La CEPAL presentará informe sobre pueblos indígenas en conferencia mundial en Nueva York

(1 de septiembre, 2014) La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) lanzará un informe especial durante la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas que se celebrará el 22 y 23 de septiembre en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que presentará un análisis centrado en América Latina que contribuirá al intercambio de puntos de vista y mejores prácticas para garantizar el respeto a los derechos de estos pueblos.

El informe, que estará disponible a partir del 23 de septiembre en el sitio web de la CEPAL, fue elaborado a petición del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (UNPFII) y de la plataforma Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA) y sus propósitos son reunir información actualizada sobre los avances y desafíos en materia de derechos de los pueblos indígenas en América Latina e identificar y proponer acciones post-2014, que serán debatidas en la Conferencia.

El estudio contiene los últimos datos disponibles sobre la población indígena, sus procesos de migración interna e internacional y la situación particular de mujeres y niños, así como su acceso a la salud y la educación, entre otros indicadores. Además, incluye información sobre los estándares internacionales y las legislaciones estatales relativas a la protección de los derechos de estos pueblos, sus demandas de autonomía y la participación de las organizaciones indígenas en distintas instancias de representación.

Al respecto, el documento señala que en la última década sí se han registrado avances en la participación política y en el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, así como en sus condiciones de vida, lo que se ha visto reflejado por ejemplo en un descenso de la mortalidad infantil y un mayor acceso y permanencia en el sistema educativo, pero advierte de que la desigualdad sigue afectando a las personas y pueblos indígenas y enfatiza los desafíos para alcanzar una efectiva protección y garantía de sus derechos.

La celebración de la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General que se conocerá como Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas fue acordada en diciembre de 2010 y se compondrá de dos sesiones plenarias, de apertura y clausura, tres mesas redondas y un coloquio interactivo. El resultado de esta reunión se plasmará en un documento final conciso y orientado a la acción, basado en consultas inclusivas y abiertas sostenidas con los Estados miembros y los pueblos indígenas.

Según datos de los organizadores, en el mundo existen más de 5.000 grupos indígenas repartidos en unos 90 países. Son en total alrededor de 370 millones de personas, lo que supone más de 5 % de la población global.

La ONU ha sido pionera en el tratamiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas y este trabajo se ha concretado, entre otros logros, en el establecimiento del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (2000), en la designación de un Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2001) y en la creación del Mecanismo de Expertos de los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007).

A nivel normativo, los principales hitos están constituidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (1989), que reconoció por primera vez sus derechos como pueblos, y por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General en 2007 y que considera el derecho de dichos pueblos a la libre determinación.

Según se explica en el estudio de la CEPAL, el estándar mínimo de derechos de los pueblos indígenas, obligatorio para los Estados, se articula en cinco dimensiones: el derecho a la no discriminación, el derecho a la participación política y al consentimiento libre, previo e informado, el derecho al desarrollo y bienestar social, el derecho a la integridad cultural y el derecho a la propiedad, uso, acceso y control de las tierras, territorios y recursos naturales.

Uno de los grandes retos que enfrentan las democracias del siglo XXI es el cumplimiento de estos estándares y su articulación con la agenda de desarrollo post-2015.