naturales hoy a expensas de las generaciones futuras, con costos que se avecinan en el ámbito del cambio climático, el hacinamiento urbano y el deterioro ecológico planetario.

Amigas y amigos, qué duda cabe de que las dos principales fuerzas que inciden sobre el proceso de desarrollo económico son la revolución tecnológica en curso y el desafío de la sostenibilidad.

Hablamos por tanto de La igualdad con titularidad de derechos que incluye la redistribución en términos de ingresos, capital, tecnología y recursos pero requiere también incluir otras dimensiones como las capacidades, acceso a bienes públicos como salud, educación, movilidad territorial y urbana entre otras.

En la CEPAL, estamos persuadidos de la importancia de Igualar para Crecer a la par de Crecer para Igualar y la importancia de lograr una transformación profunda de la trama y estructura productiva que incorpore la innovación y el conocimiento con políticas industriales activas, con gobernanza de nuestros recursos naturales para construir una economía diversificada que resulte en mayor productividad, de mayor valor agregado y con empleo digno que transforme el potencial inclusivo del mundo del trabajo.

Para América Latina y el Caribe este es un tema definitorio pues el consumo prevaleció en el último lustro por encima de la inversión. La producción se desnacionalizó, la productividad, se perdió competitividad y se ampliaron las brechas tecnológicas.

Se trata de lograr un mejor equilibrio entre la provisión de servicios públicos y la dinámica del consumo privado, en consonancia con la sostenibilidad ambiental, y construcción de una fiscalidad tributaria y de gasto público socialmente sostenible, para lograr un alto impacto redistributivo y una expansión del desarrollo de capacidades hacia el conjunto de la sociedad.

Estos desafíos marcan ya no una época de cambios sino un cambio de época y nos anuncian que el camino hacia la igualdad, la sostenibilidad ambiental y una prosperidad compartida es largo y no necesariamente lineal.

Exige un cambio de paradigma y por ello no hay que bajar la guardia.

Hoy nuestra región requiere con urgencia un salto tecnológico con visión de futuro, un cambio estructural de sus formas de producción y consumo y una profunda redefinición de la ecuación Estado-mercado-sociedad que resulte en una articulación virtuosa entre instituciones, agentes públicos y privados. Y esto requiere de grandes acuerdos políticos, con visión y horizonte estratégico, de mediano y largo plazo, que involucren a una amplia gama de actores que garanticen su continuidad y dinamicen el ejercicio de la ciudadanía. Solo una dialéctica virtuosa entre el cambio institucional y el cambio de las estructuras con la participación de los actores centrales del desarrollo permitirá potenciar el desarrollo sostenible hacia la igualdad que nuestros pueblos demandan.

Empoderar la vertiente ciudadana de esta ecuación es una tarea pendiente de nuestras sociedades.

Es en este marco conceptual donde entendemos el rol protagónico de los pilares fundamentales del gobierno abierto: la transparencia, la participación, la colaboración y la innovación tecnológica a través de los datos abiertos.

No es, creemos, una discusión técnica; por el contrario, es eminentemente política. Encarar privilegios, garantizar igualdad de derechos, afirmar la plena ciudadanía, abreviar las brechas de desigualdad en recursos materiales y simbólicos, son todas tareas que se sirven mejor cuando todos pueden disponer de la información esencial que determina los asuntos públicos.

La información es poder político o, al menos, una condición para que este pueda ejercerse.

Por ello vemos con satisfacción cómo, en los últimos años, el paradigma de gobierno abierto se ha posicionado en la agenda internacional como una respuesta vigorosa a los desafíos del avance en materia de transparencia, acceso a la información pública, apertura de datos, rendición de cuentas e integridad.

Vemos cómo se trata de abrir espacios para la participación ciudadana, promoviendo una mayor democratización en el uso de los recursos públicos y la generación de nuevos modelos de gestión y provisión de servicios, a través del uso intensivo de recursos digitales e innovaciones de carácter cívico, que le han dado un nuevo impulso a las tradicionales estrategias de gobierno electrónico en los distintos países del mundo, abarcando incluso a los parlamentos.

La gestión de los datos en formatos abiertos para el acceso y uso de la información pública por parte de terceros puede tener beneficios inimaginables, al abrir una puerta a la innovación y al conocimiento, creando valor público a gran cantidad de datos procedentes de diferentes organizaciones del ámbito de la administración pública o de aquellos proyectos que han sido financiados con fondos públicos. Al ponerlos a disposición de la sociedad, cualquier persona u organización puede construir sobre ellos una nueva idea que se traduzca en nuevos datos, conocimientos o incluso servicios que se vuelcan nuevamente al ámbito público.

Las iniciativas de datos abiertos que se están implementando en el mundo ponen de manifiesto que la apertura de datos no solo facilita la distribución de servicios a los ciudadanos, sino también el control que estos pueden ejercer sobre su calidad y veracidad. Se está demostrando que el desarrollo económico puede venir dado por el retorno producido por la creación y venta de nuevas aplicaciones o servicios, o también por el ahorro que puede suponer producir servicios innovadores reutilizando, con un mínimo costo, información que proviene del sector público.

La realidad ha cambiado y sigue cambiando aceleradamente. El volumen de datos en el mundo está aumentando de manera exponencial: según una estimación, el 90% de los datos de todo el mundo se ha originado en los últimos dos años. Gracias a las nuevas tecnologías, el volumen, el nivel de detalle y la velocidad de los datos disponibles sobre las sociedades, la economía y el medio ambiente no tienen precedentes. Los gobiernos, las empresas, los investigadores y los grupos de ciudadanos se encuentran en una conmoción de experimentación, innovación y adaptación al nuevo mundo de los datos. Las personas, las economías y las sociedades se están adaptando a un mundo de datos en red más rápidos y completos, y a todos los miedos y peligros, así como a las oportunidades, que plantea. Esta es la “revolución de los datos”: la oportunidad para mejorar los datos que son esenciales para la adopción de decisiones, la rendición de cuentas y la resolución de los desafíos en materia de desarrollo. El llamado a los gobiernos y a las Naciones Unidas para que actúen de forma que los datos puedan desempeñar plenamente su función en la consecución del desarrollo sostenible, subsanando las deficiencias fundamentales en el acceso y la utilización de los datos: entre los países desarrollados y los países en desarrollo, entre personas ricas y pobres en información y entre los sectores público y privado.

El gran cambio tecnológico ha colocado a la humanidad ante un nuevo reto: la sociedad-red, es decir, un nuevo espacio que es cada día más abierto,  menos abstracto y más tangible.

Los Estados lo están asumiendo, adaptándose creativamente para aprovechar las nuevas oportunidades que se abren. Debemos avanzar con mayor dinamismo para que no se pierda una valiosa posibilidad de mejorar la calidad de las instituciones públicas, permitir que los ciudadanos sean verdaderos protagonistas de su destino y construir una sociedad con menos desigualdad, que participe en las decisiones con un consentimiento libre y más informado.

Nada sobre nosotros, sin nosotros.

De eso se trata lo público; de fortalecer lo colectivo, lo de todos pero con plena conciencia y con derechos y responsabilidades.

Bienvenidas las acciones de los gobiernos en la dirección de la transparencia, la participación y la justicia. Es necesario que participen las otras instancias del Estado, es decir, los parlamentos y el poder judicial.

Un Estado transparente proporciona información sobre lo que está haciendo, pone a disposición sus fuentes y bases de datos, y publica sus planes y estrategias de desarrollo, con lo cual da contenido a sus responsabilidades frente a la sociedad. Ello fomenta y promueve la rendición de cuentas ante la ciudadanía y una permanente vigilancia por parte de la sociedad y una mayor corresponsabilidad.

Esta condición habilita efectivamente la participación. Un gobierno participativo promueve el derecho de la ciudadanía a ser parte central en la formulación e implementación de las políticas y a facilitar el camino para que las administraciones públicas se beneficien del conocimiento, ideas y experiencia de los ciudadanos. Así, se promueve la creación de espacios de encuentro y diálogo que favorezcan el protagonismo, involucramiento y deliberación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

Cuando estos espacios existen, cuando los ciudadanos disponen de información transparente y desde el Estado se promueve activamente la participación ciudadana, emergen las condiciones para fundar una ciudadanía activa que participe en la visión y la vida del país, de la región y del mundo y que se involucre plenamente en los problemas públicos. Ello supone acceso a la información, participación y justicia.

Se trata entonces de una “nueva forma de gobernar” para, con y a través de los ciudadanos, que fortalece precisamente esa nueva ecuación entre el Estado, el mercado y la sociedad

Amigas y amigos, como lo señalamos en el documento “Un mundo que cuenta; movilización de la revolución de los datos para el desarrollo sostenible”, quienes fuimos convocados por el Secretario General de las Naciones Unidas a ser parte del Grupo de Expertos Independientes, la revolución digital es uno de los mayores cambios de paradigma a nivel global, impacta fuerte y transversalmente en las actividades de nuestras sociedades.

Asistimos al crecimiento exponencial del volumen y del tipo de datos existentes; somos testigos asombrados del cómo estos son generados a gran velocidad y en forma continua por las personas, las máquinas y los sensores, las transacciones electrónicas, y el uso de Internet, entre otros.

Por contraparte, vemos también la emergencia de una mayor demanda por información cada vez más desagregada, actualizada y oportuna.

A las fuentes y productores más tradicionales de datos e indicadores –como los censos y encuestas de los sistemas nacionales de estadísticas oficiales, las encuestas y los registros públicos y privados–, se han añadido nuevas fuentes, potenciadas por las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), el uso masivo de dispositivos móviles, el internet de las cosas y la economía digital, generando los grandes datos (Big Data).

Hoy, prácticamente toda actividad deja una huella digital. Hoy, de manera voluntaria o tantas veces de forma inadvertida, somos todos donantes de datos y parte de una ola de experimentación, innovación y adaptación que se deriva de este fenómeno.

El big data va más allá de los sistemas informáticos de acumulación de grandes volúmenes y nuevos tipos de datos. Es parte de un nuevo ecosistema digital. El uso de big data permite que, mediante herramientas analíticas de datos estructurados y no estructurados, se generen oportunidades para mejorar la toma de decisiones en las áreas críticas de desarrollo, como la atención de la salud, el empleo, la productividad, el combate a la delincuencia, la seguridad y el manejo de los desastres naturales.

El desafío de nuestras sociedades es comprender este proceso, sobre cuyas potencialidades, riesgos y desafíos debemos crear conciencia. Además, es fundamental definir las prioridades para aprovechar y potenciar esta revolución.

Este nuevo paradigma replantea los equilibrios de poder por el surgimiento de nuevos actores que hacen un uso estratégico de los datos, y cuestiona las formas en que los actores públicos, el sector privado y la sociedad civil actúan.

Como saben, en pocos días más, la ONU adoptará una nueva agenda de desarrollo, que establecerá una visión renovada del desarrollo sostenible con horizonte en el 2030. En ella se integrarán las dimensiones económica, social y ambiental y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs).

Esta nueva Agenda –que tiene un carácter universal y no prescriptivo— aborda multidimensionalmente los dilemas estructurales del desarrollo, reconociendo responsabilidades comunes pero diferenciadas. Asimismo, esta Agenda, que pretende “no dejar a nadie atrás”, acomete frontalmente el dilema de la desigualdad y plantea eliminar la pobreza extrema.

Es fundamental que se produzca una apropiación del proceso a nivel nacional y regional, así como la creación de marcos específicos en cada país para la coordinación, monitoreo y evaluación intergubernamentales, fortalecer el rol de  los institutos nacionales de estadística que desempeñarán un papel esencial en los marcos de rendición de cuentas, que deberían ser tanto inclusivos como transparentes y alentar una mayor participación de la ciudadanía y el sector privado en la implementación de esta agenda. La dimensión regional es un elemento fundamental del proceso, porque hace de puente entre el nivel nacional y el mundial. América Latina y el Caribe disfruta ya de sólidos marcos de arquitectura regional y subregional para apoyar la implementación de la agenda para el desarrollo así como de sociedades con mayores niveles de innovación social del planeta, en particular gracias a la juventud de su población. El nivel regional ofrece una plataforma ideal para el análisis colectivo de las buenas prácticas y el intercambio de las lecciones aprendidas en términos de trasladar la agenda para el desarrollo sostenible a las estrategias nacionales y locales.

Con una participación más amplia de todos los actores relevantes, la nueva hoja de ruta propone compromisos que atañen a la estructura del funcionamiento del conjunto de nuestras sociedades y transformaciones que habiliten el surgimiento de un mundo más próspero, sostenible e igualitario. Se trata de una mirada de futuro que suma, enriquece y construye sobre lo ya logrado y a su vez rescata los retos pendientes.

El cambio de patrones de producción y consumo, la mejora de la productividad y el trabajo también están en el centro de esta agenda.

Además, convoca a un pacto global entre países desarrollados y en desarrollo para asegurar financiamiento, transferencia de tecnología, comercio y provisión de seguridad climática.

Sin embargo, los objetivos de desarrollo sostenible plantearán una nueva serie de retos a la región, ya que se ampliará el alcance de la agenda y los objetivos se enfocarán de forma más holística e intersectorial. La naturaleza interdisciplinar de la agenda requerirá la creación de marcos nacionales y mecanismos interinstitucionales de coordinación. El desarrollo de capacidades será esencial para los equipos técnicos nacionales, que tendrán que disponer de mecanismos más poderosos para elaborar, divulgar y publicar información.

Los datos desagregados siguen siendo un reto, al igual que lograr un equilibrio entre el número de indicadores y las ambiciones de la agenda. Por lo tanto, debemos fortalecer los mecanismos de producción de estadísticas básicas, conciliar los datos de fuentes mundiales, regionales y nacionales, y explorar fuentes de datos no convencionales para complementar las estadísticas oficiales nacionales.

Hay que lograr que la revolución de los datos sea un vector de la nueva agenda de desarrollo y facilite que los actores de nuestras sociedades pueden orientar su acción para ello. Es imprescindible que esta revolución tecnológica sea un instrumento para cerrar las brechas tanto socio-económicas como de accesibilidad a los recursos digitales.

En tiempos como los nuestros, cuando la política convencional atraviesa serias dificultades, cuando el vínculo con la ciudadanía parece erosionado y la noción de representación es desafiada, bienvenidas las posibilidades que abre a la acción colectiva el flujo de más y mejor información sobre los asuntos que atañen al interés común. Hay allí semillas fértiles para reverdecer la buena Política, una que no se limita a convocar a las urnas cada cierta cantidad de años. Una que es expresión de compromiso e interés ciudadano cotidiano, una ciudadanía cada vez más conectada e informada. Se trata así de construir sociedades solidarias donde se supere la cultura de los privilegios para dar paso a una cultura de derechos.

Esto requiere de políticas activas para cerrar las brechas existentes y evitar que la inequidad de los recursos digitales  y el acceso a datos no genere más desigualdad.

Amigas y amigos, la celebración de esta tercera edición de la CONDATOS en Chile, reviste un simbolismo singular.

Fue en esta misma ciudad donde la aventura de los datos electrónicos, la búsqueda por servirse de las tecnologías de la información para transformar constructivamente nuestras sociedades, de hacer del conocimiento el eje dinámico de nuestra emancipación económica, vivió uno de sus episodios más llamativos y precoces.

Fue aquí, en Santiago de Chile, en 1971, poco menos de dos años después de la primera conexión entre los computadores de UCLA y Stanford, que marcarían el nacimiento de la ARPANET, que de la mano del pionero de la cibernética, Stafford Beer, el gobierno de Salvador Allende se volcó a construir una red de datos electrónica, que sirviéndose de 500 teletipos, alimentaba a una vetusta IBM 360 y permitía desde una futurista sala de control, disponer en tiempo real de todos los datos de las fábricas que constituían le amplio sector productivo público de entonces, con la directa participación de los trabajadores.

El Proyecto Cybersyn, o Synco, fue un desafío a la imaginación y a su tiempo. Su plena implementación no fue posible. Tras el golpe fue desmantelado y olvidado, pero su propósito original, construir una red de datos en línea que permitieran con el apoyo de la tecnología analizar, planificar, intercambiar información clave, prevenir dificultades y responder a emergencias en tiempo real, fue una visión precoz de un mañana que es ya nuestro presente.

En la sala central de Synco, diseñada por Gui Bonsiepe, el mismo que inspirará luego la filosofía de diseño de Apple, una grabación de Allende daría la bienvenida a los visitantes, su voz tranquila repetía :” “Lo que ustedes van a ver hoy es revolucionario, no sólo porque es la primera vez que esto se ha hecho en el mundo, sino, principalmente, porque estamos haciendo un esfuerzo consciente para entregarle al pueblo la ciencia en forma tal que todo el pueblo aprenda a usarla”.

Una formula sencilla y breve, palabras con un eco de más de cuatro décadas, que pueden resumir bien esfuerzos análogos a los que nos convoca hoy aquí, pues, ¿no es ese el propósito que nos motiva? El ejercicio revolucionario, el esfuerzo consciente, de entregarle al pueblo la información, en forma tal que todo el pueblo aprenda a usarla.

Amigas y amigos, aquel personaje extraordinario que fue Stafford Beer, el mentor de Synco, se daría el tiempo durante los 18 meses que dedicó en Chile a su utopía cibernética para trenzar curiosas amistades. Uno de esos amigos nuevos sería el trovador Ángel Parra, y juntos, si, juntos, compondría una canción singular, “Letanía para un computador y un niño que está por nacer”. Cierro hoy estas palabras citando una de sus estrofas:

“Todos debemos entrar en esta marcha terrena

Descorrer las telarañas de ignorancia y dependencia

Exigir los beneficios que nos regala la ciencia”.

Muchas Gracias.

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