Skip to main content
Available in Español

La construcción de pactos y consensos en materia de política social: el caso de la Ley General de Desarrollo Social de México, 2000-2008

October 2013|ECLAC Series » Social Policy
Publication cover

La construcción de pactos y consensos en materia de política social: el caso de la Ley General de Desarrollo Social de México, 2000-2008

Autor institucional: NU. CEPAL-German Society for International Cooperation Physical Description: 113 páginas. Editorial: CEPAL Date: October 2013 ECLAC symbol: LC/L.3669

Description

Este estudio aborda el proceso político-institucional relacionado con la negociación, aprobación e implementación de la Ley General de Desarrollo Social en México, adoptada con el apoyo unánime de todos los partidos en 2003. Esta ley definió un marco institucional para una política nacional de desarrollo social, estableció lineamientos para la medición multidimensional de la pobreza, la evaluación externa de todos los programas sociales federales y la definición del monto del gasto social federal, mediante reglas que buscaron evitar reducciones drásticas de este. Tras algunos antecedentes sobre la dinámica de cambio político en México y sobre la política social federal, se describe el proceso de negociación de la Ley (2000- 2004), la controversia constitucional en torno a su reglamento (2006-2008) y su implementación inicial. Posteriormente, se analizan los actores, estrategias y prácticas, factores y marcos conceptuales que entraron en juego a lo largo del proceso, y se proponen varias lecturas con el fin de explicar el consenso "improbable" que dio origen a esta Ley. Lo anterior en vista de que desde 1997 persiste una situación de 'gobierno dividido' —gobiernos sin mayorías legislativas— en donde la unanimidad es poco frecuente. Con respecto a la controversia constitucional sobre el reglamento de la LGDS, se destacan las querellas en torno a las implicancias de la Ley para la focalización o universalización de la política social federal, el cumplimiento de los derechos sociales establecidos en la Constitución y las facultades del Gobierno Federal para medir la pobreza, entre otros.