Briefing note
Históricamente, en América Latina y el Caribe y en el mundo se han implementado una variedad de medidas, políticas, programas o prácticas que han sido creadas para alcanzar objetivos económicos y productivos, pero que no consideraron en su diseño la afectación o impacto negativo o positivo en la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.
Los diagnósticos actuales suelen estar calculados a nivel mundial (OCDE, 2020; Deutz y otros, 2020; Dempsey, Martin y Sumaila, 2020). La disponibilidad de datos sobre la magnitud de las subvenciones varía mucho según los sectores y los países, pero tenemos aproximaciones que nos indican su relevancia. Los subsidios potencialmente perjudiciales -incluso basándose en estimaciones incompletas-, se estiman entre 1 - 2% del PIB mundial. En dichos reportes, la mayor parte de los incentivos o subsidios perjudiciales a la biodiversidad proviene del sector público, es decir, de los propios gobiernos, que simultánea y descoordinadamente, invierten cantidades mucho menores en contrarrestar el daño ambiental causado. Los gobiernos transfieren valor a los privados (o también a empresas estatales) de muchas maneras, por ejemplo, por gasto directo, gastos fiscales, tasas de uso, condiciones de acceso a los recursos, crédito, seguros por el riesgo, transferencias inducidas, regulaciones específicas sobre las externalidades (Koplow y Steeblick, 2022).
En el reciente estudio de D. Koplow y R. Steenblik, Proteger la naturaleza reformando las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente: El papel de las empresas (2022), se ha estimado que en orden de escala e impacto y los beneficios de la potencial reforma de dichos incentivos perjudiciales, los tres más predominantes son los combustibles fósiles, la agricultura y el agua. Cabe destacar que a pesar de que existe un gran traslape entre sectores, en general, la mayoría de las revisiones de los subsidios gubernamentales han tenido un enfoque específico por industria en lugar de varios sectores de recursos naturales a la vez, por lo que es necesario entender mejor la interacción entre sectores.
La actual asistencia técnica solicitada por México(SEMARNAT) a la CEPAL tiene por objetivo desarrollar un diagnóstico de los instrumentos de política pública, tanto del sector agua como otros sectores interrelacionados (v.gr. agricultura, minería, manufactura), con potencial efecto perjudicial o positivos para la biodiversidad. Hoy México tiene una cobertura de acceso y saneamiento muy altas a nivel de servicio básico. Sin embargo, hay un enorme desafío para gestionar agua y saneamiento de manera segura y sustentable a través de un manejo integral de recursos hídricos.
En la reunión participaron por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) César Rodriguez Ortega director general de la División de Planeación, Evaluación y Estadística Ambiental, Leticia Manzanera Herrera y Cairo, Miguel Ángel López Bracho, Fernando Joel Islas Sosa, Guadalupe Cintya Benítez, y Juan Carlos Vasquez Zepeda; de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) asistió Jorge Fernández Medina, por parte de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) asistieron Patricia Koleff y Tania Urquiza; por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) Noe Mejía; de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) asistieron Mónica López, Orlando Jaimes Martínez, Juan José Díaz Nigenda, Ivonne Garduño Escobedo, Luis Enrique Calderón Sánchez, Araceli López Calderón, Karen Itzel Tolentino García, Nazario Álvarez González. Por parte de la CEPAL participaron: Jeannette Sánchez, Silvia Saravia, Marcia Tamnutti, Vícor Alvarado, Jorge Vásquez, Juan Manuel Torres Rojo, Adriana Flores Díaz y Regina Gonzalez.