El acelerado envejecimiento poblacional de América Latina y el Caribe moldea y moldeará la capacidad de los países y sistemas de salud de dar respuesta a las demandas concretas de la población. Por ello, a fin de diseñar sistemas inclusivos y sostenibles, es necesario contar con información actualizada que favorezca la toma de decisiones, plantea una nueva publicación elaborada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
El documento Perspectivas demográficas del envejecimiento poblacional en la Región de las Américas, forma parte de la serie titulada La Década del Envejecimiento Saludable en las Américas: situación y desafíos, una iniciativa interinstitucional que aspira a promover acciones eficaces, favorecer la priorización de medidas a nivel local y servir de base para informar sobre los progresos logrados durante la Década del Envejecimiento Saludable (2021-2030).
De acuerdo a las estimaciones y proyecciones de las Naciones Unidas, la población de la región pasa por un rápido proceso de envejecimiento. En 2023, en América Latina y el Caribe las personas de 60 años y más son alrededor de 92 millones y representan el 13,8% de la población total. Sin embargo, al final de la Década del Envejecimiento Saludable, en 2030, la población de 60 años y más en la región habrá aumentado en 23 millones, alcanzando los 115 millones, lo que representará el 16,5% de la población total.
Se proyecta en particular un fuerte crecimiento del grupo de personas de 80 años y más, que en 2023 en la región contaba con 12 millones de personas y en 2030 contará con 16 millones de personas, dos tercios de las cuales serán mujeres.
La región está lejos de la cobertura universal en pensiones: en 2020, el 73,9% de la población latinoamericana de 65 años y más recibió algún tipo de pensión. De ellos, 54,2% recibió una pensión contributiva y 24,9% una no contributiva.
Asimismo, alrededor de 2020 la proporción de personas de 65 años y más en América Latina que recibían pensiones con montos insuficientes —que incluye a quienes no reciben pensiones o, de recibirlas, tienen montos menores al valor de una línea de pobreza— era del 40,1%. Debido a que las pensiones no proveen ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de consumo, muchas personas mayores permanecen en el mercado laboral más allá de la edad legal de jubilación, no como opción sino como obligación.
“Las desigualdades en nuestra región se entrecruzan, superponen y potencian. Por ello, para que las políticas públicas contribuyan efectivamente a una vida digna y saludable para todas las personas mayores, tenemos que visibilizar y repensar el envejecimiento desde las perspectivas de derechos humanos, género e interculturalidad”, afirmó Simone Cecchini, Director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL, durante el lanzamiento del documento.
Recordó que los Gobiernos de la región, reunidos en la Quinta Conferencia Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores, que se realizó en la sede de la CEPAL en diciembre de 2022, reafirmaron su compromiso con el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (MIPAA) y con la promoción, protección y respeto de los derechos humanos, la dignidad y las libertades de las personas mayores, a la vez que ratificaron la responsabilidad de los Estados de proveer las medidas necesarias para garantizar un envejecimiento saludable, con dignidad, derechos, y el máximo nivel de calidad de vida posible.
“Desde la CEPAL estamos comprometidos con la salud y el bienestar de las personas mayores en nuestra región, tal como se plantea en la Década del Envejecimiento Saludable, y esperamos seguir trabajando en conjunto con la OPS y los demás actores internacionales y nacionales que se proponen no dejar atrás a ninguna persona mayor en la senda del desarrollo”, concluyó Cecchini.
El documento presentado hoy revela la dimensión de los desafíos que enfrentan los países para lograr políticas públicas que aseguren una vida digna y saludable a toda su población, más aún frente al aumento de la expectativa de vida.
Agrega que, si bien en la actualidad América Latina y el Caribe aún tiene una mayor cantidad de población en edad de trabajar que en otras edades, se requieren políticas que permitan anticipar los efectos del envejecimiento poblacional en los países que la componen.
El documento añade que, al cambio demográfico, se suman las desigualdades persistentes en la región, ya que las transformaciones demográficas no ocurren ajenas a las disparidades tanto socioeconómicas como culturales.
Frente a los desafíos planteados, subraya, es esencial conocer las grandes tendencias y seguir los indicadores demográficos —basados en indicadores básicos como la mortalidad, la fecundidad y la migración—, sus efectos y los perfiles de la población.
“Este cambio inicial en la estructura etaria de la población presenta una oportunidad a las naciones. La conjunción de los procesos demográficos y económicos es fundamental para la preparación de la próxima etapa, donde se espera una disminución relativa de la población en edad potencial de trabajar, seguida del aumento relativo de la población de personas mayores”, destaca.
En el marco de la serie La Década del Envejecimiento Saludable en las Américas: situación y desafíos, CEPAL y OPS publicaron también el informe El contexto sociodemográfico y económico del envejecimiento en América Latina, que aborda los aspectos demográficos, geográficos, socioculturales y familiares de la población mayor de América Latina, así como su situación económica y de salud, a partir de la información de los censos demográficos más recientes de cinco países de la subregión: Colombia, Chile, Guatemala, México y Perú.
El documento concluye que la situación sociodemográfica y socioeconómica de las personas mayores en América Latina es heterogénea, pues el nivel de desarrollo de los países incide en ella. Sin embargo, hay ciertas tendencias que se mantienen, como las diferencias por sexo. Si bien las mujeres tienen una mayor sobrevivencia y llegan a edades más avanzadas, las desigualdades que experimentaron durante todo su ciclo vital se expresan con fuerza en esta etapa de su vida, de modo que presentan menores niveles de escolaridad y alfabetización y de acceso a pensiones y deben seguir vinculadas a un trabajo precario, pese a que sus tasas de ocupación son menores.
“Esto es un llamado de atención a los tomadores de decisiones y los que formulan las políticas para personas mayores para que siempre tengan presente que estas deben considerar la perspectiva de género”, advierte el informe.
