Briefing note
Mejorar la calidad de la información ambiental disponible, así como fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio del Medio Ambiente y lograr una mayor precisión en el cálculo del gasto público en protección ambiental (GPPA), son los principales desafíos que se presentan a Chile en esta área, según un estudio conjunto del Gobierno del país y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), cuyas conclusiones fueron presentadas hoy durante un seminario realizado en Santiago.
El documento Estimación del gasto público en protección ambiental en Chile, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y la CEPAL que fue dado a conocer en la reunión Desempeño e información ambiental: segunda evaluación de Chile, señala que el país gastó en 2012 $145.042 millones de pesos (aproximadamente $260 millones de dólares) en protección ambiental, cifra que equivale a 0,1% de su producto interno bruto (PIB), el más bajo entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El monto es inferior a las estimaciones realizadas en años anteriores y a los niveles de otros países en la región como Colombia (0,3% del PIB) y al promedio de Eurostat (0,67%). Se trata de la primera estimación del GPPA según cánones estadísticos internacionales y constituye una estimación aún acotada, ya que solo considera un grupo de servicios pertenecientes al gobierno central, advierte el estudio.
Según el informe, en 2012 el gasto per cápita en protección ambiental fue de aproximadamente $9.000 pesos en todo el año. Considerando que la contaminación atmosférica es catalogada como uno de los principales problemas ambientales del país, el gasto en el rubro de protección del aire ambiente explicó solo 4,2% del GPPA (unos $10 millones de dólares).
En el seminario se dio en el marco de la preparación de la misión internacional de la segunda evaluación de desempeño ambiental del país sudamericano.
Esta segunda evaluación se realiza a diez años de la primera (hecha en 2005) y sigue la metodología aplicada a similares procesos llevados a cabo por la OCDE, es decir, contempla una amplia participación de los distintos actores de la sociedad y una revisión entre países pares de la OCDE sobre las condiciones ambientales de uno de sus miembros y del esfuerzo realizado para alcanzar los objetivos ambientales nacionales y cumplir con los compromisos internacionales.
En el evento el Subsecretario del Medio Ambiente de Chile, Marcelo Mena, reseñó los logros alcanzados por el país en materia de políticas ambientales en los últimos diez años, que incluyen el apoyo dado por su Gobierno para alcanzar a nivel regional un acuerdo en temas de derechos de acceso a la información, participación y justicia ambientales (conocido como Principio 10).
“En esta segunda evaluación esperamos contar con nuevas recomendaciones que fortalezcan nuestro tránsito hacia un verdadero desarrollo sustentable. Estamos firmemente convencidos que con una visión estratégica de la información ambiental no solo mejoraremos nuestra gestión ambiental, sino que apoyaremos la construcción de un país más justo y democrático, capaz de liderar el avance hacia el reto de la equidad ambiental que se propone a nuestra región”, declaró el Subsecretario Mena.
El Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, Joseluis Samaniego, destacó los beneficios que trae una evaluación ambiental de este tipo para los países, los que van desde una mejor sistematización de la información hasta el fortalecimiento institucional y de los mecanismos de financiamiento.
“La segunda evaluación de desempeño ambiental que se está desarrollando en Chile va a ser una importante herramienta para medir avances y señalar oportunidades de mejora de los países desde una óptica independiente con el fin de cerrar brechas en materia de sustentabilidad, de modo tal de avanzar hacia una mejor gobernanza ambiental”, señaló Samaniego.