You are here

Available in: EnglishEspañol

Seminar on social protection and signature of the agreement establishing the organization of the second session of the Regional Conference on Social Development in Latin America and the Caribbean

Remarks by Alicia Bárcena, Executive Secretary of ECLAC (in Spanish).

31 July 2017|Speech

Intervención de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con ocasión del Seminario sobre Protección Social y la firma del acuerdo que establece la realización de la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe

Montevideo, 31 de julio de 2017

Ministerio de Desarrollo Social

 

Marina Arismendi, Ministra de Desarrollo Social de la República Oriental del Uruguay,

Lidia Brito, Directora de la Oficina Regional de Ciencias de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para América Latina y el Caribe,

Mireia Villar Forner, Coordinadora Residente de las Naciones Unidas y Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Uruguay,

Armando Barrientos, Profesor de Pobreza y Justicia Social del Instituto de Desarrollo Global de la Universidad de Manchester,

Autoridades nacionales de la República Oriental del Uruguay,

Colegas del sistema de las Naciones Unidas y de la CEPAL,

Invitados especiales,

Amigas y amigos,

 

Gracias por acogernos una vez más en esta patria de Artigas, por brindarnos la calidez de este puerto entrañable, que reconocemos como casa propia, y por ofrecerlo como sede de la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL, y del Noveno Foro Ministerial para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, organizado por el PNUD, que se celebrarán del 25 al 27 de octubre próximo.

Nos motiva que estos futuros encuentros tengan lugar en un país que se destaca en la región por su compromiso con el desarrollo social y por sus esfuerzos para avanzar hacia la construcción de una sociedad más igualitaria.

Esta afirmación no es solo el testimonio de la evidencia que arrojan los datos; es también fruto de la experiencia cotidiana de trabajar en estrecha colaboración con sus instituciones, con su Ministerio de Desarrollo Social, con el que compartimos la visión de que la lucha por una sociedad más igualitaria va más allá de las políticas de lucha contra la pobreza. Consiste en intentar construir un sistema que garantice mayores niveles de bienestar para toda la población, con una visión igualitaria e inclusiva.

Esto es un muy buen augurio para nuestra Conferencia, órgano subsidiario de la CEPAL que aspira a reunir aquí a las altas autoridades de desarrollo social de América Latina y el Caribe para intercambiar experiencias, analizar y debatir los desafíos de la protección social en la región. Se trata de una instancia de intercambio, de aprendizaje y de construcción conjunta para ir consolidando avances sociales.

Amigas y amigos, los desafíos de la pobreza, la desigualdad, la vulnerabilidad social, la conculcación de derechos, la transición demográfica y los procesos migratorios y el reto de alcanzar un desarrollo económico, ambiental y socialmente sostenible, que motivaron hace tres años la creación de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social, han adquirido, desde entonces, una nueva significación mundial y regional.

Desde septiembre de 2015 contamos con una hoja de ruta trazada a partir de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y desde el pasado mayo, con una arquitectura de seguimiento e intercambio regional en el marco del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.

Tras dos años de contracción económica, nuestra región vuelve a presentar en 2017 un modesto crecimiento. Pese a ello, enfrenta notorias dificultades económicas y ha visto aumentar los déficits fiscales que conducen a políticas de ajuste. Todo esto nos lleva a buscar nuevas rutas para evitar un retroceso.

En la región hay, actualmente, 175 millones de personas en situación de pobreza (un 29,2% de los habitantes de la región) y 75 millones de personas en condición de indigencia (el 12,4% de los habitantes de la región). Estas cifras acusan un aumento en los últimos años y son inaceptables. No podemos tolerar la indigencia, la pobreza ni la desigualdad. No podemos aceptar que haya mujeres, hombres, niñas o niños en condiciones de vulnerabilidad. Debemos luchar por alcanzar la pobreza cero; debemos imaginar un mundo en el que no existan pobres ni discriminados.

Las desigualdades generadas por el sistema económico se entrecruzan y potencian con otros ejes estructurantes, como las desigualdades de género, la pertenencia étnico-racial, la edad, el territorio y el estrato socioeconómico de origen, y la magnitud y reproducción de las brechas que quedan por cerrar en el ejercicio de derechos, en el nivel de ingresos, en el trabajo decente, en el acceso a los recursos productivos y en la inclusión social a través de la educación, la formación y la protección social. Esto se encuentra ligado a temas tan relevantes como las brechas de nutrición y salud y, por supuesto, a cuestiones de representación, participación y toma de decisiones.

Todos estos temas están relacionados, además, con la naturaleza indivisible de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, porque el desarrollo sostenible ocurre cuando existe una coordinación virtuosa entre políticas económicas, sociales y ambientales sustentadas por una sólida institucionalidad. Es el cambio estructural progresivo, definido como un proceso de transformación hacia actividades y procesos productivos con un alto componente de innovación y conocimiento y con empleo y protección ambiental, donde los ciudadanos no sean receptores pasivos, sino sujetos activos en la política, ciudadanos empoderados e informados.

La CEPAL considera que los objetivos y desafíos ambientales representan una gran oportunidad para lograr una transformación tecnológica y productiva que sea la base de la generación de empleos de calidad, de un mayor crecimiento y de más igualdad y que brinde un gran impulso a las economías.

La inclusión social y económica debe incorporar niveles básicos de bienestar, acceso a la salud y a la educación y protección social que sean independientes del nivel de ingresos, del sexo o de la pertenencia étnico-racial de las personas.

La CEPAL sostiene que la desigualdad está fuertemente condicionada por la matriz productiva y la alta heterogeneidad estructural que existe entre las empresas. Estos dos aspectos resultan esenciales para explicar la magnitud y la reproducción de las brechas identificadas en algunos de los principales ámbitos del desarrollo social y del ejercicio de los derechos, como el nivel de ingresos y el acceso a los recursos productivos, la educación, la salud, el trabajo decente, la protección social y los espacios de participación, entre otros.

La confluencia de múltiples desigualdades y discriminaciones caracteriza a los “núcleos duros” de la pobreza, de la vulnerabilidad y de la exclusión social y hace que estas persistan y se reproduzcan.

Por esta razón, ante la actual coyuntura económica, los países de la región han de otorgar una alta prioridad a derribar esos núcleos duros y acortar, así, las brechas estructurales que marcan a las sociedades latinoamericanas.

Se deben defender e implementar nuevas políticas activas en el ámbito social y del mercado de trabajo y fortalecer estrategias de desarrollo social inclusivo con una perspectiva de derechos como marco para las políticas sociales.

La Agenda 2030 reconoce la desigualdad entre los países y dentro de ellos como uno de los principales obstáculos para el desarrollo sostenible. Postula el principio ético de asegurar que nadie se quede atrás.

Supone, además, considerar a todas y cada una de las personas, en sus diversas situaciones socioeconómicas, como sujetos activos de sus derechos y no meros beneficiarios de las políticas sociales.

Es evidente, por lo tanto, que lo social no solo se juega en el campo de lo social, sino también en el de la economía, la política y el medio ambiente.

Tampoco la diversificación productiva y el cambio estructural se deciden solo en el ámbito económico: el desarrollo social inclusivo y la mejora de las condiciones de vida de la población son un requisito necesario para asegurar la prosperidad económica y su sostenibilidad a lo largo del tiempo.

El desarrollo social es una inversión con réditos positivos para el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente. Invertir en desarrollo e inclusión social (en educación, nutrición, salud, protección social, formación y desarrollo de capacidades para el trabajo, entre otros), aumenta la productividad de los trabajadores.

Y a la inversa, no hacerlo limita las posibilidades de inversión productiva e incrementa tanto los costos de los procesos de producción como los que se refieren al conjunto de la sociedad, entre ellos, los costos ambientales.

Por su parte, el desarrollo económico establecido por el modelo vigente no es sostenible si se mantiene la huella ambiental que existe hoy en nuestros países.

Tampoco puede sostenerse la “huella social”, es decir, los altos niveles de pobreza, vulnerabilidad, precariedad y desigualdad que afectan a amplios sectores de la población de nuestros países.

Amigas y amigos, el desarrollo social inclusivo es hoy un imperativo que nos exige mejorar la calidad de las políticas sociales en todos los ámbitos sobre la base del enfoque de derechos y trabajar de manera activa para romper con los ejes que estructuran y reproducen la desigualdad social en la región.

Llegó la hora de transitar de la cultura del privilegio a la cultura de la igualdad.

Amigas y amigos, nos alegra y estimula que el Gobierno del Uruguay, en esta oportunidad, haya decidido organizar una serie de diálogos previos a la Conferencia, instancias preparatorias nacionales que tendrán lugar durante el mes de agosto.

Aplaudimos también la selección de los tres ejes prioritarios de discusión: a) el vínculo entre el desarrollo productivo y el social, b) las políticas sociales dirigidas a la infancia y a la familia y c) la institucionalidad social.

Aplaudimos, además, su generosidad al convocar a este esfuerzo de discusión sustantiva a los organismos del sistema de las Naciones Unidas. Este esfuerzo conjunto del Gobierno y el sistema nos anima y funda cimientos fecundos para la discusión que tendrá lugar en la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, que se celebrará del 25 al 27 de octubre en Montevideo.

Muchas gracias.

Author

Contact

Subscription

Get ECLAC updates by email

Subscribe