América Latina y el Caribe cuenta con una elevada dotación promedio de agua por habitante (cuatro veces superior al promedio mundial), pero esta cifra oculta profundas brechas territoriales, sociales y de infraestructura. Millones de personas aún carecen de servicios de agua potable y saneamiento gestionados de manera segura, mientras la contaminación, el insuficiente tratamiento de aguas residuales, la sobreexplotación de acuíferos y la pérdida de glaciares y ecosistemas de agua dulce reducen la seguridad hídrica en territorios específicos. La situación es especialmente crítica en grandes ciudades y zonas productivas, donde la disponibilidad estacional puede situarse muy por debajo de los umbrales de estrés hídrico. Estos desafíos afectan la salud, la energía, el empleo, la producción, el transporte y la estabilidad económica, y profundizan desigualdades: los hogares más pobres y no conectados suelen pagar proporcionalmente más por un servicio de menor calidad. Avanzar hacia la seguridad hídrica requiere, por tanto, pasar de una mirada basada en promedios regionales a políticas de acceso universal, gestión sostenible de cuencas y acuíferos, reducción de la contaminación, infraestructura resiliente, asequibilidad y gobernanza inclusiva.