Description
Este artículo llega a la conclusión de que la calidad del sector
público sólo puede evaluarse en relación con el papel del Estado.
En general, un sector público eficiente debería poder alcanzar
los objetivos del Estado, con la menor distorsión posible
del mercado, con la carga tributaria más baja posible sobre
los contribuyentes, con el menor número posible de empleados
públicos y con la menor absorción posible de recursos
económicos por el aparato público. Los procesos y resultados
del sector público deben ser transparentes. La corrupción no
debería desempeñar papel alguno en las decisiones de los burócratas
y de los dirigentes políticos. Y los recursos en manos
del sector público deberían dedicarse a usos que maximicen su
rentabilidad social. La calidad del sector público también es
importante para alcanzar el objetivo de equidad que hoy se
percibe como una de las metas fundamentales del Estado. Un
sector público de alta calidad permitiría ir tras la equidad con
costos menores en términos de eficiencia. Finalmente, las llamadas
reformas de primera generación no siempre elevan la
calidad de este sector, aunque sí mejoran la de la política pública.
De hecho, el ir en pos de reformas de primera generación
es lo que ha puesto de relieve la necesidad de mejorar la
calidad del sector público. Para que esto último se logre, son
necesarias las reformas de segunda generación.