Intervencion de Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Ceremonia de inauguración de la Segunda Reunión de Expertos para el seguimiento de la Carta de
San José sobre los derechos de las personas mayores,
Santiago, 16 de noviembre de 2016
Santiago de Chile
CEPAL
Señor Rubén Valenzuela, Director del Servicio Nacional del Adulto Mayor,
Señor Paulo Saad, Director del CELADE-División de Población de la CEPAL,
Estimadas señoras y señores delegados de los gobiernos latinoamericanos, y de la sociedad civil,
Señoras y señores representantes de la Organización Panamericana de la Salud y del Fondo de Población de las Naciones Unidas,
Colegas de la CEPAL,
Señoras y Señores,
En nombre de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Sra. Alicia Bárcena, quiero manifestar nuestra satisfacción por la oportunidad de inaugurar esta Segunda Reunión de Expertos para el Seguimiento de la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores, y hacerlo en esta Casa de las Naciones Unidas, donde tantos acuerdos hemos convenido en provecho de la dignidad y autonomía de este grupo social.
Hace siete años atrás, en 2009, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL cumplió con un encargo que ustedes le hicieron en una reunión similiar a ésta: transmitir al Secretario General de las Naciones Unidas, por medio de una carta, el interés de los países de la región por crear una Convención Internacional sobre los derechos de las personas de edad.
Permitánme que recuerde que en esos años, los anhelos por una mayor protección de los derechos humanos de las personas mayores era una aspiración solo de nuestro continente, que se afianzó gracias a la Declaración de Brasilia adoptada en el seno de la Conferencia sobre Envejecimiento de la CEPAL, en 2007.
El contexto internacional era incierto, puesto que recientemente se había adoptado la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, y en la opinión mundial persistía el estereotipo de que ser mayor era equivalente a ser dependiente o sufrir de una discapacidad. El mundo no estaba preparado para una iniciativa de esta naturaleza, como tampoco lo estuvo en 1948 cuando la Argentina presentó la primera propuesta en tal sentido.
La región insistió, y las instituciones nacionales de personas mayores buscaron distintas formas de acercarse a los espacios de toma de decisiones para hacerse escuchar. Como CEPAL acompañamos a los países en este recorrido. Construimos teoría, diseñamos estrategias, formamos capacidades, y abrimos espacios de debate; en fin, aportamos contenido técnico a una demanda política.
Por su parte los países, se esforzaron por poner en práctica acciones para las personas mayores desde una perspectiva de derechos humanos y las instituciones nacionales fueron pioneras en abordar los asuntos de cuidado, toma de conciencia, acceso a la justicia, autonomía y capacidad legal, violencia e integridad personal, desde un enfoque de derechos humanos.
Hoy, el escenario es distinto. Estamos frente un cambio de época donde el envejecimiento de la población se ha tornado un asunto relevante de cara al futuro. Es imposible desconocer a las casi 900 millones de personas de sesenta años y más que viven en el mundo en la actualidad, y a los cerca de 1400 millones que serán en 2030. Menos aún las consecuencias sociales y económicas que tiene el envejecimiento para países como el Brasil o México, que juntos concentran el 51% de los 70 millones de personas mayores de nuestra región. O lo que ocurre en Cuba, con un 19% de población adulta mayor y que de acuerdo a sus proyecciones podría llegar a más de un 33% en el 2050, en un escenario donde la fecundidad se encuentra por debajo del nivel de reemplazo desde 1978.
En el mundo, el envejecimiento ocurre en un escenario socioeconómico y de políticas variopinto, pero los países desarrollados insisten en que las implicaciones macroeconómicas son comunes para todo el globo. Entre ellas han identificado la disminución de la población en edad de trabajar con la consecuente pérdida de dinamismo y productividad. Adicionalmente, han dicho que las sociedades envejecidas tienden a ahorrar menos, lo que puede tener consecuencias negativas para la inversión y la acumulación de capital. Por otra parte, han previsto que el envejecimiento aumentaría las presiones sobre los servicios públicos, y el gasto en pensiones y asistencia sanitaria terminaría afectando la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. Parte de esas consecuencias catastróficas también forman parte del discurso de algunos actores de nuestro continente.
Ocurre con este tema, algo similar a lo que sucedió con las mujeres en la década de los 70, cuando se visualizó su posición clave en el desarrollo, pero sin cuestionar ni cambiar las bases que mantenían a las mujeres en una posición subordinada con respecto a los hombres en la familia, el trabajo o la vida pública.
En las Naciones Unidas hemos sido insistentes en que el aumento de las personas mayores no es un problema. Lo que ocurre es que las sociedades no se han preparado para un fenómeno demográfico que se viene anunciado desde hace más de medio siglo. Junto con ello, con frecuencia se cae en la trampa de propiciar un modelo único para analizar este fenómeno y no siempre se toman en consideración los fundamentos analíticos para comprender los procesos en marcha y los factores subyacentes. Por ejemplo, los datos demuestran que las personas mayores de hoy son diferentes de sus antecesoras, por lo tanto es probable que en el futuro, las generaciones de edad avanzada también tengan necesidades y comportamientos distintos.
Es más, gran parte de lo que ocurrirá en el futuro y cómo ciertos cambios afectarán a las sociedades no se conocen todavía. En cambio, si sabemos que los gobiernos, por medio de las políticas públicas, si tienen la oportunidad de transformar los efectos nocivos de una probable realidad.
En efecto, las políticas públicas pueden cambiar las expectativas y estas pueden influir en cómo las personas se comportan. La política pública también puede proporcionar la información y los incentivos para que las personas, las comunidades e instituciones inviertan en formas que apoyen el crecimiento económico. De forma deliberada una política pública puede influir en la educación, la empleabilidad, la demanda por bienes y servicios, o cualquier otra esfera del desarrollo.
Los países de la región, en particular las instituciones que trabajan con personas mayores tienen claridad respecto a la importancia de la planificación y las políticas públicas sostenidas. Asimismo han llamado la atención en relación a que esas políticas no deben ser neutras; y es aquí donde regreso el inicio de esta intervención.
Las políticas públicas deben empezar por el sujeto; en este caso por las personas mayores. Por asegurar niveles de vida dignos y combatir la discriminación de la cual son objeto. Sin ello, es prácticamente imposible incorporarlas al desarrollo con igualdad que impulsa la CEPAL, o sumarlas a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
Adicionalmente, se requiere una mirada de ciclo de vida porque no habrá desarrollo si los salarios de los jóvenes están estancados o tienden a la baja; cuando las mujeres tienen lagunas previsionales por ausencias de maternidad, o cuando los sistemas privados de pensiones aumentan la desigualdad. Continuar sin cambios en este sentido, mantendrá la brecha en el acceso a pensiones y jubilaciones, cuyas coberturas permanecen con déficit (situándose en el 63,5% en los hombres y 51,5% en las mujeres, según un promedio simple para 10 países de América Latina en 2012). Todas estas materias son de competencia de las políticas públicas, no del cambio de la estructura por edades de la población.
Hay que abordar los asuntos de las personas mayores desde una altura de miras. Y la propuesta de una Convención Internacional para proteger sus derechos es una herramienta a favor de ello. Ya contamos con un instrumento regional de naturaleza vinculante: la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, ratificada por Costa Rica y el Uruguay. Esperamos que más países ratifiquen este instrumento, y que paralelamente continúen insistiendo, en el marco del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Envejecimiento (que se reúne en un mes más en Nueva York), en la necesidad de ampliar la protección en el marco de las Naciones Unidas.
Esta Reunión de expertos, se realiza en un momento propicio porque el próximo año convocaremos en conjunto con el Paraguay a la Cuarta Conferencia Regional sobre el Envejecimiento, donde examinaremos con más detalle la implementación de la Carta de San José y su vínculo directo con los procesos de protección de derechos humanos de las personas mayores de orden vinculante. En esa oportunidad, queremos retomar la interrelación entre el envejecimiento de la población y el desarrollo, pero siempre como un asunto concomitante a la capacidad de transformación que tienen las políticas públicas dirigidas a las personas mayores.
La invitación es a que no nos conformemos con caminos predefinidos, ni diseños predeterminados. Como dijo Carlos Quintanilla, Secretario Ejecutivo de la CEPAL en 1969: “es bien clara la necesidad que enfrenta América Latina de encontrar caminos propios para resolver sus problemas de desarrollo y de cambio social”. Ese espíritu es el que prima en nuestra institución, y ahora frente a los desafíos del envejecimiento tenemos con ustedes el cometido de continuar profundizando en el conocimiento del tema y en las ideas que nos faciliten avanzar sin retroceder, y sin dejar a nadie atrás.
Muchas gracias.
