El objetivo de la reunión es difundir los recientes desarrollos internacionales en materia de medio ambiente y derechos humanos que contribuyen a la labor de las Defensorías del Pueblo en la promoción de una minería respetuosa con los derechos humanos y el medio ambiente (Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Acuerdo de Escazú); Ofrecer una instancia de discusión y reflexión de cómo las defensorías del pueblo pueden promover una minería respetuosa con los derechos humanos y medio ambiente; Fomentar el diálogo entre las Defensorías del Pueblo y otros actores interesados así como el intercambio de buenas prácticas en la región.

En la última Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) los países resaltaron la necesidad de lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones. Agregaron que la minería ofrece la oportunidad de impulsar el desarrollo económico, reducir la pobreza y ayudar a los países a lograr los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente cuando se gestiona de manera efectiva y adecuada. Reconocieron asimismo la importancia de los marcos jurídicos y reglamentarios, políticas y prácticas para asegurar que el sector minero genere beneficios económicos y sociales, e incluya salvaguardias efectivas que reduzcan los efectos sociales y ambientales adversos y conserven la biodiversidad y los ecosistemas, inclusive con posterioridad a las actividades mineras y exhortaron en ese contexto a los gobiernos y empresas a promover un aumento continuo de la rendición de cuentas y la transparencia.

De manera coincidente, en septiembre de 2015 los países adoptaron una nueva agenda universal que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas, que juntos constituyen la hoja de ruta que los países han acordado para los próximos 15 años. La Agenda 2030 es un llamado a la acción para cambiar nuestro mundo sobre la base de una visión de futuro sumamente ambiciosa y transformativa. Aspira, entre otros, a un mundo sin pobreza, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y los recursos naturales. 

En este escenario, las Defensorías del Pueblo como garantes de la vigencia y protección de los derechos fundamentales de las personas, juegan un papel esencial desde sus roles y mandatos institucionales en la promoción de una minería respetuosa de los derechos humanos y del medio ambiente, constituyéndose por ello en aliados sustantivos para la consecución de un desarrollo sostenible.

Para más información contactar: principio10.lac@cepal.org

http://www.cepal.org/principio10