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En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS)declaró el brote de COVID-19 como una pandemia mundial. Desde entonces, el mundo ha sido testigo de cómo una crisis de salud puede contribuir a las consecuencias económicas mundiales y subrayar las desigualdades socioeconómicas que van desde el acceso a la atención médica, la tecnología e internet hasta el empleo y la educación.
El conflicto entre la Federación de Rusia y Ucrania ha puesto en peligro aún más la recuperación del mundo, mientras que muchas leyes, prácticas y políticas ambientales establecidas antes de la pandemia se han suspendido o se ha modificado su aplicación durante los últimos dos años. Lamentablemente, los diez países miembros del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (PM), Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana, no han sido la excepción a tal predicamento. Si bien las ramificaciones de la pandemia por COVID-19 y la presión adicional impuesta por el conflicto entre la Federación de Rusia y Ucrania aún se están consolidando, es importante comprender que los países tienen la oportunidad de participar en una recuperación transformadora que sea sostenible, resiliente e inclusiva.